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Déficit cero a cualquier costo, políticas de shock y el vaciamiento del Estado caracterizaron el primer trimestre de Javier Milei como presidente.
Ajuste a las clases medias y sectores populares y represión para quienes protestan. La síntesis de los primeros 100 días del presidente argentino Javier Milei, que pese a sus medidas, conserva su popularidad.
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Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei buscó romper los moldes de los protocolos argentinos. El discurso inaugural de su mandato no lo hizo dentro del Congreso, sino de espaldas a él.
El líder que surgió con un panelista de televisión caracterizado por su facilidad de enojarse y subir el tono de cualquier discusión, mantuvo su estilo al frente del Gobierno. A diario se enfrenta a través de las redes sociales con personajes de la cultura, del arte, de la política o de la economía.
Estas características que podrían considerarse menores, sin embargo, se llevan el centro de la escena mediática argentina, en momentos en que la inflación se mantiene en los dos dígitos, la pobreza se encuentra por encima del 57 por ciento y más de 7 millones de ciudadanos no recibe ingresos como para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.
La solución propuesta y llevada adelante durante su Gobierno es balancear las cuentas a cualquier costo, lo que implica un ajuste en todos los aspectos del Estado, desde la reducción de trabajadores del Estado, hasta el giro de fondos a las provincias o a las universidades.
Área por área, lo que dejan los primeros 100 días de Milei.
Milei, de profesión economista, conformó un mega Ministerio de Economía, que tiene a su cargo los antiguos ministerios de Vivienda, Energía y Minería, Transporte, Obras Públicas, Comunicaciones y Agricultura.
Al frente de esta cartera puso a quien fue ministro de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, y de quien el propio Milei había señalado que “se fumó más de 15.000 millones de dólares de reservas irresponsablemente, ineficientemente”.
Desde el inicio de su gestión al frente del Ministerio recibió total apoyo de Milei y su primera medida fue la de una devaluación del 50 por ciento, lo que implicó una pérdida del valor real de los salarios y de las jubilaciones.
La medida produjo una pronunciada subida de precios que ya acumula de casi un 60 por ciento según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): 25,5 por ciento en diciembre, 20,6 por ciento en enero, 13,2 por ciento en febrero.
Caputo también anunció la suspensión de la pauta oficial, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, el cese del financiamiento para obras públicas y la interrupción de giros no automáticos a las provincias.
Pese a los costos sociales, la administración Milei celebra que el ajuste ha permitido equilibrar las cuentas y lograr tener superávits gemelos, es decir, que tanto las cuentas fiscales como las cuentas comerciales obtuvieron un balance positivo.
El mandatario argentino se ha encargado de dejar claro que desprecia a la clase política, a la cual considera parte de una “casta”. Sin embargo, este desprecio y su discurso confrontativo le ha dificultado su relación tanto con el Congreso, como con las provincias del país, que por Constitución es un Estado federal.
Tras reducir la cantidad de ministerios de 20 a nueve, Milei inició su gestión con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), acción habilitada por la Carta Magna para que en caso de una demostrada crisis que lo amerite, el Ejecutivo pueda tomar atribuciones propias del Poder Legislativo.
El DNU 70/23 de Milei incluyó 366 artículos, que modifican, sustituyen o derogan más de 100 leyes o decretos anteriores. La medida fue resistida en las calles y fue considerada como inconstitucional por la mayoría de los juristas del país. Además, varios de sus artículos más importantes fueron puestos anulados por la Justicia por considerarlos inconstitucional.
En tanto, la otra gran iniciativa legislativa del oficialismo fue el envío al Congreso de la conocida por su extensión como “Ley Ómnibus”. Se trató de un paquete de medidas organizadas en 664 artículos, y que incluía el otorgamiento el otorgamiento de “facultades extraordinarias” al presidente, la privatización de empresas estatales, limitaciones al derecho a la protestas, entre otras.
