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El Gobierno argentino busca consolidar el modelo extractivo a través de la cesión de soberanía, beneficios impositivos y garantías jurídicas al expolio.
“Recomiendo invertir en Argentina”, comentó Elon Musk en redes sociales el lunes, tras su segundo encuentro sostenido con el presidente Javier Milei y una nueva foto con los pulgares en alto.
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La recomendación del magnate sudafricano llega en momentos cuando el Ejecutivo argentino avanza en garantizar el marco jurídico reclamado por inversores extranjeros.
Para ello, la Administración Milei impulsa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por el cual el Estado cede soberanía jurídica a tribunales internacionales, al tiempo que se ofrecen importantes beneficios impositivos a los proyectos de inversión que se asienten en el país. El RIGI integra el proyecto de Ley Bases que tuvo la semana pasada el visto bueno de diputados y podría ser sancionado por la Cámara de Senadores en las próximas semanas.
I recommend investing in Argentina https://t.co/DIrcf8TsLN
— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2024
“Me llamó Elon Musk -dijo el presidente argentino, entrevistado en uno de los clásicos programas de la televisión argentina, “Almorzando con Mirta Legrand”- y está sumamente interesado en el litio, y también está muy interesado el Gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de EE.UU. ¿Pero necesitan qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”.
Se trata del mismo marco jurídico que podría ser instaurado de aprobarse la ley aprobada por la Cámara Baja y es también parte de los consensos logrados durante las visitas de funcionarios estadounidenses a la Casa Rosada.
Este tipo de lineamentos no son nuevos para Argentina, que vivió un proceso similar durante elGobierno neoliberal de Carlos Menem en la década del 90.
Una de las aplicaciones más acabadas de este modelo se vio aplicado en la minería y fue caracterizado por un grupo de académicos argentinos como “la recreación geopolítica y económica de asimetrías entre países proveedor es de recursos primarios y países consumidores de bienes ambiente intensivos y, correlativamente, la extranjerización, concentración y reprimarización del aparato productivo interno”.
Según la publicación, el régimen de beneficios y garantías similares al que se pretende aplicar en la actualidad logra grandes inversiones a partir de garantizar grandes retornos a las empresas y poco desarrollo a los países donde se afincan estos capitales. “El resultado es una ecuación financiera simétrica: ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias. Esto permite que coexistan en un mismo territorio empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres”.
El RIGI es uno de los capítulos clave de la Ley Bases de Milei. A contramano de los programas de estímulo a inversiones desarrollados en el mundo, los grandes beneficios tributarios a las empresas se conceden sin ningún requisito de reciprocidad en términos de impulso industrializador y desarrollo tecnológico. Para el periodista económico, Alfredo Zaiat, esta situación “condena al país a la desindustrialización y el subdesarrollo”.
En sus 12 capítulos, el régimen congela por 30 años las reglas establecidas por la ley, con el argumento de consagrar una estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria.
En cuanto a los beneficios impositivos, reduce las cargas tributarias del impuesto a las ganancias. Mientras que en materia aduanera, el RIGI exime de derechos de importación a los proyectos de inversión y prohíbe la aplicación de restricciones a las exportaciones para las empresas beneficiadas.
A su vez, se flexibilizan los controles fiscales y jurídicos sobre los fondos de inversión, lo cual podría convertir a Argentina en una guarida o paraíso fiscal. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización internacional integrada por las principales potencias de Occidente y Japón, advirtió recientemente sobre los peligros que podría provocar este tipo de políticas.
"Organizaciones criminales como los cárteles de la droga, las maras, los tratantes de personas y material genético, de armas o terroristas entre otras, entenderían esta vulnerabilidad legislativa como una ventana de oportunidad para invertir o lavar dinero ensangrentado", avisó el GAFI en un documento filtrado a medios locales, en momentos en que la organización se encuentra revisando el comportamiento del país con respecto al lavado de activos.
En tanto, la principal cesión de soberanía que puede implicar este proyecto de ley es el sometimiento a un arbitraje internacional en caso de pleito con los inversores. De esta manera, el texto legislativo delega la potestad del Estado argentino de someter a derecho a las empresas en organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el cual es mencionado explícitamente.
El Ciadi es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington, EE.UU., que no es imparcial, y la mayoría de los fallos en su historial se inclinan a favor de multinacionales y en contra de los países periféricos demandados.
El tribunal no se rige por instituciones democráticas, sino que la composición depende del mundo empresarial, por lo cual es definido por el lobby de las grandes multinacionales.
A su vez, en este tipo de tribunales, los Estados tienen todas las de perder. En caso de fallo desfavorable, los Estados no pueden apelar a un órgano superior. Además, es un arbitraje no recíproco, en el que una de las partes (inversores) reclama y sólo otra (Estados) puede ser condenada por supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversión, en este caso el RIGI.
El antecedente más emblemático de un fallo de una entidad como el Ciadi, fue el que contrarió la sentencia de la Justicia ecuatoriana en septiembre de 2018. Los tribunales del país suramericano condenaron a Texaco Chevron al pago de 9.500 millones de dólares en concepto de reparaciones por el mayor derrame petrolero de la historia que tuvo lugar en la Amazonía.
Sin embargo, la multinacional apeló al arbitraje del Tribunal Arbitral Internacional de La Haya, el cual condenó al Estado de Ecuador a resarcir por un monto de 2.000 millones de dólares a la petrolera, liberándola de todo cargo por el daño ambiental ocasionado.
De la mano con la seguridad jurídica para la explotación de los recursos naturales argentinos, también se avanzó en la entrega del control de las vías de comercialización marítima y fluvial, además de eliminarse las restricciones en cuanto a la posibilidad de adueñarse del activo más importante del país suramericano-antártico, la tierra.
A poco de asumido como presidente, Milei derogó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la Ley 26737/12, que establecía un límite del 15 por ciento a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, limita la posesión de las tierras rurales de un mismo titular extranjero a no más de mil hectáreas y prohíbe la titularidad o posesión de inmuebles por parte de las personas extranjeras cuando contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y en zonas de seguridad de frontera.
En cuanto al control del comercio exterior, el libertario aprobó los planes uruguayos de ampliación del puerto de Montevideo, en detrimento del Canal Magdalena y los puertos nacionales. De esta manera, un país bicontinental como Argentina, con más de 4.500 kilómetros (km) de costa y una de las principales rutas fluviales de comercialización del mundo, dependerá de un puerto de aguas profundas y un canal de acceso extranjeros.
La subordinación culminaría de concretarse si se llevaran a cabo los compromisos asumidos por la administración argentina con ingenieros militares estadounidenses, entre los cuales se firmó una carta de intención para habilitar la instalación de militares de ese país en el Río Paraná, por donde circula cerca del 80 por ciento de los bienes exportables del país.
