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El Tribunal Constitucional (TC) suspendió este martes Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república catalana, aprobada la pasada semana por el Parlamento catalán.
Está ley con la coalición de partidos independentistas Junt por Sí y la CUP quieren consumar la ruptura de Cataluña del resto de España si gana el 'sí' en el referendo del 1 de octubre.
Esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) por haber admitido los recursos presentados por el Gobierno español: contra la Ley del Referendo, la convocatoria de la consulta, la creación de la sindicatura Electoral y el decreto por el que se toman medidas para organizar el plebiscito.
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La anulación de la norma por los recursos presentados durará cinco meses aproximadamente, y son percibidos como una amenaza a los preceptos democráticos que se hicieron en España desde 1978.
La Ley de Transitoriedad
Es una norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, que servirá como referencia mientras se estuviera redactando la Constitución de Cataluña, para poner punto final a la independencia de esta región del resto de España
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Puntos fundamentales
La ley estaría en vigencia por un año mientras se concebía la Constitución catalana y luego llamar a las elecciones en la posible República, declarando de esta manera su independencia.
Acuerdos y soberanía
La supuesta República catalana sería de derecho, social y democrática, dando al pueblo de cataluña soberanía plena. Se mantendrían los acuerdos internacionales y las normas establecidas por la Unión Europea (UE).
También se pudieran sostener los estatutos de la Constitución española que no refuten la Ley de Transitoriedad, así como volverles a dar el marco legal a todas las leyes que fueron rechazadas o suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).
El presidente de la Generalitat sería Jefe de Estado, se expulsaría el Ejército hasta la creación del propio, y mantendrían el control de aduanas como también las fronteras.
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Nacionalidad
Se establece del mismo modo que la ciudadanía la podrá obtener todo español que fue censado en Cataluña antes de 31 de diciembre de 2016, con el derecho de mantener la nacionalidad española, como también poder renunciar a la misma.
Nuevos órganos
Uno de los dictámenes más decisivos es la suplencia del Tribunal Supremo (TS) por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), así como la del Tribunal Constitucional (TC) por la Sala de Garanties.
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La Sala de Garanties se harían cargo de los recursos de amparo, los cuales estaban custodiados por el Alto Tribunal antes de su independencia. Así como también tendrían la obligación de llevar los recursos electorales y los conflictos de jurisdicción.
La Sindicatura Electoral de Cataluña será el órgano responsable de garantizar la objetividad de todos procesos electorales en Cataluña. En la ley del referendo, la institución estará formada por siete miembros elegidos por el Parlament, cinco serán juristas y dos jueces. También se crea la Sindicatura Electoral de Arán y las sindicaturas electorales comarcales.
Cargos institucionales
El Consejo de Garantías Estatutarias se convierte en Consejo de Garantías Democráticas. Aunque esta Ley establezca una fractura en el sistema legal, los puestos de los actuales jueces, letrados y fiscales se mantendrán.
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El presidente del Tribunal Supremo catalán será escogido por el fiscal general de Parlament y por el Gobierno de Cataluña.
La Generalitat sería la única autoridad tributaria, se hará cargo de la Seguridad Social, prestaciones y pensiones, así como se establece la amnistía a condenados por el proceso de soberanía.
Amnistía de imputados
Esta amnistía para los condenados o imputados se trata de todos los casos de acusación por manifestarse a favor de la democracia e independencia de Cataluña que podrían ser archivados o anulados por tribunales y juzgados catalanes.
Se estableció que las lenguas oficiales en el territorio podrían ser: la catalana, la castellana y la accitana.
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La insistencia de España por impedir la independencia de Cataluña podría encarar un problema más profundo, debido a que los ingresos de la región catalana representan el 19 por ciento del PIB total del país español, esto quiere decir que la economía española se reduciría un 25 por ciento.
