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¿Está reprimiendo el gobierno de Venezuela a la comunidad indígena de los Pemones?
Publicado 3 marzo 2019

Durante años, la oposición ha señalado con el dedo al gobierno venezolano por querer desarrollar la minería de oro con su proyecto Arco Minero del Orinoco.

Circulan algunas informaciones según las cuales el gobierno venezolano estaría reprimiendo a una comunidad indígena en Santa Elena de Uairén, en el sur de Venezuela. Según se dice, las autoridades habrían sido responsables de la muerte de al menos 5 pemones y de varias docenas de heridos. Basándose en un coro de medios de comunicación y ONG, varios líderes de la oposición han tomado este caso en manos y ya han anunciado que estos asesinatos deben ser considerados como un “genocidio” que podría desencadenar la intervención militar de una “coalición internacional”. ¿Deberíamos tomar todas sus declaraciones al pie de la letra? 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que este violento incidente tuvo lugar en la víspera del “Día D” del 23 de febrero, cuando un grupo de países bajo los auspicios de la administración Trump organizó un mega-concierto que sirvió de telón de fondo para la entrega de “ayuda humanitaria” a través de la frontera colombo-venezolana.

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro rechazaba la operación liderada por Estados Unidos como un “espectáculo de mal gusto que ofrecía migajas a los venezolanos” que no son “mendigos” y afirmaba querer “defender la soberanía” de su país, algunos miembros de la comunidad Pémon anunciaron que protegerían la entrada de convoyes a través de la frontera con Brasil.

Así, el 22 de febrero se produjeron enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un grupo de Pemones, durante los cuales fue asesinada Zoraida García, una mujer pemón. Según los informes iniciales, al día siguiente los Pemones lograron mantener en cautiverio al general José Miguel Montoya Rodríguez, considerado el principal autor de esta incursión, y luego expulsaron a los oficiales del BNG.

En un vídeo se puede ver a Montoya Rodríguez tratando de tranquilizar a los Pemones: “Hay que decir lo que pasó, sin ocultar nada. Tenemos que decir lo que hemos visto, y tenemos que determinar las responsabilidades sin importar de dónde vengan. Si yo, como fuerza armada, he abusado del uso de armas, soy responsable de ello. Pero si yo, como comunidad (Pemón), fui el origen de este incidente, también es necesario determinar la responsabilidad”. El tono y las imágenes contradicen los titulares de algunos medios de comunicación que presentaban la escena como si los Pemones hubieran retenido al general contra su voluntad. (1)

Pocos días después, la información se hizo más clara : varios diputados de la oposición reconocieron que las personas que dispararon a los indios no eran soldados de la Guardia Nacional Bolivariana, sino “personas traídas por el gobierno para reprimir”. El diputado Guzamana dice que documentaron la llegada de varios autobuses con los autores del crimen, que serían “25 muertos”, lo cual se apresuró a calificar de “genocidio” y que lo denunciaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. (2) Otra diputada explicó que los asesinos eran prisioneros que fueron liberados deliberadamente por el gobierno.

Este doble testimonio confirma un punto esencial: la violencia no fue generada por la represión de los militares. Es cierto que, dada la falta de información oficial disponible, al tratarse de un lugar remoto, este trágico suceso fue especialmente confuso. Por otra parte, en lugar de respetar la verdad sobre las circunstancias de los muertos dejando que las autoridades hagan su trabajo, los eurodiputados los utilizan para sus propios fines y piden que sean actores estatales extranjeros los que supuestamente deban hacer justicia.

Maduro, ¿un nuevo “Conquistador”?

Tras la confirmación de la muerte de Kliber Pérez, un joven Pemón que trabajaba como guía, las imágenes de indios rodeados de un halo de pureza referido al Jardín del Edén se multiplicaron en las redes sociales el 28 de febrero para crear una historia que presenta al gobierno como el de los nuevos “Conquistadores”. A menudo van acompañadas de mensajes en los que se pide al “Presidente” Guaidó que “cumpla el mandato de abrir el canal humanitario a través de la intervención militar internacional, de conformidad con el artículo 187 de la Constitución, aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia”.

