Congreso salvadoreño aprueba extender el régimen de excepción

Por mayoría de votos, el Congreso de El Salvador prorrogó este martes por otros 30 días el régimen de excepción que desde marzo de 2022 utiliza el Gobierno del presidente Nayib Bukele para hacer frente a las pandillas.

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Es la decimoctava ocasión en que la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido gobernante, Nuevas Ideas, prorroga dicha medida, que hasta el momento condujo a la detención de 72.600 presuntos integrantes de dichas bandas. 

Según reportes de prensa, la medida fue aprobada sin análisis ni debate previo. Hubo seis votos en contra y ocho abstenciones. Tras aprobarse, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, precisó que la ampliación entrará en vigor a partir del 14 de septiembre y concluirá el próximo 13 de octubre.

Expresó que los pandilleros se robaron "generaciones enteras de jóvenes" ante lo que denominó "la mirada complaciente de Gobiernos anteriores". Dijo que ahora el Estado manda y no los pandilleros, de ahí que la gente recuperó sus espacios y por ello apoya mayoritariamente el régimen de excepción. Añadió que el Congreso lo respaldará cuantas veces resulte necesario.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la aplicación del régimen de excepción le devolvió al pueblo la tranquilidad y permitirá que El Salvador se desarrolle y prospere.

A su vez, el ministro de la Defensa, René Francis Merino, refirió que se aplicará la medida hasta librar completamente al país centroamericano de la delincuencia. "Aún hay terroristas y seguiremos capturándolos”, dijo.

Aunque planteó que los grupos criminales han disminuido en un 70 por ciento y que ya "se contabilizan 446 días sin homicidios", el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, subrayó que aquellos "no han desaparecido en su totalidad".

A juicio suyo, las autoridades están en un momento crucial contra las pandillas y ello justifica extender nuevamente el régimen de excepción.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos (oposición), reiteró sus críticas. Recordó que se trata de una medida de fuerza que captura primero e investiga después, por lo que continúan encarceladas personas inocentes.

El Ejecutivo reconoció que se ha liberado a más de 7.000 personas que no tienen vínculos con las pandillas, a las cuales les fueron violados sus derechos humanos dentro de las cárceles. Muchas  perdieron sus empleos, sufrieron golpizas, contrajeron enfermedades y un grupo falleció allí, sin que hasta el momento se haya presentado por el Estado salvadoreño una disculpa o una indemnización.