Ecuador: del lawfare a la violación del derecho internacional

El Gobierno del empresario nacido en Miami, Daniel Noboa, decidió violar todas las normas internacionales y ordenar a las fuerzas de seguridad ecuatorianas invadir la sede diplomática de México en Quito para proceder a secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas.

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El accionar provocó la condena al unísono de toda la comunidad internacional y, desde Rusia hasta Estados Unidos (EE.UU.), manifestaron su repudio ante tal comportamiento, inédito a nivel global. 

México, horas después del incidente, ordenó a todo su personal diplomático en Ecuador abandonar el país y, el jueves, fueron denunciados los hechos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Pese al consenso mundial en cuanto al repudio a la medida, la Administración Noboa reafirma su actuación. Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el representante ecuatoriano, Mauricio Montalvo, solicitó “revisar y actualizar” las normas de asilo diplomático.

Glas permaneció durante tres días incomunicado tras ser detenido y, además, se informó que fue trasladado al Hospital Naval de Guayaquil. Finalmente, quien fuese la mano derecha del expresidente Rafael Correa, pudo conversar con su familiares y abogados el pasado miércoles.

Desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca, el exvicepresidente denunció haber recibido apremios ilegales de parte de las autoridades.

En un video difundido por su abogada, Sonia Gabriela Vera García, Glas sostuvo que “lo bajaron del carro, todo torturado, guindado de los pulgares como en la época de la dictadura”. Vera García también informó que su defendido se mantiene en huelga de hambre. 

Reclamo ante organismos internacionales

Desde la incursión a la sede diplomática, México solicitó la intervención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

La Celac realizó una reunión de cancilleres el día 9 de abril y la Presidencia convocó a una segunda cita para el próximo martes, pero esta vez de jefes de Estado. El encuentro tendrá por objetivo emitir un comunicado conjunto y definir posibles acciones para conseguir restablecer la normalidad en la región.

El Consejo Permanente de la OEA, por su parte, resolvió el pasado 10 de abril "condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión". El posicionamiento conjunto fue aprobado con 29 votos a favor, la abstención de El Salvador, y el rechazo ecuatoriano.

El jueves, la CIJ recibió la denuncia introducida contra Ecuador. Entre la evidencia que será presentada ante el tribunal, se encuentran una serie de videos mostrados por el presidente mexicano en los que puede verse la violencia ejercida por los funcionarios ecuatorianos contra los bienes y el personal de la embajada. El mandatario López Obrador manifestó que “a México se le respeta”. 

De proceder la denuncia, la CIJ puede requerir desde la reparación de los daños causados al edificio de la Embajada de México en Quito, el personal diplomático y una disculpa pública, hasta una sanción económica para Ecuador. También la sentencia puede derivar en sanciones económicas y la restricción a la participación en materia de votos en foros y órganos regionales.

A su vez, los abogados defensores del exvicepresidente señalaron en conferencia de prensa que estudian llevar la causa a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual tiene potestad de ordenar penas de privación de la libertad contra quienes violen los derechos humanos. 

Frente interno

Tanto por izquierda como por derecha, las fuerzas políticas de Ecuador relacionan la decisión de violentar el derecho internacional por parte del presidente Noboa con la pérdida de popularidad de cara a la consulta a realizarse el próximo 21 de abril. 

Andrés Arauz, secretario general de Revolución Ciudadana y excandidato a la Presidencia, declaró a teleSUR que se impulsarán juicios políticos contra la canciller Gabriela Sommerfeld, y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Además, analizan la posibilidad de enjuiciar al propio presidente.

“Creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glas de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, podría considerarse secuestro y, por ende, ser una causal de destitución de Daniel Noboa”, expresó Arauz.

Noboa, por su parte, aceptó la existencia de una "situación compleja y sin precedentes" y aseguró que tuvo que tomar "decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas".

Sin embargo, el miércoles decidió abandonar el país y dirigirse a EE.UU. donde, según anunció, permanecerá hasta el próximo 13 de abril.

¿Qué violaciones al derecho internacional cometió Ecuador?

La canciller de México, Alicia Bárcena, señaló que “ni en las peores dictaduras” violaron el derecho internacional como las acciones ocurridas el pasado fin de semana, las cuales contravienen múltiples acuerdos firmados por México y el Estado ecuatoriano. La diplomática recalcó que las convenciones violadas se han respetado incluso en tiempos de guerra.

La incursión en la legación mexicana viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961(Art. 22), la cual establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y obliga al Estado receptor a proteger las instalaciones de la embajada y a no ingresar en ellas sin consentimiento del jefe de la misión diplomática. 

Contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (art. 31), la cual protege la inviolabilidad de los locales consulares y prohíbe el ingreso por la fuerza a las oficinas consulares, y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art.53), por la cual se establecen las normas y principios imperativos de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario.

A su vez, también fue violada la Convención de La Habana de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, que en su artículo 14 establece que los funcionarios diplomáticos son inviolables en su persona, residencia particular u oficial y bienes.