Milagro Sala: la esencia que la mantiene viva

Milagro Sala contempla la injusticia, desde el barrio Cuyaya de la capital jujeña.

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Endeble de salud, aquejada de una trombosis venosa profunda, la dirigente de la Tupac Amaru y presa política, lamenta profundamente la violenta represión a lo largo y ancho de Jujuy. 

Desde aquí los defensores de Sala, denunciaron un nuevo episodio de persecución por parte del Gobierno provincial y del gobernador de Jujuy. El actual precandidato a vicepresidente de la nación -en la interna- de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, anunció su intención de “cambiarle la vida a todos los argentinos”, tema que los originarios de Jujuy entienden muy bien cómo.

Aun enferma, no baja la cabeza

La dirigente de 59 años continúa bajo arresto domiciliario, en medio de la persecución política del Gobierno de Gerardo Morales, que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, busca que sea trasladada a una cárcel común de Jujuy.

Frente a ello, Milagro Sala dijo que no bajará los brazos. A quien se lo quitan todo, le queda la dignidad. A pesar de todo, nunca abandonará la lucha: -“Cueste lo que cueste”, y recordó a su hijo, recientemente fallecido, como un militante que cada vez que la veía golpeada, le daba ánimo.

 “Aprendí a luchar. Me cuestan muchas cosas, seguir afrontándolas, seguir resistiendo. Como le dije a mi hijo, prometo que nunca me van a ver con la cabeza agachada. Lloraré todo lo que tenga que llorar, pero no voy a bajar los brazos. No me van a ver quebrada”.

Sergio Esteban Chorolque Sala, militante peronista Kirchnerista y de la organización Barrial Tupac Amaru, uno de los dos hijos de Milagro Sala -junto con Claudia Elizabeth Chorolque Sala- murió el 24 de enero del 2023, a los 37 años de edad. Con una salud deteriorada por la diabetes, sufrió una "muerte súbita de origen cardíaco". Su cuerpo fue hallado en su casa, situada en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

Actualmente “la situación de salud de Milagro, como se sabe, es endeble", fue internada en varias ocasiones. "Las juntas médicas se realizan, primero, en su casa. Y segundo, con el tiempo suficiente para que ella se prepare. Esta vez fue algo inesperado”, puntualizó su abogado Marcos Aldazabal, ante una repentina orden judicial contra Milagro.

“Hay una situación de hostigamiento, de querer volver a ponerla en la tapa de los diarios, volver a ponerla a la luz pública. Eso nos preocupa. Hacemos todo lo posible para que se respeten todos sus derechos”. “Se la quiere responsabilizar de un montón de situaciones de las que, obviamente, no tiene nada que ver”.

Esta precisión tiene que ver con que, a poco más de una semana de la brutal represión desatada en Jujuy, por el avance de una reforma constitucional inconsulta y de espaldas a la sociedad, el gobernador Morales -aliado de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, 2015​ y 2019- le echó la culpa de la represión a la propia Milagros Sala.

El equipo de abogados de Milagro llama a estar alerta frente a esta situación. Por eso, Elizabeth Gómez Alcorta, otra de las abogadas de Sala y la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina entre 2019 y 2022, dijo que sólo fueron informados de esta medida, unas horas antes y que "siempre las juntas médicas se hicieron en su casa, porque es lo que sus médicos recomiendan".

Al tiempo, Gómez Alcorta aseguró en su cuenta de Twitter que “esta es la respuesta de Gerardo Morales a la dignidad de un pueblo, el feroz hostigamiento a una de sus dirigentes".

Entre tanto, el Gobierno argentino exige una investigación oficial sobre la represión en Jujuy, ante lo que la portavoz Gabriela Cerruti, precisó que el presidente Alberto Fernández “sigue muy de cerca la situación” y ha indicado al ministro de Justicia, Martín Soria, presente ante la Corte Suprema de Justicia, una acción declarativa inconstitucional de la Constitución de Jujuy.

Ante la posibilidad de que Sala sea enviada a una cárcel común, como parte de la persecución judicial por el Gobierno local, las organizaciones de derechos humanos de la provincia argentina de Jujuy establecen su denuncia porque Sala fue trasladada desde su domicilio en Jujuy para una junta médica "sin una orden judicial", señalado como ilegal por su equipo letrado.

La solicitud de traslado fue realizada por el fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, al considerar que la dirigente social debe dejar su prisión domiciliaria, tras la confirmación de la Corte Suprema de su condena a 13 años, por el delito de "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión".

La nueva orden contra Milagro Sala fue hecha con el patrocinio del procurador general, Luis Albesa, por lo que la Fiscalía solicitó el traslado de Sala a cárcel común del Servicio Penitenciario “para el cumplimiento de la condena”.

