Los golpes de Estado en Latinoamérica obedecen a decisiones estratégicas del imperialismo estadounidense para defender sus intereses económicos y geopolíticos en el continente, y los de la burguesía y la oligarquía. Generalmente los golpes de Estado se han dado con derramamiento de sangre, invasión de tropas, bombardeo a las sedes de gobierno (La Moneda, Chile, 1973), decreto de Estado de sitio, represión de la oposición, desapariciones (se calcula en 30.000 los desaparecidos durante la dictadura en Argentina) y fusilamientos.

Así fue como se dieron los golpes de Estado (1950-1980) contra presidentes democráticamente electos que decidieron hacer una política económica soberana e independiente. El denominador común de los golpes de Estado ha sido la lucha contra el comunismo. A este argumento han sumado ahora la corrupción, la pérdida de la “libertad” y el mal manejo de la economía, entre otros.

Eso le ocurrió a Jacobo Árbenz en Guatemala, derrocado en 1954 por un golpe de Estado orquestado por EE.UU. y la transnacional United Fruit Company ante su decisión de hacer de Guatemala, país que vivía en el atraso económico y la dependencia, una nación económicamente autosuficiente e impulsar una reforma agraria democrática en favor de los campesinos desposeídos, que chocó con los intereses de los oligopolios agrícolas nacionales y las transnacionales yanquis. También en Brasil, cuando se impuso una dictadura militar (1964-1985) con el derrocamiento del presidente João Goulart. El golpe contra Goulart se sustentó en una campaña mediática y guerra sucia que consistió en vender a la opinión pública la imagen de que su Gobierno era ineficiente, corrupto y estaba infiltrado por comunistas. Del mismo modo en Chile contra Salvador Allende, donde una alianza macabra entre EE.UU. y la burguesía chilena perpetró el golpe militar que encabezó el general fascista Augusto Pinochet, quien bombardeó La Casa de La Moneda y asesinó a su presidente el 11 de septiembre de 1973, imponiendo una dictadura militar que duró 17 años. Y así sucesivamente, a través del llamado Plan Cóndor, se impuso una estrategia político-militar de la CIA y las oligarquías del continente para dar golpes de Estado e imponer dictaduras militares en Uruguay (1973 a 1985) y Argentina (1976 a 1983), para solo mencionar estos ejemplos de golpes de Estado violentos.

A diferencia de los golpes “duros y violentos”, desde hace más de dos décadas se viene dando la modalidad de golpe “blando” contra los gobiernos elegidos en las urnas por el voto ciudadano y con una agenda antineoliberal, ambientalista y de paz con justicia social con el objetivo de cambiar el papel del Estado y ponerlo al servicio de las clases más necesitadas. El golpe “blando” o jurídico es ambientado y preparado con antelación, y su ejecución se da a través de montajes judiciales basados en falsas acusaciones de corrupción o violación de normas jurídicas que, supuestamente, comenten los Gobiernos objeto del golpe de Estado.

Es el caso de Colombia hoy, cuyo Gobierno vive la amenaza constante y el asedio de golpe de Estado “blando”, impulsado por sectores extremistas de la oligarquía, en alianza con el gran capital, las mafias del narcotráfico, partidos de extrema derecha (Centro Democrático) y grandes medios de desinformación masiva. Argumentan quienes impulsan el golpe de Estado que en Colombia hay una ruptura del ordenamiento jurídico porque el Gobierno ha violado normas jurídicas. Con ello pretenden justificar la separación del cargo o arresto del Presidente. El golpe, como sabemos, va precedido, de una larga campaña de guerra sucia, noticias y acusaciones falsas desde los grandes medios de comunicación, cuyo propósito es deslegitimar al Presidente y su Gabinete, creando una mala imagen sobre el mismo para así ganar el apoyo de la opinión pública.

Una vez que se ha creado un ambiente de inestabilidad y caos (convocan marchas y levantamiento de la fuerza pública) generando malestar en la opinión pública contra el Gobierno, acuden al argumento de que estamos ante un Gobierno ilegítimo, “ruptura del hilo constitucional”, para llevar al Presidente ante un juicio político y poder apartarlo de su cargo o encarcelarlo. Es ahí cuando se configura el golpe de Estado. Aquí lo vienen gestando desde que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en junio de 2022, electo por más de 11 millones de votos.

Está viva aún en la memoria de millones de ciudadanos y ciudadanas del continente cómo le dieron el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en el 2019, en el cual la OEA con Luis Almagro jugó un papel de agente de los intereses del ala golpista de la extrema derecha y como peón del imperialismo estadounidense. Una vez que Evo fue obligado a abandonar el país, asumió el cargo la presidenta del Senado, Jeanine Áñez, quedando consumado el golpe contra un presidente legítimamente electo por mayoría. Igual suerte corrió Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú, a quien derrocaron con un montaje jurídico, acusándolo de autogolpe, de que iba a violar la Constitución peruana cuando propuso disolver el Congreso y convocara nuevas elecciones amparado en una norma constitucional que faculta al Presidente a disolver el Congreso en casos excepcionales; posteriormente le hacen un juicio político, lo apartan del poder, lo encarcelan e imponen en el poder a la vicepresidenta Dina Boluarte.

