Vista objetivamente, la situación económica mexicana es muy mala. Desempleo enorme y creciente, inflación desbordada, devaluación monetaria cotidiana, criminalidad fuera de control y al alza, violencia inaudita, empobrecimiento imparable de vastos sectores sociales, corrupción gubernamental a la vista de propios y extraños, evidente ineficiencia de los responsables de las instituciones públicas y descontento social de proporciones mayúsculas componen hoy la realidad mexicana.

Todo esto, junto y acumulado, sería suficiente para explicar los recientes acontecimientos de protesta e inconformidad social atribuidos al desproporcionado aumento en el precio de la gasolina, el llamado gasolinazo. Sería suficiente y sería muy sencillo. Pero en política la mala fe es de oficio.

Y los saqueos de almacenes, los bloqueos carreteros, el vandalismo y la violencia callejera en casi todo el país desatados en los últimos días no son los rasgos típicos de la protesta popular legítima. Se parecen más bien a las tristemente célebres guarimbas venezolanas. Ese tipo de disturbios que, con alguna justificación social, se han organizado en los últimos años para derrocar al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Como bien se sabe, esas guarimbas sólo son populares en apariencia. Y se sabe igualmente que son organizadas, financiadas y tripuladas por la derecha autóctona y por las agencias de Estados Unidos dedicadas a la desestabilización y derrocamiento de gobiernos que no tienen o han perdido el apoyo y la confianza de Washington.

Esta carencia o pérdida del apoyo y la confianza de Estados Unidos es evidente y está ampliamente documentada en el caso venezolano. Pero no parece que pudiera ser el caso mexicano. México, al contrario de Venezuela, ha practicado en las últimas décadas una política de sumisión y obsecuencia con respecto a la Casa Blanca que harían ociosa esa clase de maniobras.

Descartada la participación yanqui, al menos directamente, sólo queda un autor posible de estas guarimbas mexicanas: la derecha, o algunos sectores de ella, que han considerado pertinente y oportuno, a nueve meses del destape del candidato presidencial, empezar a jalarle el tapete a Enrique Peña Nieto para impedirle u obstaculizarle la libre decisión de designar a su sucesor, ya Margarita Zavala, ya Luis Videgaray, ya José Antonio Meade, ya Miguel Ángel Osorio Chong, ya cualquier otro tapado.

En esta hipótesis, desde luego, es necesario reintroducir en el análisis la participación de Washington, pues el imperio también tiene su corazoncito (y sus intereses materiales y geoestratégicos) en el asunto.

Guarimbas, por supuesto, no es lo mismo que “primaveras árabes” o “revoluciones de colores” tipo, digamos, Europa del Este. No parece, en consecuencia, que se busque derrocar al gobierno de Peña Nieto. Sólo de acotarlo y disminuirlo para la hora de la gran decisión de nombrar despóticamente, por sí y ante sí, a su sucesor o sucesora.

De cualquier modo, el asunto es delicado. A la inconformidad social, notoria pero soterrada, contra el gobierno, deben ahora sumarse las expresiones físicas de violencia e incertidumbre social que México está viviendo en las últimas horas. Y ciertamente, los violentos disturbios pueden ser inducidos y organizados pero la incertidumbre e inquietud sociales nacen espontáneamente al calor de los acontecimientos.

Frente a esta situación son visibles dos posibilidades de acción del gobierno de Peña Nieto. Una, la más sensata, sería cancelar el gasolinazo. Las ahora turbulentas aguas volverían a su nivel; y dos, empeñarse, en una situación de evidente debilidad política, en seguir adelante y esperar que finalmente la cosa no pase a mayores, aunque el país continúe descomponiéndose más cada día.