Mujer en clave del derecho

Infelices los que estiman que impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto, hace que dejen de necesitarlo.

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Solamente consiguen obligarlas a someterse a abortos inseguros, “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”, define la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la espeluznante cifra de la realización anual -aproximadamente- de 25 millones de abortos inseguros. Para América Latina, significa un 12 por ciento de las muertes maternas.

Otra realidad sería

Hablemos de las consecuencias fatales para las mujeres, porque las estadísticas lo afirman. Los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS.

Otra realidad sería, si los Estados garantizaran que las personas tuvieran acceso a educación sexual, utilizaran métodos anticonceptivos eficaces y en última instancia, pudieran someterse a abortos legales, sin riesgos o una atención médica urgente en caso de complicaciones.

Aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos. Tres millones de adolescentes se someten a abortos peligrosos, alrededor de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años tienen partos no deseados, porque no tuvieron servicios de aborto seguro, limitado o inexistente.

La legislación

La estigmatización del aborto pide a gritos hablar del asunto desde otras perspectivas: la autonomía, la salud pública, los derechos humanos. Porque la legislación sobre el aborto es un triste abanico que abre desde el libre acceso en servicios sanitarios públicos gratuitos, hasta el cierre o la penalización con años de prisión para las mujeres que lo practiquen.

El acceso al aborto sin riesgos, es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres, por lo que se reconoce como un avance que, en los últimos 25 años, más de 50 países hayan modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto. Sin embargo, en todo el mundo, el 40% de las mujeres en edad de procrear, viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde el aborto es legal, pero con servicios inaccesibles para una práctica segura.

Igualmente, destacamos que no son sólo las mujeres y las niñas cisgénero a las que le asignaron al nacer el sexo femenino, quienes pueden necesitar acceso a servicios de aborto. Existen personas intersexuales, transgénero y con otras identidades de género, que tienen la capacidad de quedar embarazadas y hay que seguir la batalla hasta conseguir todos los derechos.

¿Qué sucede con ellos en los países que prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, donde muchos de sus derechos humanos quedan restringidos? La mujer podría sufrir penas de cárcel, e incluso implicar al personal sanitario que intervenga en el procedimiento, aun cuando exista riesgo para la vida de la mujer. Está prohibido en 24 países de todo el mundo. Entre otros Madagascar, Laos y Filipinas, Egipto, Haití, República Dominicana, Irak, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Mauritania, Senegal, Sierra Leona, el Congo, etc.

Desde hace décadas se libra esta lucha para garantizar los derechos humanos de la mujer, porque
cuatro de cada diez féminas viven en países que lo prohíben o que tienen leyes muy restrictivas. Incluso en naciones donde el embarazo es el resultado de violación o de incesto, hasta en países donde el aborto sólo está permitido para salvar la vida de la mujer embarazada o se le discrimina por tener un embarazo no deseado y colocándola en situación de desventaja, se le juzga su derecho a la libertad religiosa. Una mujer no debería ser obligada a cumplir con leyes basadas en doctrinas de fe.

“Alabado sea el Señor, el aborto es ahora ilegal en Texas. Y hoy cierro mi oficina y declaro fiesta anual en memoria de los 70 millones de vidas perdidas por culpa del aborto”, ha dicho un hombre machista en Twitter. Se trata del fiscal general, el republicano Ken Paxton, al anunciar que el aborto es ya ilegal en todo el Estado y que a partir de ahora, este día sería festivo en el Estado, para conmemorar la decisión del Supremo.

Son las “leyes gatillo” en 13 estados de EE.UU. Antes le permitieron al estado de Misuri, ponerse en el número uno contra el derecho al aborto, inmediatamente que fue conocida la derogación de la doctrina “Roe contra Wade” por parte del Tribunal Supremo. La ley de activación automática -tristemente- les aprueba perseguir la interrupción del embarazo, desde el momento de la concepción.

Aunque más del 60% de los estadounidenses defienden la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ha quedado automáticamente prohibido en varios estados. Tras la decisión del Supremo: Dakota del Sur, Utah, Wisconsin, Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana y Oklahoma quedaron a merced de la ley gatillo. Particularmente Oklahoma, en mayo pasado prohibía casi todos los casos desde la concepción.

Entre los estados prohibicionistas, un 37,8% de los encuestados por la Universidad de Texas y la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy, se muestran a favor de su anulación. Los resultados fueron publicados por SCOTUSBlog, un portal de información independiente sobre las sentencias del Supremo, donde señalan que un 62,3% de los encuestados era contrario a derogar “Roe contra Wade” que otorgaba el derecho constitucional al aborto en ese país.

