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    El pueblo argentino desaprueba la gestión de Macri, pero este es respaldado por el sector empresarial.

En el primer trimestre de 2017 se registraron más de 22.000 despidos y suspensiones laborales en Argentina, la mayoría en el sector privado.

La gestión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha estado acompañada de protestas que en contra de sus medidas neoliberales organizadas por movimientos sociales, sindicatos, centrales obreras, gremios de profesores, entre otros.

El pueblo argentino ha recurrido a paros, huelgas generales, cierres de calles y otras acciones colectivas, con el fin de alzar su voz contra las medidas económicas dictadas por el actual jefe de Estado, y contra el retroceso que está empujando a los argentinos a la pobreza y la exclusión social.

A más de un año de haber llegado al poder, Macri cuenta con una aprobación de solo el 38,4 por ciento, según la encuestadora Management & Fit.

>> CFK llama a debate contra reforma laboral de Macri

Entre las principales medidas tomadas por Macri y cuestionadas por el pueblo argentino destacan:


Políticas

Cuando Mauricio Macri ascendió al poder el 10 de diciembre de 2015 las sesiones ordinarias del Congreso ya habían finalizado, pero eso no fue limitante para el nuevo presidente argentino, pues él antes de llamar a sesiones extraordinarias del Parlamento prefirió utilizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

>> Sindicatos marchan nuevamente contra la reforma de Macri

Es decir, se dio el permiso de dictar normas sin contar con la aprobación del Congreso y de plantear todo tipo de cambios.

Las medidas de Macri sirvieron para en medio de la polémica nombrar a los nuevos miembros de la Corte Suprema y para modificar la Ley de Medios aprobada durante la gestión de Cristina Fernández.

La decisión de Macri de evitar al Congreso, donde no tiene mayoría, fue cuestionada tanto por quienes se oponen como por sus aliados.


Sociales

Despidos masivos

Macri llegó recortando el gasto público en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y comenzó por el empleo público. Al tomar el poder, lo primero que hizo fue dar marcha atrás a las nuevas contrataciones y a las futuras renovaciones en entidades públicas.

Asimismo, el Gobierno se encargó de despedir a funcionario y periodistas que trabajaban en el sector público.

Actualmente, en Argentina hay más de 260.000 personas sin empleo y al menos 120.000 suspendidas, la mayoría pertenecen a la empresa privada (180.617) y se concentran en la parte industrial.

Pero las medidas del presidente argentino no solo estuvieron dirigidas a despedir ciudadanos por doquier, también avanzó en su plan de eliminar los subsidios a la energía y dejar en manos de las empresas privadas del sector la fijación de los valores, llevando el costo a los usuarios en general. Esto conlleva a contundentes aumentos en los precios de las tarifas eléctricas.

Los incrementos en las tarifas de energía resienten la economía familiar y, en general, a todos los sectores socio económicos del país. 

A estos recortes se suma el llamado "cepo" al dólar que llevó a una devaluación de cerca del 40 por ciento en diciembre de 2016 y a un alza considerable en los precios de los productos.

La cifra en alimentos y bebidas aumentó 2.1 por ciento. Vivienda, electricidad, y combustibles 2.2 por ciento; mientras que salud 2.5 por ciento y la educación 2 por ciento.


Fondos buitres

El pago de 9.300 millones de dólares a los Fondos buitres - fondo de inversión dirigidos a comprar deuda o títulos de deuda pertenecientes a empresas o a naciones que se encuentran al borde la quiebra - por parte de Macri abrirá un nuevo ciclo de endeudamiento para Argentina.

Él sostiene que no importa endeudar al país, ya que el objetivo es pagar la deuda.


La criminalización de la protesta

La detención de Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado son una muestra de la criminalización ferviente de la protesta por parte del Gobierno argentino.

La líder social Milagro Sala espera ser liberada tras más de un año en prisión por supuesta “asociación ilícita, fraude y extorsión”, delitos que prevén hasta diez años de prisión.

Por su parte, el joven artesano Santiago Maldonado se convirtió, el pasado 1 de agosto, en el primer desaparecido político de la "democracia" argentina y dos meses después de su desaparición en la cara del que podría ser el primer crimen político del Gobierno macrista. 

En ambos casos, el pueblo argentino ha alzado su voz para decir a Macri que no desea volver a tiempos a los tiempos de la represión.


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