Sala, detenida en prisión domiciliaria, fue trasladada hasta la dependencia del Poder Judicial, aunque por la mediación de sus abogados, finalmente no se le realizó la evaluación médica y retornó a su domicilio en la capital jujeña.

La causa judicial

La luchadora social Milagro Sala, nació en el mismo San Salvador de Jujuy (Argentina) en 1954, y fue diputada del Parlasur desde 2015, por el Frente para la Victoria.

Tras un allanamiento en su residencia el 16 de enero de 2016, fue detenida y trasladada a la comisaría de la Mujer y bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, la acusaron de organizar una manifestación, en la que no estuvo presente. La causa judicial en su contra empezó en 2009, a partir de una protesta social contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Ante del arresto de Milagro Sala, otras organizaciones se opusieron al gobernador Morales, quien decretó que las organizaciones sociales que no se reempadronaran, perderían sus beneficios sociales y su personería jurídica.

El problema fue que la detención de Sala se convirtió en mucho más que un conflicto regional y Milagro no lo cree casual. "Esto me hace acordar cuando hace más de 500 años vinieron los colonizadores, invadieron nuestras tierras, nos robaron, nos masacraron, nos robaron el oro y todo se lo llevaron para Europa".

También explica que la conquista no fue sólo saqueo, sino que también robaron la cultura, la historia e intentaron someter a los pueblos originarios. "Quisieron que nuestros hermanos caciques agacharan la cabeza. Pero no pudieron", afirmó Milagro en aquel momento.

Por la defensa de la líder social hay un componente de solidaridad activo. Se sumaron Comités por la libertad de Milagro Sala, constituidos en Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Suecia, Suiza, Argentina y otros países, en reclamo contra la detención injusta de la líder social jujeña y otras integrantes de la Tupac Amaru. Su caso ha sido denunciado tanto por organismos locales como internacionales, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por medio de la agrupación Túpac Amaru, creada en 2004 a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres, surgió el aliento para la construcción de viviendas, pero en lugar de recurrir a una empresa especializada, decidieron formar a los propios pobladores para la tarea.

El dinero que recibían los pobladores, les rendía. Cuentan que se involucraron casi 100.000 personas, un 10 por ciento de la población de Jujuy. Entre todos, construyeron más de 8.000 viviendas sociales, en una zona llamada Cantri Túpac Amaru. Allí hay escuelas, comedores, piscinas, centros ambulatorios, teatros, fábricas.

Convertida en cooperativa, la entidad generó fuentes de trabajo, brindó cursos de capacitación, produjo sus propios insumos y un excedente monetario, dedicado a la creación de centros de atención sanitaria, escuelas, espacios públicos de recreación. Entonces la líder Túpac Amaru, junto a otras organizaciones sociales, convirtieron a las cooperativas en el tercer empleador de Jujuy, detrás de la administración de Gobierno y de los ingenios azucareros. Toda una amenaza para el poder.

Además, en su momento, Sala ha narrado a medios locales cómo fue tomada una propuesta realizada por el expresidente Néstor Kirchner para construir viviendas mediante una organización popular.

A pesar de un fallo judicial previo que la absolvió, la militante sigue aún detenida en su casa, debido a una cadena de acusaciones impulsadas por el poder provincial, creador de una maraña judicial que -hasta el momento- no ha encontrado resolución. 

En diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 13 años de cárcel contra Sala, rechazando un recurso presentado por su defensa. “Esta sentencia ya la tenían y estaban viendo el momento justo para largarla”, declaró Sala a un medio local tras conocerse la decisión.

Según sus defensores y adherentes, Sala cometió el peor de los “crímenes” en una provincia como Jujuy, señalando que la indefensión de la población de su pueblo, obedece a intereses económicos de la clase dominante y conservadora local.

“Me da mucha bronca porque no puedo defender a los compañeros", ha dicho Milagro. "No puedo estar en la calle defendiendo a mi Patria, no puedo defender a los que menos tienen, lo que sabía hacer antes. Esa es la indignación que tengo". "La única lucha que puede salvar a nuestro pueblo es estando en la calle y la unidad del campo popular".

El valle de Jujuy

Jujuye, como fue conocida, es una de las zonas más pobres de Argentina.

Originalmente fue un pueblo indígena sedentario, que dio su nombre al valle de Jujuy, en el norte de la actual República Argentina, San Salvador de Jujuy. Hasta hoy, en esas tierras trabajan miles de campesinos de origen indígena, como Milagro.

Allí vivían en comunidad los pueblos originarios, quienes opusieron una tenaz resistencia a la llegada de los invasores españoles. Así se fundó la ciudad de Salta, durante las campañas bélicas contra los nativos en 1582. Eligieron la zona fértil ubicada entre los ríos Grande y Xibi-Xibi y constituyeron la ciudad de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy, el 19 de abril de 1593.