La histórica sentencia “Roe contra Wade” de 1973, definía que los estados federales no podían prohibir el aborto, si se realizaba antes del límite de viabilidad fetal (probabilidad de que un feto sobreviva fuera del útero): 23 a 24 semanas según los expertos. Esta ley fue anulada el 24 de junio del 2023, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Ahora, muchas mujeres norteamericanas y migrantes, se verán obligadas a viajar a California y Nueva York, para ser sometidas a un aborto. Esta situación, deja sin posibilidades a personas de bajos ingresos económicos.

En ese sentido, el demócrata Charlie Baker, gobernador de Massachussetts, firmó una orden ejecutiva para proteger a los sanitarios y las clínicas que reciban a pacientes de otros estados. Tras décadas de avance en la preservación de los derechos de la mujer, penosamente Estados Unidos va marcha atrás.

Latinoamérica

El país latinoamericano que más recientemente definió la despenalización de ciertas formas de aborto, fue México. Desde 2022, por decisión personal de cada mujer, puede ser interrumpido el embarazo hasta las 12 semanas en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, en Sinaloa hasta las 13 semanas.

Sin embargo, en mayo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia invalidó el aborto en el estado de Nuevo León. Aquí se considera que el feto ha nacido, desde el momento de la concepción. Por otro lado, en caso de violación otorgó la posibilidad de abortar a niñas menores de 12 años. Si bien apenas un tercio de las regiones de todo Mexico, han logrado la despenalización del aborto, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultan de las más avanzadas en Latinoamérica.

Otro de los países latinoamericanos que ha conseguido una reciente victoria es Colombia, al legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. En otros países, el aborto también está legalizado, como Argentina, Uruguay y Cuba.

Un viejo anhelo alcanzado en Brasil, es que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revoca la normativa del ultraderechista Jair Bolsonaro. Con esta, anteriormente se obligaba a los médicos y hospitales a notificar los abortos a la Policía. Allí solo se puede abortar si la vida de la madre está en peligro, por violación o si el feto presenta anencefalia, ausencia de gran parte del cerebro y del cráneo.

Las chilenas padecieron la penalización del aborto por la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Según los cálculos probables, se realizaban anualmente unas 70.000 interrupciones de embarazos no deseados en precarias condiciones. En Chile se perdió una batalla en el primer plebiscito para aprobar una nueva propuesta de Constitución, donde también se elevaba el derecho a decidir a ese nivel. Hasta ahora, el aborto voluntario en ese país solamente es permitido para salvar la vida de la madre, por inviabilidad fetal o cuando el embarazo es producto de una violación, con plazos máximos de 12 y 14 semanas.

Aun así, el Centro de Derechos Reproductivos de la región, considera que Chile, Ecuador y Brasil podrían ser los siguientes países en avanzar este 2023, por la despenalización del aborto. Ecuador aprobó en febrero de 2022 una ley para las mujeres víctimas de violación, hasta la doceava semana de gestación. De forma excepcional, hasta las 18 para niñas, adolescentes y mujeres indígenas y campesinas.

En Colombia, las mujeres celebran el aniversario de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación, los derechos se reivindican. Anteriormente, Argentina aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana catorce.

Sin registro oficial

Un estudio del Instituto Alan Guttmacher en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y la República Dominicana, señaló que esta área reúne al 70% de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente podrían superar los 4 millones.

Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. Alrededor del 60% de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como "infección" estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia, o tal vez ni aparezcan registradas si el embarazo fue reciente, porque no se menciona en el certificado. Cuando fallece una mujer después de los cuarenta días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se incluye en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50% de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.

Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto, para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.

El Instituto Alan Guttmacher, entidad que surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva, señala en sus investigaciones, que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019, con un obvio aumento y desconocida estadística durante la pandemia.

“En América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”. La afirmación fue hecha en la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, por la especialista Agustina Ramón Michel. Pero el proceso de despenalización se “ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa y Estados Unidos.

Cada día se manifiestan las desventajas acumuladas por siglos de patriarcado. La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Igualmente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.

Educar, educar

Liset Imbert Milán, asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero en Cuba, afirma cuanto hay que insistir en la educación sexual y en materia jurídica. “La educación en materia jurídica implica que, los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”.

La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito y considera relevante la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia para la toma de decisiones, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.

Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente. El tema del embarazo adolescente tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente cubano. A finales del 2020, se registraron 105 038 nacimientos, de los cuales en más del 15 % las gestantes no superaron los 19 años y 369 eran niñas, que aún no habían celebrado los 15 años.

En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida. En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y es la segunda nación del mundo con más mujeres diputadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular con un 53,4 por ciento, solo superada por Ruanda.

Dado el perjuicio que trae a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo dolorosamente común en Latinoamérica, se demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.

Igualmente la lucha por despenalizar el aborto, es también contra la discriminación que fomenta aún más el estigma.