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La certificación del CSPJ el pasado mes de enero fue, de acuerdo a medios de prensa locales, "un desastre para el poder judicial haitiano".

La certificación del CSPJ el pasado mes de enero fue, de acuerdo a medios de prensa locales, "un desastre para el poder judicial haitiano". | Foto: Haiti24

Publicado 28 junio 2023



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Esta nueva renovación es posible luego que el primer ministro, Ariel Henry, mantuviera conversaciones desde hace varias semanas con actores del Poder judicial.

Mientras que un total de 28 magistrados, han sido certificados por el Consejo Superior de la Magistratura (CSPJ), de Haití, otros siete no han sido certificados y deben abandonar el sistema judicial haitiano, trascendió este miércoles.

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Según un informe del CSPJ de hace dos días, conocido este miércoles, el proceso de certificación de magistrados llevado a cabo por ese ente "continúa a buen ritmo", luego de haber "tramitado ochenta y dos solicitudes de certificación".

De los casos tramitados, según la instancia, 28 magistrados fueron certificados, 42 estudiantes de magistratura, un secretario se incorporará a la judicatura, 7 magistrados no fueron certificados y los casos de otros 4 magistrados requieren más investigación.

Los magistrados no certificados  han sido acusados de "falta de integridad moral", según el CSPJ, y ellos sería evidente en "el uso de tácticas extorsionadoras, diplomas de enseñanza secundaria falsificados y casos probados de saqueo".

La certificación del CSPJ el pasado mes de enero fue, de acuerdo a medios de prensa locales, "un desastre para el poder judicial haitiano", pues no logró destrabar el estancamiento en el cual se encuentra el sistema judicial desde hace años.

Esta nueva renovación es posible luego que el presidente del Gobierno haitiano, el primer ministro, Ariel Henry, mantuviera conversaciones desde hace varias semanas con actores del Poder judicial sobre el seguimiento que se dará a los expedientes de los magistrados no certificados por el Consejo Superior de la Judicatura (CSPJ).

En aquella reunión con la Asociación Profesional de Magistrados (APM),  los miembros del  gabinete del primer ministro cuestionaron abiertamente el proceso de certificación de los magistrados.


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