La propuesta fue aprobada en comisiones y, en el recinto legislativo, se incluyeron varias modificaciones que para Milei eran innegociables, por lo que decidió retirar el proyecto.
El presidente culpó del fracaso del proyecto de Ley a los gobernadores y definió castigarlos con la retención de fondos destinados al pago de salarios y subsidios para las administraciones provinciales. El enfrentamiento escaló y todos los gobernadores firmaron un documento en rechazo de las retenciones del Ejecutivo.
Como corolario de tal pelea, el Senado rechazó el DNU y lo dejó a un paso de perder vigencia. Resta que la Cámara de Diputados se manifieste en el mismo sentido para que se caiga la única decisión vigente hasta el momento.
Milei, tras los traspiés legislativos convocó a los gobernadores a un acuerdo a firmar el próximo 25 de mayo, sin embargo, no hay novedades que marquen avances en ese sentido.
Pese a esto, Milei conserva un índice de aprobación cercana al 50 por ciento.
Durante la campaña, Milei dijo que no haría "negocios con países comunistas", entre los que incluyó al vecino Brasil y a China, principales socios comerciales de Argentina, y calificó a sus dirigentes de "ladrones" y "asesinos". También dijo que daría prioridad a las relaciones con "Estados Unidos, Israel y otros países que defienden la libertad".
En ese sentido, el mandatario visitó Israel en momentos en que Tel Aviv bombardea a la Franja de Gaza causando la muerte de decenas de miles de civiles. A la vez, manifestó su apoyo al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, e incluso transfirió a Kiev dos helicópteros Mi-171Е. En tanto, definió que Argentina no ingresará al bloque de los Brics, tras una larga campaña de la administración anterior para poder hacerlo.
Milei, que se manifestó como admirador de la exprimera ministra británica, Margaret Tatcher, se reunió en el marco del Foro de Davos con el jefe de la diplomacia inglesa, David Cameron.
Según la crónica periodística, ambas naciones intentarán “profundizar los vínculos comerciales”, pese a que la nación europea mantiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas y anunció el desarrollo de un puerto de profundidad en el archipiélago.
Con respecto a Estados Unidos (EE.UU.), el mandatario busca congraciarse con Washington pese a su pública simpatía con el líder republicano, Donald Trump, a quien abrazó con euforia en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de este año. Horas antes de que el presidente argentino diera su discurso en el foro, recibió en la Casa Rosada al secretario de Estado, Antony Blinken.
Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Milei eligió a la economista y exdirectiva del Banco Roela, Diana Mondino. Desde su asunción, la funcionaria estuvo más presente en la opinión pública por sus declaraciones en las redes sociales que por su activa participación en la arena internacional.
Mondino fue responsable de una disputa diplomática con Beijing, luego de haber recibidos donaciones de Taiwán y de filtrarse que la canciller mantuvo un encuentro con representantes de la provincia china. El encuentro le valió la amenaza de retirar el Swap, que garantiza liquidez al Banco Central argentino y además, Beijing decidió paralizar una serie de obras que lleva adelante en el país.
Recientemente, fue iniciada una disputa diplomática con Venezuela, luego de que Buenos Aires decidió entregar la aeronave de esa nación, la cual se mantenía secuestrada en territorio argentino desde mediados de julio de 2022. Por el hecho, Caracas vetó su espacio aéreo a aviones de bandera argentina, hasta que el país compense los daños ocasionados.
Durante su campaña para la Presidencia, el mandatario cuestionó más de una vez a los organismos de Derechos Humanos del país y puso en duda que la cantidad de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar hayan sido 30.000.
Pero Milei no es mayor exponente de la política opuesta al proceso de Memoria, Verdad y Justicia que le valió a la Argentina el reconocimiento internacional. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se presenta como una hija de la familia militar: es hija de un excombatiente de Malvinas y es sobrina de un militar imputado por crímenes de lesa humanidad. Ha reconocido haber visitado al dictador Rafael Videla en prisión y milita por la libertad de los genocidas presos.
