Sin verdad ni justicia, Brasil a 60 años del golpe de Estado

La interrupción de la democracia de 1964 marcó un antes y un después que, hasta el día de hoy, conviven como dos maneras de comprender la historia.

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Mientras las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y sectores conservadores celebran la acción como un levantamiento civil y militar que evitó la instalación de “un régimen comunista en Brasil”; víctimas de la dictadura militar, junto a familiares y amigos de asesinados y desaparecidos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos denuncian la instauración del terrorismo de Estado y el inicio de una campaña de represión, secuestro y tortura contra quien se considerase opuesto al régimen.

Cada año, en los cuarteles y en la calle se conmemoraba el golpe.

Pero este, a diferencia de otros, las autoridades eligieron bajar el tono. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien luchó en primera línea contra la dictadura desde la militancia sindical, no convocó a actividades oficiales durante la fecha, mientras que los militares limitaron las actividades del aniversario a un almuerzo cerrado.

Nadine Borges, abogada y profesora que ejerció funciones en la ya extinta Comisión de la Memoria de Brasil, señala que hay rumores de una posible tregua entre las FF.AA. y el Gobierno con el fin de asegurar el avance del proceso judicial contra la intentona golpista liderada por Bolsonaro el 8 de enero de 2023. Sin embargo, indica que mencionada hipótesis se encuentra “lejana de la realidad” y apunta contra condicionamientos de la gran prensa, del poder económico, del Poder Judicial y los militares, “que se verían extremadamente afectados con la revelación histórica de la verdad”.

Con todo, este año, las manifestaciones en pos de un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación tuvieron lugar en varios puntos del país, en momentos en que Brasil continúa sin juzgar a los militares involucrados en la dictadura que gobernó durante más de 20 años y dejó al menos 434 muertes confirmadas y miles de casos confirmados de tortura.

Para Juliano Madeiro, historiador, doctor en Ciencias Políticas y expresidente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), mientras la verdad se mantenga oculta, la conmemoración de la fecha, “es un elemento fundamental en la construcción de la memoria histórica sobre un período cuyos significados siguen en disputa, particularmente después del ascenso de la extrema derecha como fuerza política de masas con Bolsonaro”.

Lo que no le perdonaron a Jango

Antes del 1° de abril de 1964, João Goulart, o Jango, como se lo conocía popularmente, impulsó un proceso de reformas sociales conocidas como las Reformas Base, que incluían la realización de una reforma agraria, la nacionalización de empresas extranjeras y la aplicación de la Ley de Control de Remesas para controlar el envío de intereses a las matrices de empresas, y contaba con el apoyo del campesinado, amplios sectores de trabajadores y segmentos militares.

El avance de las clases postergadas generó una reacción en los sectores privilegiados y, con el argumento de evitar que se estableciera “un régimen comunista en el país”, la cúpula militar, junto a los poderes conservadores de la época y el total respaldo de Estados Unidos (EE.UU.), decidieron interrumpir el Gobierno democrático de Goulart. 

Fue así que el 31 de marzo de 1964, el general Olimpio Mourao Filho partió desde Juiz de Fora y marchó hacia Río de Janeiro como antesala de la toma del poder a nivel nacional por parte de las fuerzas castrenses que terminaría de concretarse el 1° de abril de ese año.

Goulart debió exiliarse a Uruguay, donde murió a los 57 años de edad en diciembre de 1976. Neira Barreiro, un exespía uruguayo, confesó que el expresidente fue asesinado con veneno a pedido del entonces dictador Ernesto Geisel.

Operación Hermano Sam

Las versiones de que Washington estuvo detrás del golpe de Estado dejaron de ser meras especulaciones luego de que se haya develado una comunicación con fecha del día previo a la concreción del golpe, en la cual el embajador de EE.UU. en Brasil, Lincoln Gordon, sugiere “brindar nuestro apoyo a los golpistas para ayudar a prevenir un desastre mayor aquí”, enviar armas a los golpistas y desplegar el portaaviones Forrestal por si los generales necesitaran apoyo militar .

