Juzgado peruano acepta revisar prisión preventiva de Castillo

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú anunció este jueves que se aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa del destituido presidente Pedro Castillo, para revisar la prisión preventiva de 36 meses que pesa en su contra.

LEA TAMBIÉN:

Perú recibe 202 piezas arqueológicas repatriadas de varias naciones

Desde diciembre de 2022, Castillo afronta 36 meses de prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal. Además, cumple otros 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión tras su intento de disolver el Congreso de la República.

Castillo, quien fue destituido por el Congreso en diciembre de 2022, rechazó todas las acusaciones, mientras su equipo legal ha empleado una serie de recursos para procurar su libertad.

La semana pasada la Fiscalía de la Nación solicitó 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Castillo reiteró durante el debate, como en las diversas audiencias en las que ha participado en los últimos meses, que tras pronunciar el mensaje del 7 de diciembre de 2022 no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse y aseguró que fue arrestado arbitrariamente "con fusil en mano".

Además, sostuvo que la acusación que presentó la Fiscalía en su contra es "una cortina de humo".

El Poder Judicial también anunció este jueves que el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, aceptó un recurso de apelación interpuesto por Castillo para revisar de oficio la orden de prisión preventiva por 36 meses impuesta mientras es investigado por el delito de organización criminal.

Checkley resolvió enviar el recurso de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia "para los fines pertinentes", con lo que ese máximo tribunal debe ahora decidir sobre el fondo de esa solicitud.

El mandatario destituido cumple la prisión preventiva por 18 y 36 meses en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, donde también está detenido el expresidente Alejandro Toledo, quien es procesado por un caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.