Trama detrás del secuestro y destrucción del avión de Emtrasur

Finalmente, el desmantelamiento del Boeing 747-300M de la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (Emtrasur) embargado por solicitud de un juzgado estadounidense fue desguazado.

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En las últimas horas del pasado 28 de febrero, se difundieron imágenes que muestran su desguace, dando por finalizado el derrotero del avión que permaneció retenido en Buenos Aires (Argentina) por casi dos años hasta que fue ejecutada la confiscación de parte del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), país hacia el que partió el 12 de febrero pasado.

“Fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante: en un aeropuerto de Miami, en la Florida, el imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Emtrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado”, dijo el presidente Nicolás Maduro este jueves, ante una masiva movilización convocada en la capital venezolana, Caracas. ”Le quitaron el color de la bandera, (...) le borraron el nombre de Emtrasur y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos”, continuó.

Previamente, el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velásquez, acusó al Gobierno de EE.UU. de realizar una operación psicológica contra el pueblo venezolano. “ La demolición de un avión de Emtrasur, ocurrida ayer, se llevó a cabo con la intención de desmoralizar a los venezolanos y poner de manifiesto el carácter imperial de Washington”, escribió Velásquez en la red social X, antes Twitter.

Por su parte, la Cancillería del país caribeño denunció “la violación a las normas del Derecho Internacional por parte del Gobierno estadounidense y argentino, los cuales perpetraron el robo del avión de Emtrasur, en flagrante desconocimiento de las disposiciones del Convenio de Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago el 07 de diciembre de 1944, en sus artículos relativos e incluso colocaron en riesgo la seguridad aeronáutica, lo que lo convierte en el acto de piratería más miserable de la historia en nuestra región”.

“La República Bolivariana de Venezuela efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten como país soberano en la defensa de sus bienes patrimoniales”, añadió.

¿Cómo inició todo?

5 de junio de 2022, el avión modelo Boeing 747-300M partió desde Querétaro, México, con el conocimiento de la Agencia Federal de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Migración y todas las autoridades pertinentes, con un cargamento de repuestos transportados a solicitud de la empresa Volkswagen. Al día siguiente, tras un paso por Córdoba, la aeronave aterrizó en Buenos Aires, donde al intentar reponer combustible, la empresa Shell se negó a cumplir con el contrato, anteriormente prepagado, para surtir combustible a la aeronave en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En consecuencia, la tripulación intentó llegar a Uruguay el día 8 de junio con el fin de cargar combustible. Sin embargo, Montevideo revocó el permiso que autorizaba al avión sobrevolar el espacio aéreo uruguayo y el avión debió aterrizar nuevamente en Buenos Aires, donde quedó varado hasta el este año.

Según la periodista argentina, Stella Calloni, “desde el Ministerio del Interior de Paraguay (...) habían comunicado a su par de Uruguay que este avión podía tener “terroristas” a bordo. Indagando luego, varios investigadores conocieron que este informe llegó de la inteligencia israelí, cuya presencia en  territorio paraguayo es cada vez más importante”.

De vuelta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, principal aeropuerto de Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones retuvo los pasaportes de la tripulación y autorizó su estancia provisoria, lo que no implicaba su ingreso legal al país. A su vez, sin que hubiera acusación alguna ni se mencionara un delito, el juez federal Federico Villena ordenó un operativo para secuestrar los celulares de los 14 venezolanos y los cinco iraníes que integraban la tripulación.

El megaoperativo fue cubierto por los medios de comunicación hegemónicos, que iniciaron una campaña de vinculación de la aeronave a un supuesto plan terrorista internacional. En paralelo, la Delegación de Asociaciones israelita- Argentina (DAIA), y los dirigentes de ultraderecha, Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, se presentaron en la Justicia aduciendo que el vuelo podía esconder una operación terrorista.

El lunes 13 de junio, el entonces ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, reconoció que al momento de ingresar a Argentina inicialmente no existían alertas rojas ni ningún tipo de medida similar en contra de ninguno de los tripulantes, y agregó que el procedimiento se inició por pedido “de organismos internacionales” que advertían sobre "la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con las Fuerzas Quds", división de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

No hay delito

En tanto, el propio Fernández expresaría a la prensa el día 17 de junio que tras una inspección de la carga y del avión en general, las autoridades no encontraron ningún hallazgo de interés. "El resultado del análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas", expresó.

A su vez, el juez federal Federico Villena, a cargo de la investigación, no encontró ninguna evidencia que relacionara a la tripulación con actos de terrorismo islámico o espionaje ilegal, a partir del contenido de los teléfonos y documentos retenidos en el allanamiento —que fue ordenado el 14 de junio—.

En lo concreto, se demostró que el avión de Emtrasur no fue contratado por una organización terrorista sino por Faurecia, proveedora de Volkswagen y la novena fabricante de autopartes del mundo, a través de un intermediario, Forwarder Fracht USA.

En el momento de su incautación, a las autoridades argentinas les llamó la atención que la tripulación era mucho mayor a la requerida para vuelos de estas. Sin embargo, no es inhabitual en empresas cargueras chicas que necesitan recambiar tripulaciones. Además, la compra de la aeronave, como figura en el contrato, incluía un convenio de asistencia técnica, o sea que los tripulantes iraníes cumplían tareas de adiestramiento de los venezolanos a bordo.

En tanto, la denuncia realizada por EE.UU. de que el piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, había sido miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, fue descartada desde un primer momento, ya que Migraciones señaló que tenía diez años menos que su homónimo.

