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La organización Mujeres del Frente “responsabiliza al Gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia, acorraladas entre fuegos cruzados en cárceles".

La organización Mujeres del Frente “responsabiliza al Gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia, acorraladas entre fuegos cruzados en cárceles". | Foto: @FFAAECUADOR

Publicado 8 enero 2024



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Daniel Noboa subrayó que ha dado “órdenes claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este lunes el estado de excepción en el país, para que las fuerzas armadas tengan “todo el respaldo político y legal en su accionar”, tras varios amotinamientos en medio de un aumento de la violencia carcelaria en centros penitenciarios.

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“Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar”, declaró el mandatario al tiempo que puntualizó en que "se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al Gobierno de turno qué hacer".

Entre tanto, agregó que “lo que estamos viendo en las cárceles del país, es el resultado de la decisión de enfrentarlos”. Dijo además que por esa razón el Gobierno ha emprendido acciones “que nos permitan recuperar el control de los Centros de Privación de Libertad que se ha perdido en los últimos años”.

En respuesta, justificó Daniel Noboa, “estos grupos pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas”, mientras subrayó que ha dado “órdenes claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles”.

Al insistir que la ciudadanía debe respaldar a las fuerzas armadas, el presidente ecuatoriano manifestó que “lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz”, sin realizar un análisis estructural del sistema penitenciario y la violencia.

En este sentido, acotó que “no hay espacios para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria”, insistiendo que no vamos a negociar con terroristas”.

El estado de excepción, con una duración de 60 días, además del despliegue militar de las fuerzas armadas y policiales, incluye la suspensión del derecho a la libertad de reunión y a la inviolabilidad de domicilio, así como la restricción de la libertad de tránsito, todos los días, desde las 23H00 hasta las 05H00 (hora local).

Por su parte, la organización feminista Mujeres del Frente manifestó desde su cuenta en Twitter que “responsabiliza al Gobierno por la vida de las personas presas bajo su custodia, acorraladas entre fuegos cruzados en cárceles donde las armas no pueden ingresar sino con autorización de funcionarios estatales”.

“Nos mienten. No presenciamos una lucha del Estado contra los grupos de crimen organizado: vivimos una guerra que nos imponen las élites estatales y empresariales”, refirió el colectivo.

De igual manera, insisten en la necesidad de medidas alternativas a la prisión para reducir la población penitenciaria y el reclutamiento de jóvenes racializados para la guerra y políticas de desarme, así como de la reducción de la importación de armas.


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