Sociedad civil de Panamá reitera cuestionamientos a contrato minero

Sectores de la sociedad civil de Panamá continuaron expresando su rechazo al contrato suscrito en marzo pasado entre el Gobierno de ese país centroamericano y la Minera Panamá, subsidiaria de la multinacional canadiense Firts Quantum Minerals, debido a las irregularidades del documento, que de aprobarse tendría una vigencia mayor a 40 años, así como del proceso para debatirlo con la sociedad.

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En medio de movilizaciones contrarias al texto, convocadas por organizaciones obreras, docentes, ambientalistas e indígenas, prosiguen las audiencias organizadas por el Parlamento para recoger criterios entre las comunidades de Colón y Coclé (centro), provincias donde la minería ha tenido impactos.

A juicio del abogado experto en temas de minería y arbitraje, Guillermo Cochez, el proyecto de ley 1043 es lesivo a los intereses del país debido a concesiones que se le otorgaría a la minera y que considera ilegales e inconstitucionales.

Entre ellas mencionó la autorización a que la minera construya un puerto, con servicios que serían cobrados y de los que no se beneficiará el Estado; facilidades para producir energía, cuyos excedentes podrán vender y no lo entregarán a las comunidades, e incluso la prohibición para entrar al espacio aéreo de la mina hasta 3.000 metros.

Cochez refirió que el nuevo contrato otorga a la minera la facultad para adquirir tierras y expropiarlas si los propietarios no las quieren vender. Recordó que durante años las actividades de esta empresa han destruido comunidades campesinas e indígenas y expropiado tierras que les pertenecieron.

Cuestionó que la minera defienda el estudio de impacto ambiental que estaba dentro del anterior contrato, el cual fue declarado inconstitucional en 1997 por la Corte Suprema de Justicia. Recalcó que la empresa ha de hacer un nuevo estudio, pero ha buscado la manera de evitarlo.

El jurista consideró que si escalan las protestas y el Estado se ve obligado a retirar el contrato, habría consecuencias de magnitud aunque descartó que Minera Panamá demande al Panamá o suspenda sus operaciones.

Aseguró que, tratándose de un contrato nuevo, el Gobierno de Laurentino Cortizo debió realizar una licitación o, caso contrario, solicitar una excepción de licitación, lo cual no ocurrió, dijo.

Explicó que esta minera tiene presencia en el país desde hace tres Gobiernos. Recalcó que no está sugiriendo que se marche, sino que se renegocie el contrato y se pague al Estado de acuerdo a los beneficios que aquella recibe. Aclaró que las operaciones de First Quantum Minerals en Panamá son tan redituables, que con sus ingresos compensan significativas pérdidas que enfrentan en otros países.

Denunció que dicha empresa va a pagar 395 millones de dólares por concepto de deudas con el Estado, pero está evitando pagar otros 800 millones que adeudan de 2021 y 2022, cuando no había contrato.

Por su parte, el fraile franciscano René Flores, miembro de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, distrito La Pintada, provincia de Coclé, declaró a un medio local que no hubo consulta con las comunidades y hay preocupación por el impacto de las concesiones mineras en las condiciones de vida de la gente.

Estimó que el Gobierno no ha sido transparente, no ha llegado a las comunidades a explicar las interioridades del proyecto de ley 1043 y sus ministerios de Ambiente o Salud no han informado sobre los daños al agua o a la salud de los trabajadores mineros.

Flores recordó la encíclica Laudato si', del papa Francisco, sobre el cuidado medioambiental y consideró que el tipo de extractivismo que se lleva a cabo en Panamá es contrario a las ideas que promueve el Vaticano. Adelantó que respaldarán el rechazo de las comunidades al contrato.