La prédica libertaria, en tanto, tuvo un último capítulo este jueves. Según hizo público la agrupación H.I.J.O.S., dos personas ingresaron a la casa de una mujer miembro de la organización, la maniataron, la amenazaron y abusaron de ella. Sin embargo, Milei puso en duda esta denuncia.
Por otra parte, el Ejecutivo decidió el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Además, redujo a Secretaría el Ministerio de la Mujer, prohibió la utilización del lenguaje inclusivo. "Se va a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género", dijo el vocero Manuel Adorni
El Gobierno de Milei decidió emprender un ataque directo contra las organizaciones sociales y la desarrollada estructura organizativa popular argentina. En ese sentido, ni bien asumió la nueva Administración se interrumpió el suministro de alimentos para comedores y merenderos comunitarios.
A su vez, se decidió a desvalorizar el Programa Potencia Trabajo, desacoplando el monto recibido por los trabajadores y trabajadoras de la economía popular del Salario Mínimo Vital y Móvil. Con el alto índice inflacionario argentino, la medida licuo el ingreso de estos sectores. Además, dio de baja a unos 27.000 beneficiarios de dicho plan.
En tanto, las jubilaciones sufren un serio retraso y en la actualidad la jubilación mínima que cobran ronda el equivalente a 100 dólares, con precios que son superiores a lo de economías europeas. Esta situación sumada a la desregulación de precios que se tradujo en aumentos de hasta el 70 por ciento en los seguros médicos y de hasta un 500 por ciento en medicinas.
El antes mencionado DNU dedicaba un capítulo entero a establecer una Reforma Laboral. Entre los puntos planteados por el articulado se encuentra la limitación del derecho a huelga, la reducción de las indemnizaciones por despido, la extensión del periodo de prueba de tres a ocho meses y la creación de la figura de trabajador independiente, que flexibiliza los derechos laborales.
Sin embargo, la Justicia frenó el capítulo entero por considerarlo anticonstitucional, por lo cual no rige en la actualidad hasta en tanto se expida la Corte Suprema de Justicia o el Congreso defina su rechazo definitivo.
Por otro lado, el DNU plantea la desregulación de las obras sociales, seguros de salud a cargo de los sindicatos y que son subsidiados por el Estado en la atención de pacientes crónicos y de alta complejidad. Este aspecto sigue vigente y deja a cada trabajador la posibilidad de elegir entre obra social o el sistema privado, lo que atenta contra el sistema solidario de salud, y habilita a que se rija por el sistema de maximización de ganancias.
En respuesta, las principales organizaciones obreras ya realizaron una huelga general el pasado 24 de enero y, en los últimos días, los principales dirigentes del sector analizan una segunda medida de fuerza similar.
En paralelo, se realizan múltiples huelgas sectoriales en todo el país.
Para los trabajadores del Estado, el 31 de marzo sera una fecha clave, dado que vencen más de 70.000 contratos y coincide con la fecha dada por el Ejecutivo para anunciar una ola de despidos.
La motosierra también avanza contra el presupuesto destinado a educación. El 14 de marzo estuvo protagonizado por paros totales en las 57 universidades nacionales del país, que temen no poder funcionar más allá del mes de mayo debido a un presupuesto congelado. Ahora mismo, estas entidades públicas reciben el mismo cómputo que en 2023, mientras la inflación interanual se situó en el 254,2 por ciento.
En tanto, desde el Gobierno promueven la privatización de la educación. El Ejecutivo oficializó la entrega de vouchers para subsidiar a los colegios privados.
A su vez, se produjo un recorte en el presupuesto destinado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y fueron suspendidos todos los proyectos de estudio, así como también las becas entregadas por el organismo reconocido a nivel internacional por su trabajo.
Recientemente, fue anunciado el cierre de la Agencia Télam y la dispensa de sus 781 trabajadores, al tiempo que se planteó el vaciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