Durante décadas, la producción agrícola sobre todo de caña de azúcar, estuvo controlada por grandes propietarios. Tiempo en que varias comunidades originarias se han opuesto a Gobiernos locales cómplices de la explotación, por parte de empresas inmobiliarias y mineras, en zonas de la reserva ecológica.

Habría que preguntarse por qué los conflictos sindicales, han sido más beligerantes que en el resto del país. En Jujuy existen altas cifras de indigencia. Suman el 37,8 por ciento de habitantes en la pobreza y el 28,2 por ciento de los hogares no cubren la canasta básica total de 37.023 pesos, según la Dirección Provincial de Estadística y Censos Provincia de Jujuy (Dipec).

No satisfacen ingresos para la canasta básica familiar, valuada en 16.346 pesos -unos 180 dólares estadounidenses- para una familia de cuatro integrantes, según datos expuestos en el 2020. Agravado para el 52 por ciento de los habitantes que se sostienen de labores informales y al menos, 43.000 cuentapropistas no registrados, que viven de lo que puedan hacer en el día a día.

Mientras se agudiza la situación social, el gobernador Gerardo Morales quiere identificar con su laboratorio represivo, a todos los opositores.

Cuentan la intromisión de la policía y los funcionarios judiciales en la intimidad de la comunicación de los detenidos del 17 de junio del 2023, en el corte de ruta en Purmamarca. Igualmente  la intervención de sus teléfonos celulares. Muchos de los arrestados, fueron por delitos tales como, "entorpecimiento de transportes y servicios". Incluso, dos periodistas vieron vulnerado su derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Fueron detenidos, imputados y vejados, al abrir los celulares de los periodistas Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Haro Galli, de El submarino.

“Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. El artículo 43 de la Constitución Nacional, establece claramente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

No es casual que la evidencia de la actual represión, confirme las denuncias de Milagro Sala.

Las imputaciones deliberadas en el sistema procesal penal de Jujuy, permiten que la Fiscalía secuestre personas y manipula evidencias. Hacen lo que quieran sin orden judicial y luego, el juez resuelve si está bien o mal.

“El único sentido de esta medida, es avanzar en la persecución a las organizaciones sociales y políticas, que siempre ha guiado al gobierno de Morales; y demuestra que el proceso no tiene un elemental grado de imparcialidad", dijo la diputada y precandidata del FIT-U, Myriam Bregman.

Esta vez, el detonante tuvo lugar durante una madrugada de un viernes reciente, cuando se aprobó en Jujuy una reforma de la Constitución local que establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas”. Igualmente limita “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia. Obviamente, fue repelido en las calles por los manifestantes.

Las comunidades indígenas de Jujuy, que constituyen el 7,8 por ciento de la población de la provincia, se ven afectadas con esta reforma constitucional. Por tanto, la reacción ha sido de repudio y los manifestantes -reprimidos, heridos y detenidos- piden la renuncia de Morales.

Aun así, Gerardo Morales es aspirante al poder de Argentina, con una coalición opositora al Gobierno actual; y como, dos y dos son cuatro: culpa a la izquierda social por la violencia en las manifestaciones de su provincia.

Actualmente, además de las movilizaciones diarias, se han realizado varios cortes de rutas en la Quebrada y la Puna. “Durante la mañana nos tenían rodeados apuntando con armas” y con policías a caballo en una situación en que ya nos reprimían. Cada vez que nos levantábamos para marchar con nuestros carteles y banderas, ellos se ponían en guardia para amedrentarnos”, comentó un obrero agrícola. “Decimos no a la reforma de la Constitución”, porque una ley de esta naturaleza “tiene que ser para dar más derecho, no para quitar”, insistió.

 “Tenemos derecho a manifestarnos y también a que la gente circule. No estamos haciendo un corte total, es un corte parcial. Vamos a definir en asamblea sobre la permanencia”, abundó otra trabajadora rural.

“¿Dónde quedamos nosotros -los que no tienen títulos de propiedad de las tierras en las que siempre han vivido- somos tercera, cuarta generación que vivimos en esa posesión. Nosotros damos trabajo, y no se olvide Morales que más de 700 familias lo votamos y nos dijo que nos iba a ayudar”. Insistió Edgardo Arrueta, gaucho de la zona de El Pongo. “Pedimos al pueblo que nos ayude, que no tengan miedo, salgan a pelear por nuestra patria”, agregó el representante de la recién constituida Multisectorial de resistencia contra Morales.

Mientras, las protestas se multiplican en el territorio provincial, la mirada de Milagro Sala desde la injusta prisión domiciliaria en Jujuy, sigue puesta en la esencia que la mantiene viva: la lucha contra la injusticia social.

El mensaje del gobernador y la coalición derechista en campaña fue el abusivo allanamiento de la casa de la lideresa.