Claves del conflicto por elección del fiscal general en Colombia

A semanas de la salida de Francisco Barbosa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la Corte Suprema de Justicia aún no ha dado su aprobación a ninguna de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

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El pasado jueves, el máximo tribunal sumó el tercer intento fallido para definir el relevo y la postergación incrementa la crisis institucional en el país. Algo que algunos magistrados parecen comprender, pues la última votación estuvo cerca de definir la sucesión y, Amalia Pérez, obtuvo 13 de los 16 votos necesarios para ser nombrada como fiscal general.

Mientras tanto, ocupa la jefatura de los fiscales de forma interina Martha Mancera, mano derecha de Barbosa. Esto ha sido rechazado por el Pacto Histórico y organizaciones afines por considerar que es parte de la estrategia del exfiscal para mantener el control de la institución.

De hecho, Barbosa manifestó que Martha Mancera tiene el apoyo de Estados Unidos (EE.UU.) si la Corte Suprema no elige un nuevo fiscal. El mensaje, dirigido al máximo tribunal, lo realizó tras una visita al Departamento de Justicia estadounidense a finales de enero.

Antes de dejar su cargo, Barbosa inició una investigación por supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del ahora presidente. La iniciativa fue señalada por el mandatario colombiano como “una seria ruptura constitucional", dado que la iniciativa del exfiscal tiene por objetivo acusar al jefe de Estado, lo cual es contrario a la Constitución del país suramericano.

“En el país, las competencias para investigar al presidente las tiene la Comisión de Ética y Acusaciones del Congreso de la República. De ninguna manera el fiscal es una autoridad competente para hacer investigaciones al presidente”, expresó a teleSUR la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez.

El fiscal Barbosa y la “ñeñepolítica”

Francisco Barbosa fue nombrado en 2020 al frente de la Fiscalía General. Su elección fue cuestionada, por sostener una amistad con el entonces presidente Iván Duque. Los señalamientos se dirigían en aquel momento a la falta de imparcialidad que tendría Barbosa en ocasión de investigar a Duque. Él se encargaría de demostrar que tales premoniciones serían fundamentadas.

Un ejemplo de su rol al frente de la institución fue su actuación ante la filtración de alrededor de 1.500 audios del líder narco, José Miguel Hernández, conocido como el “Ñeñe Hernández”. En alguno de los tantos llamados dados a conocer, el terrateniente vinculado al paramilitarismo señala que "hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa" a la campaña del Centro Democrático, partido que llevó a Duque a la Presidencia.

Sin embargo, el caso conocido como el de la “Ñeñepolítica”, y que entre otros aspectos abarcaba la financiación ilegal de la campaña presidencial de Duque en 2018, estuvo prácticamente paralizada. La investigación a cargo de la Fiscalía General terminó siendo archivada.

Así mismo, la Fiscalía a cargo de Barbosa solicitó en reiteradas ocasiones el cierre de investigaciones en curso contra el exmandatario Álvaro Uribe. Uno de estos procesos fue el caso de manipulación de testigos, en la investigación por los vínculos con paramilitares de Uribe, para el cual Barbosa nombró a un fiscal de su mayor confianza, Gabriel Jaimes.

El rol de la Fiscalía en ese caso fue el de insistir en el cierre del caso contra Uribe por falta de pruebas; sin embargo, la jueza Carmen Ortiz prosiguió con el juicio. “Resulta claro que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”, sentenció Ortiz.

Más allá de eso, su función frente a la Procuraduría tampoco se destacó en sus logros. Entre 2010 y 2023, sobre un total de 57.582 procesos por delitos asociados a corrupción, el 94 por ciento de los casos no recibió ninguna condena y el 87,7 por ciento de los casos permanecen “completamente impunes”. Esto según un informe publicado por la Secretaría de Transparencia, tras analizar las actuaciones de la Fiscalía entre los años 2010 y 2023.

El ataque contra Petro

El pasado 22 de enero, funcionarios de la Fiscalía realizaron un allanamiento a la sede de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Según la hipótesis de la investigación, Fecode habría financiado de manera ilegal la campaña del ahora presidente, Gustavo Petro.

Dos días más tarde, el mandatario atrajo la atención sobre lo ocurrido al expresar que “el allanamiento de una organización de trabajadores, buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la Presidencia. No estamos ante cualquier cosa”. Petro, que en el pasado había señalado la puesta en marcha de un “golpe blando”, denunció una maniobra que, de avanzar, podría llegar a un juicio político en el Parlamento, en donde una mayoría opositora debería definir su continuidad al frente del Ejecutivo.

“Siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico”, expresó en ese momento el mandatario.

En tanto, el jefe de Estado colombiano apeló al apoyo popular para enfrentar lo que consideró un último intento de Barbosa de “golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores”. Y solicitó a través de la red social x configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares para “alistar jornadas de una muy grande y profunda movilización para defender el voto popular". Al tiempo que agregó "los golpes se responden desde las instituciones democráticas, desde la ley y la justicia y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia".

7 de marzo

El próximo capítulo de la disputa por la Fiscalía General será el próximo 7 de marzo. Ese día se reunirá por cuarta vez la Sala Plena para definir quién ocupará el cargo al que están aspirando, desde hace más de cinco meses, las ternadas Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.

Si no hay sorpresas, la elegida sería la abogada Amalia Pérez. Exiliada en Canadá desde hace 20 años, escapó de Colombia tras ser amenazada por sus avances dentro de la Fiscalía que tenía a cargo la investigación de varias de las masacres más atroces de fines del siglo XX, y a cabecillas de los grupos paramilitares. En 2003, Pérez decidió abandonar el país debido a discrepancias con el entonces fiscal general, Camilo Osorio, y amenazas a su seguridad. De hecho, varios de sus compañeros fueron asesinados debido al trabajo que desarrollaban.

Martha Manecera, mientras tanto, sigue al frente del órgano investigativo como interina y diferentes sectores sociales han manifestado su descontento ante esta situación. Sin embargo, al no tener un límite de tiempo establecido para elegir, la Corte puede tomar el que considere. En 2020, tomó cinco sesiones para elegir al fiscal general.

En tanto, persisten las manifestaciones en solicitud de una pronta definición y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a la Corte a concluir el proceso lo más rápido posible.