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Un informe preliminar de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados de Brasil propuso este martes archivar la denuncia que pesa contra el presidente de facto de la nación suramericana, Michel Temer, acusado de delitos de obstrucción a la justicia y pertenencia a una organización delictiva.
"No hay indicios que apunten a la existencia de una organización criminal estable y organizada (...) Lo que se ve son actividades políticas siendo tratadas como delictivas, por lo que es una inspiración antidemocrática", expresó el diputado Bonifácio Andrada, encargado de elaborar el informe sobre la denuncia que presentó la Fiscalía, durante su comparecencia en la Cámara baja.
La denuncia también incluye a los ministros de la Casa Civil (equivalente al cargo de primer ministro), Eliseu Padilha, y de la Secretaría General del Gobierno, Moreira Franco.
Andrada, quien pertenece al conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los aliados de Temer, cree que las acusaciones contra el mandatario de facto y sus ministros se basan en declaraciones "espurias, sin credibilidad".
Ese texto será llevado a votación en las próximas semanas al plenario de la Cámara, donde están presentes el total de los 512 diputados, y ahí se producirá la votación definitiva.
Temer pasó por este mismo proceso hace unos meses, después de ser denunciado por un delito de corrupción pasiva por presuntamente haber recibido sobornos del grupo JBS, pero los diputados decidieron archivar la denuncia.
De acuerdo a medios oficiales, la Fiscalía denunció a Temer y a sus aliados por formar parte de un esquema corrupto formado en el oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que en los últimos años desvió al menos 587 millones de reales (188 millones de dólares).
En una grabación realizada por el empresario del grupo cárnico JBS, Joesley Batista, reveló que Temer daba luz verde a varias maniobras para obstruir la Operación Lava Jato. Los involucrados en el audio alegan que no tiene legitimidad porque se consiguió de forma ilegal.
Temer, de 76 años, se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en ser acusado de un crimen común, cuando el fiscal general Rodrigo Janot pidió el 26 de junio su inculpación por corrupción pasiva, como presunto beneficiario de un soborno ofrecido por la gigante de la alimentación JBS a cambio de favores para la empresa.
La Operación Lava Jato, sobre una vasta red de sobornos en Petrobras, tiene además en la mira a ocho de los ministros de Temer y a buena parte de su base aliada, aunque también a numerosos dirigentes de la oposición de izquierda.
Temer ya perdió seis asesores de rango ministerial salpicados por ese escándalo.
