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La canciller de Venezuela ha denunciado en reiteradas oportunidades la continuación de la campaña de los gobiernos de derecha (Argentina, Brasil, Paraguay) en contra la nación suramericana en el seno del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Venezuela asumió la presidencia pro tempore del organismo el 29 de julio de acuerdo a los estipulado en los estatutos de la organización, pues le correspondía por orden alfabético a Venezuela, que la asumió automáticamente después de que su antecesor, Uruguay, anunciara el fin de su mandato.
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No obstante, una declaración de los Gobiernos de Argentina, Paraguay y el gobierno de facto de Brasil vulnera la legalidad de la organización porque anunciaron un plazo hasta el 1 de diciembre para que Venezuela adecue sus normativas a las reglas del Mercosur si quiere permanecer en el bloque.
Al conocer la amenaza de la denominada Triple Alianza, el Gobierno venezolano reaccionó indicando que la advertencia pone en riesgo y viola la institucionalidad del Mercosur.
El alegato de la Triple Alianza
En la declaración de las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay sostienen que el Estado venezolano no había adecuado algunas normas del Mercosur, particularmente el Acuerdo de Complementación Económica Nº18 (ACE 18).
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La sustentación jurídica que aducen es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, calificando como “violación grave de un tratado” la no internalización de Venezuela de algunas normas del Mercosur.
Triple alianza acusa a Vzla de fallas en la incorporación del acervo normativo del bloque, especialmente tema económico, ddhh e inmigracion
— Mónica Vistali (@MonicaVteleSUR) 2 de diciembre de 2016
Pero en los estatutos fundacionales del organismo no existe en la normativa de la organización ningún artículo que contemple la expulsión de un miembro pleno por incumplimiento en la incorporación de la normativa, ya que en los principios del derecho internacional se parte de la “buena fe” en el cumplimiento de los tratados y acuerdos, ya que se firman en base a la voluntad de los estados nacionales.
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En el artículo 1 del Protocolo de Adhesión de Venezuela ya se contemplaba la existencia de un conjunto de normas del Mercosur que dicho país no podría incorporar, por razones de constitucionalidad. Sin embargo, Argentina, Brasil y Paraguay se han negado a hallar una solución al impasse, lo que viola el espíritu integracionista y comercial del organismo.
Acción contra Venezuela es violatoria del derecho
Cuando se suscribió el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur en julio de 2006, se fijaron los “principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías, y del tratamiento diferencial” en el ingreso al bloque.
Todos esos criterios, que sustentan cualquier modelo de integración en el mundo, están siendo totalmente desconocidos en la actualidad por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay.
Al señalar que Venezuela ha incumplido las normas del organismo los países promotores obvian que todos los miembros del bloque mantienen normativa del Mercosur sin internalizar (al menos 75 por ciento).
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De todas formas, de existir o determinarse el llamado incumplimiento de Venezuela no puede ser definido por una de las partes, sino un tercero que oficie de mediador. Y si no hay una instancia de arbitraje, lo que se debe asegurar es un proceso de diálogo y negociación entre las partes. Reglas que han sido ignoradas por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay.
El mecanismo adoptado por Brasil y Paraguay y también Argentina supone una vulneración a la normativa jurídica del Mercosur. De los cinco miembros plenos del bloque, tres resolvieron que no quieren más a Venezuela en el organismo como integrante con voz y voto y, directamente, resuelven excluirlo violando el artículo 37° del Protocolo de Ouro Preto. “Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes”.
A pesar del ataque y del sabotaje contra Venezuela, la nación sudamericana ha insistido en procurar una solución en torno a la internalización del ACE 18, pero lo real es que ninguno de los tres países ha mostrado voluntad de negociar nada con Caracas.
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El pasado martes la canciller Delcy Rodríguez envió una nota a los cuatro cancilleres más el de Bolivia, en la que hace saber la intención de aprobar el ACE 18, lo cual muestra que no existe mala fe por parte de Venezuela en esta situación.
La defensa de Venezuela
Vale destacar que en la actualidad existe una serie de normas del Mercosur que deben ser modificadas antes de su internalización por parte de Venezuela, porque son contradictorias con su Constitución.
Son alrededor de 100 normas que están en esta situación. Pero del resto de la normativa, es decir, aquella que no tiene contradicciones con la carta magna venezolana, ya se ha incorporado a la normativa interna de este país casi 95 por ciento.
En realidad Vzla incorporó 281 normas desde que se incorporó al Mercosur en 2012, contra la media de 40 anuales de Triple alianza en 25años
— Mónica Vistali (@MonicaVteleSUR) 2 de diciembre de 2016
Ante todo lo expuesto queda claro que la campaña y asedio internacional contra Venezuela y en especial en Mercosur se basa en la definición política de los actuales gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina, y que no tiene un sustento jurídico.
La acción violatoria del orden institucional del organismo regional es parte del la instauración del nuevo Plan Cóndor que busca socavar las bases del proceso de integración iniciado por el gobierno de Hugo Chávez y que significó una etapa de avances sociales en Latinoamérica.