Otros presidentes que han sido víctimas del lawfare o golpe jurídico en el continente son, en su orden: en Venezuela, el presidente Hugo Chávez fue depuesto por un golpe de Estado el 11 de abril del 2002, cuando la llamada oposición venezolana, que no es otra que la oligarquía de extrema derecha y el imperio yanqui, organizaron una protesta en Caracas que degeneró en una marcha que pretendía llegar hasta el Palacio de Miraflores y exigir la renuncia del presidente Chávez argumentando, entre otras, la “cubanización” del país, el desconocimiento de la propiedad privada y la “dictadura”. Pero en el caso de Venezuela fracasó porque el pueblo respondió masivamente, movilizándose hasta lograr liberar al Presidente y hacer huir a los golpistas. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fue derrocado y expulsado del país por la Fuerzas Armadas (2009); Fernando Lugo, presidente de Paraguay, fue destituido en un juicio político (2012); Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, fue acusada del “delito de responsabilidad en el maquillaje de la cuentas fiscales” y destituida en un juicio político (2016) por el Congreso con la ayuda de su vicepresidente Michel Temer, un neoliberal extremista que asumió como presidente.

Como es lógico, EE.UU. ha estado siempre detrás de todos los golpes de Estado sin excepción en el continente. El imperialismo que se atribuye, además, el tutelaje de la soberanía nacional, ha ejercido un poder e influencia incuestionable sobre todos los Gobiernos oligarcas liberales y conservadores, desde los años 50, tras el asesinato del líder popular colombiano Jorge Eliécer Gaitán en 1948, al punto que tiene bases militares en todo el territorio nacional sin la más mínima oposición de los gobernantes lacayos que ha tenido Colombia.

En tal sentido, es ingenuo -cuando menos- creer que el Departamento de Estado o la ONU van a ayudar al actual Gobierno a defenderse del golpe que está en marcha. Menos aun cuando el presidente Gustavo Petro ha sentado una postura clara en el caso del genocidio del pueblo palestino que comete el Estado sionista de Israel, principal aliado del imperialismo estadounidense en Oriente Medio.

Por otro lado, es cuestionable que organizaciones en Colombia que dicen ser de base decidan acudir a la OEA para que ayude al Gobierno de Gustavo Petro contra los golpistas, cuando sabemos que la OEA ha sido un instrumento de la política de injerencia y dominio imperialista en el continente, dirigida por un agente al servicio de ellos como es Luis Almagro, quien personalmente ha conspirado con las oligarquías y burguesía de derecha para legitimar golpes de Estado blandos como sucedió en Bolivia contra el presidente Evo Morales, o en Perú contra el presidente Pedro Castillo.    

Nadie en Colombia guarda la menor duda de que el golpe jurídico se viene gestando desde la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, trincheras de la extrema derecha golpista, a través de sus dos altos representantes, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, fichas del uribismo y la extrema derecha mafiosa y criminal que ha gobernado a ese país. De ahí el contubernio de las fuerzas golpistas con la Corte Suprema de Justicia de no dar trámite a la elección de un nuevo Fiscal General, cuando se ha vencido el plazo del Fiscal impune y encubridor de Álvaro Uribe, Francisco Barbosa, quien pretende dejar en reemplazo a la vicefiscal Martha Mancera, más cuestionada que él, denunciada por tapar crímenes y hacerle favores a la mafia del narcotráfico. Del rol de los EE.UU. en el golpe no queda duda, cuando se conoció que el fiscal Barbosa estuvo recientemente en EE.UU. rindiendo un informe al Departamento de Estado de su gestión y proponiendo a la vicefiscal Mancera como encargada de la Fiscalía.

El pueblo, constituyente primario, es el único sujeto político que puede enfrentar y frenar el golpe de la derecha en Colombia. Es al pueblo al que hay que apelar, a su capacidad de movilización, resistencia y lucha para enfrentar las fuerzas de derecha que buscan dar un golpe e impedir el cambio democrático en el país. Aún arden las brasas del estallido social que vivió el país entre abril del 2021 y julio de 2022. De un paro nacional contra las políticas neoliberales y reforma tributaria regresiva del Gobierno del presidente uribista, Iván Duque, a un movimiento nacional que resistió en las calles la embestida neoliberal y frenó las reformas del último Gobierno de la oligarquía. Fueron las ciudadanías protestando desde las más diversas, creativas y combativas formas las que frenaron al Gobierno hambreador, aliado de los narcos y criminal de Iván Duque, a costa de cientos de vidas y desaparecidos. Solo el pueblo salva al pueblo, se cantó avasalladoramente en aquellos años de multitudes en las calles luchando desde la primera línea y resistiendo la brutal represión del régimen.

Los frutos y el acumulado político de ese vasto movimiento de protesta y lucha popular extraparlamentaria, los supo canalizar y recoger el hoy mandatario de los colombianos. Es a ese movimiento de millones de ciudadanas y ciudadanos que se debe y es a este sujeto político irremplazable y único en la historia de las conquistas populares al que hay que apelar para frenar las fuerzas golpistas neoliberales y de extrema derecha que impiden el cambio en Colombia.