En la misma línea, transcripciones de cintas presidenciales publicadas por el National Archivo de Seguridad evidencian que desde 1962, el presidente Kennedy y sus principales asesores discutían la opción de derrocar al Gobierno de Joao Goulart. "Tenemos que hacer algo con respecto a Brasil" dijo Kennedy en marzo de 1963 a sus colaboradores.

Los documentos comprueban, además, la puesta en marcha de la operación Hermano Sam por la administración demócrata de Lyndon Johnson y muestran que el secretario de Estado de entonces, Thomas Mann, manifestó a militares brasileños que contaban con el apoyo estadounidense para asestar un golpe.

No obstante, la participación estadounidense durante la dictadura se mantiene bajo secreto de Estado. Situación por la cual, en 2023, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez realizó una solicitud al Departamento de Estado de EE.UU. para la divulgación de documentos de inteligencia relacionados con la dictadura militar brasileña que se extendió hasta 1985.

Dictadura

Tras el golpe de Estado, el Congreso y el Poder Judicial fueron intervenidos y se destituyeron a gran número de parlamentarios y jueces. Además, se inició un régimen de represión generalizada contra el movimiento popular, en especial contra partidos, movimientos sociales, intelectuales de izquierda, estudiantes y los principales dirigentes del sindicalismo.

Entre 1964 y 1966, la dictadura de Castelo Branco emprendió una primera etapa de persecución, detención y tortura. Aunque los historiadores señalan la etapa que va desde 1968 hasta 1974 como la de mayor represión en el país, con la censura generalizada de los medios de comunicación y la práctica de la tortura y el exilio.

“La gente que fue perseguida fueron desde profesionales de la educación hasta los trabajadores de la metalurgia”, comenta Borges, “sobre todo los pueblos originarios, la gente más pobre, la gente negra que vivía en las favelas y sufrieron en su propia piel ese Estado represor, no sólo desde el punto de vista de la violencia, sino que también desde el punto de vista económico, del hambre en el país, de la falta de acceso a la educación”.

A su vez, el régimen inspiró a otras dictaduras latinoamericanas mediante la sistematización de la “doctrina de la seguridad nacional”, que justificaba las acciones militares como forma de proteger el “interés de la seguridad nacional” en tiempos de crisis y a la vez, sirvió como ariete para que Brasil asumiera el liderazgo del Plan Cóndor.

Memoria

En la década de 1980, al igual que en otros regímenes militares de la región, la dictadura brasileña comenzó a tambalearse al no poder seguir estimulando la economía y controlar la inflación, que llegó al 231por ciento cuando los generales dejaron el poder. Pero antes de su salida, el Gobierno militar prorrogó una Ley de Amnistía en 1979, que si bien habilitó la liberación de presos políticos y abrió la puerta al retorno de muchos exiliados, también libró de juicio a muchos militares que nunca debieron responder ante la Justicia por sus abusos.

No sería hasta 2014, durante la presidencia de Dilma Rousseff -torturada por la dictadura y destituida por un golpe parlamentario-, que se daría la creación de la Comisión de la Verdad y la publicación de una relatoría oficial tras escuchar a víctimas, testigos y celebrar audiencias públicas.

El informe contabilizó 434 muertos y desaparecidos, además de documentar la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad no incluyó en la cifra oficial de asesinados por la dictadura a los indígenas, pero sí dejó constancia de que al menos 8.350 murieron por acción u omisión de agentes del Estado entre 1946-1985.

Impunidad

La Comisión también dejó para la historia los nombres y apellidos de 377 represores como supuestos responsables de delitos de lesa humanidad, pero hasta el día de hoy los hechos siguen sin ser juzgados.

Al respecto, Madeiro señala a teleSUR que “Chile y Argentina dieron pasos fundamentales en esta dirección. En el caso de Brasil, la opción era una transición sin ningún tipo de ajuste de cuentas con los torturadores, asesinos y corruptos de la dictadura cívico-militar. Esta opción nos cobra un alto precio incluso hoy, ya que refuerza la percepción de una parte de la sociedad de que la dictadura no fue tan mala como afirmamos”.

En perspectiva, Nadine Borges sostiene que en momentos donde los Gobiernos progresistas no priorizan la lucha por Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, “si el pueblo no sale a la calle, el autoritarismo viene como una obviedad después”.