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Manifiestan que el recorte de las ayudas al sector de la agricultura y la eliminación de áreas clave para la producción familiar, muestran el desinterés del Gobierno por el campo.
Dirigentes de las organizaciones que conforman la Mesa Agroalimentaria Argentina manifestaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Javier Miley y al proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como “Ley Ómnibus”, durante los debates del Congreso.
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Estos se oponen a la privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del Instituto de la Yerba Mate (INYM) y a la adhesión al convenio internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) que establecería el patentamiento de otras semillas, cuando se aumentó la producción de las mismas a nivel nacional.
Además, proponen cinco proyectos de Ley que promueven la producción local de alimentos saludables y respetuosos con el ambiente como la Ley de acceso a la tierra; la de arrendamientos rurales, protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar; la de segmentación de las políticas impositivas agrarias y la Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.
Espero equivocarme pero huele que la represión de Milei a las protestas de su ley ómnibus y recortes pronto sumará víctimas. Para imponer el neoliberalismo el autoritarismo es el medio, por algo Pinochet fue la prueba piloto de Reagan y Thatcher.pic.twitter.com/3KVpJMLJjM
— Aníbal Garzón �� (@AnibalGarzon) February 2, 2024
En tanto, advierten que la derogación de diversas normas como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Promoción Industrial dentro del DNU favorecerá la exportación de la producción y pondrá en riesgo el abastecimiento del país.
Además, rechazan la modificación de la Ley de Tierras, pues plantean que permitiría su extranjerización, así como la eliminación del Fondo Compensador Algodonero y del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
En tanto, manifiestan que el recorte de las ayudas al sector y la eliminación de áreas clave para la agricultura familiar, muestran el desinterés del Gobierno por el campo, golpeado por factores como la sequía, la falta de acceso a la tierra y el aumento de los alquileres, combustibles e insumos.
Con respecto al convenio UPOV 91, indican que con este perderían el derecho al uso propio por parte de los productores y que pone en riesgo la diversidad.