Finalmente, el 27 de junio el juez Villena decidió la devolución de los teléfonos a los 14 miembros de la tripulación de origen venezolano por no contar con elementos contundentes para su acusación. El mes siguiente, el magistrado ordenó liberar la carga —autopartes de Volkswagen— de la aeronave y el 2 de agosto de 2022, fue autorizada la salida de Argentina y devolución de pasaportes a 12 de los tripulantes, 11 venezolanos y un iraní. Sin embargo, deberían esperar hasta octubre para salir del país.

Sin embargo, la fiscal de la Nación, Cecilia Incardona, apeló el fallo del juez Villena alegando que aún faltaban realizar medidas de prueba contra el personal a bordo. La acción de la fiscal retrasó la repatriación de la tripulación, que deberían esperar hasta septiembre en el caso de 14 de ellos, y hasta el 14 de octubre los cinco restantes. Todos ellos estuvieron más de cuatro meses retenidos sin que se los haya acusado de ningún delito.

Una nueva carga

El mismo día que Villena señaló que no se contaba con elementos para continuar con la investigación contra la tripulación, el Departamento de Justicia de EE.UU. transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para la incautación del avión Boeing 747, orden proveniente del Tribunal del Distrito de Columbia.

La medida llegó en cumplimiento de la orden de incautación solicitada el 19 de julio por el Tribunal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), encabezado por el juez Michael Harvey. El tribunal alegó que “el avión está sujeto a decomiso con base en violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air”.

En tanto, el 11 de agosto de 2022,  en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con EE.UU., aprobado por la ley 24.034, el juez Villena accedió al pedido de ese país de incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza.

La medida fue apelada por la defensa de Emtrasur, en base a que el tratado en el que se fundamentó el fallo de Villena es de naturaleza penal, por lo que el pedido de incautación quedaba al margen del caso en cuestión.

Sin embargo, según trascendió en la prensa local, el juez negó in limine el recurso, es decir, ni siquiera se admitió discusión por considerar que la presentación del abogado no se ajustaba a Derecho.

Los abogados argentinos, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, que representan a Venezuela y a Emtrasur en el proceso señalaron que la maniobra de Villena buscaba privar, ilegalmente, a la República Bolivariana de su derecho legítimo a defender a sus ciudadanos retenidos y sus intereses comerciales, al tratarse de un avión de envergadura que venía ejerciendo labores humanitarias de importancia.

En un gris

Mientras las acciones judiciales siguieron su curso en la Cámara de Apelaciones de La Plata, que finalmente tampoco dio lugar a la defensa, el destino de la aeronave siguió con orden de incautación. Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández definió posicionarse en una instancia intermedia entre el Gobierno de Venezuela y EE.UU., por lo que no convalidó el decomiso, pero tampoco ordenó la restitución del Boing 747 a territorio venezolano.

En tanto, en mayo de 2023, el juez federal estadounidense, Randolph Moss, ordenó el decomiso “definitivo” de la aeronave cuando se estaba por cumplir un año de su secuestro. Sin embargo, no sería hasta el 29 de diciembre de 2023, con Javier Milei como presidente de Argentina, que Villena decidió que se cumpliera el decomiso ordenado por la Justicia de EE.UU. del Boeing 747-300, número de matrícula YV-3531.

En consecuencia, el pasado 11 de febrero y pese a que aún estaba pendiente una audiencia judicial para el 19 de ese mes, el Ejecutivo argentino transfirió la custodia física de la aeronave a EE.UU. de conformidad con la orden final de decomiso, que fue emitida por ese país.

En la madrugada del lunes aterrizó en EE.UU., en un aeropuerto de la Florida, Dade-Collier, antes del mediodía. Finalmente, la aeronave fue almacenada y desmantelada en el Aeropuerto de Transición y Entrenamiento Dade-Collier (TNT), ubicada a 58 kilómetros de la ciudad de Miami.

Robo descarado

La acción fue señalada por el canciller venezolano Yván Gil como un “robo descarado”,  al tiempo que denunció “la confabulación entre los Gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Argentina, quienes de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región”.

De hecho, el decomiso fue realizado sin que existiera ninguna investigación penal en curso, dado que la propia Justicia argentina descartó cualquier vinculación de la tripulación o del avión con actos de terrorismo.

El juez Randolph Moss basó su decisión en una supuesta violación a una norma del Departamento de Comercio norteamericano: un aparato fabricado en EE.UU. no se puede transferir sin autorización de ese país y el 747-300 -avión en desuso, de operación carísima-, pasó de su comprador original, Francia, a Irán, y de Irán a Venezuela.

En tanto, como detalla el periodista argentino Raúl Koleman, “las normas de EE.UU. no constituyen delito en la Argentina y por lo tanto había margen para rechazar el decomiso pedido por Washington. Pero la Casa Rosada, obviamente, decidió obedecer a la Casa Blanca”.

Para Stella Calloni, el robo de la aeronave “se une a todo lo que ha sido robado a Venezuela, entre ellos además de Citgo,  los fondos millonarios en bancos estadounidense y en otros países a instancias de EE.UU., mientras que el Tribunal Supremo británico resolvió en 2020 quedarse con mil millones de dólares en oro venezolano puestos a resguardo en el Banco de Inglaterra, cuando se veía un fortalecimiento del Gobierno de Maduro y aún circulaba el supuesto autoproclamado presidente Juan Guaidó”.