Nuevas revelaciones sobre Ayotzinapa involucra al Ejército

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) confirmó, en un informe hecho público este martes, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ejército mexicano conocieron en tiempo real lo que ocurría con los 43 normalistas que fueron atacados y desaparecidos en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el sur de Méxicot.

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En el "adendum" al Segundo Informe de la Presidencia de ese país, la Covaj aseveró que desde 2009 "la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento (...) a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos", dice el documento en referencia a integrantes de cárteles de la droga que, en complicidad con la Policía y otras autoridades, asesinaron a los estudiantes.

Según el informe, "el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron".

"Se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014", subrayó la Covaj. Entre otros detalles, la comisión explicó que desde 2009 el Ejército infiltró a un estudiante en la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", joven que también desapareció. 

Además, la Covaj entregó a los familiares de los estudiantes desaparecidos 18 nuevos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Iguala, entre ellos diversas conversaciones, los cuales apuntan a que la Sedena conocía lo que estaba ocurriendo.

En un informe emitido en septiembre pasado, la Covaj afirmó que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un "crimen de Estado".

Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Se preparaban para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación cuando fueron atacados por sicarios del cártel Guerreros Unidos. Solo han aparecido los restos de tres de ellos.

De acuerdo con estos informes de la Covaj, su asesinato ocurrió en colusión con policías locales y ante la inacción de autoridades locales y oficiales del Ejército.

Por este crimen se ha detenido a 132 personas, entre ellos varios oficiales de las Fuerzas Armadas y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, que en un momento inicial estuvo a cargo de las investigaciones y es considerado uno de los artífices de la llamada "verdad histórica" sobre el caso, junto al exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, quien se halla prófugo en Israel. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado a Tel Aviv su extradición.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han expresado con anterioridad que la Sedena conocía lo que ocurrió con ellos. A finales de septiembre, exigieron investigar penalmente a los involucrados en el crimen, entre ellos el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).