El mismo día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, cuyo Secretario General ha demostrado un importante activismo contra Venezuela durante años) respondió a la petición de la ONG Foro Penal, otorgando “medidas de protección” a los miembros de la comunidad Pemón. (3) Los opositores retransmitieron un vídeo que mostraba cómo algunos de sus miembros supuestamente cruzaron la frontera hacia Paracaima, Brasil, donde supuestamente “solicitaron el estatuto de refugiado al ACNUR y al gobierno brasileño”.

Durante la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, un grupo de Pemones pareció haber iniciado una serie de incendios, incluyendo uno en un puente para “impedir el acceso a los colectivos” (militantes chavistas supuestamente responsables de acciones violentas y/o intimidación) a quienes acusaron de actuar bajo la complicidad de las fuerzas armadas. Pocos días antes, Montoya fue reemplazado por el general Alirio Cruz Ortega, que fue utilizado por la oposición para cuestionar su responsabilidad.

Sin embargo, hay que hacer una observación : los Pemones que participaron en la confrontación con las autoridades gubernamentales lo hicieron a título personal, no como representantes del Pueblo Pemón. En efecto, a principios de febrero, el Consejo de los Caciques Generales del Pueblo Pemón se había pronunciado sobre la crisis política actual. Estaba enviando un mensaje de calma:

“Nuestra posición sobre la situación actual del país (ayuda humanitaria): el Consejo de Jefes Generales del Pueblo Pemón en la Asamblea General ha adoptado una posición imparcial sobre tal situación para evitar la confrontación entre hermanos indígenas, por lo que se trata de poderes disputados que deben resolver sin generalizar la participación del pueblo Pemón. También se decide que esta persona que decida participar en la actividad de ayuda humanitaria lo haga bajo su propia responsabilidad y a título personal, sin utilizar el nombre de un pueblo entero que haya decidido no participar por mayoría. El alcalde de Gran Sabana, Emilio González, y la oposición venezolana están invitados a no utilizar la lucha del movimiento indígena como parte de su programa político; después de esta Asamblea, todas las actividades políticas partidistas que se lleven a cabo al margen de las decisiones de las mayorías de esta Asamblea General serán consideradas como una violación de la libre determinación de nuestro pueblo. Los sectores de Uriman, Kamarata, Kawanayen, Santa Elena, Ikabaru y Wonken, la mayoría de los cuales están presentes en la Asamblea General, han decidido una posición imparcial frente a la presunta ayuda humanitaria; sólo los líderes comunitarios de Manakru (Santa Elena #6) y Kumarakapai (Kawanayen Sector #5) acompañarán al alcalde y a su partido político bajo su responsabilidad y, por lo tanto, serán los únicos que asuman las consecuencias que tal situación puede acarrear. » (4)

Asamblea del Consejo de Jefes Generales del Pueblo Pemón

Pero a partir del 22 de febrero, se realizó una manifestación con carteles con el lema “Guaidó Presidente” y “Kumarakapay contra Maduro”. Los muertos fueron recuperados rápidamente por una causa política, mientras que las circunstancias exactas de esta violencia, que podría consistir en otra provocación, aún no se han aclarado. En consecuencia, la instrumentalización de esta “rebelión india” por parte de la oposición de derecha parece obvia.

El fin de semana del 23 y 24 de febrero, la ministra de Pueblos Indígenas del gobierno venezolano, Aloha Núñez, visitó el sitio en Santa Elena de Uairén. Es importante escuchar su versión :”(fuimos allí) a defender la soberanía nacional y nuestra frontera. Hemos visto la presencia de grupos violentos comprometidos por sectores de extrema derecha para quemar autobuses, atacar a las tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y perturbar el orden público, hechos que rechazamos firmemente. Condenamos estos actos de violencia financiados por el Alcalde de la Gran Sabana.

Si los hechos son presentados por la oposición como una “declaración de resistencia y desobediencia al régimen”, hay que recordar que la disputa entre los Pemones y el gobierno no es nueva. Por lo tanto, es lógico que la oposición, que considera al presidente constitucional como un “usurpador”, trate de sacar el máximo provecho de este caso.

El pueblo Pemón, rehén de los recursos naturales

A principios de diciembre de 2018, la muerte de otro miembro de esta comunidad prendió fuego a la pólvora. Un grupo de Pemones atacó entonces a los militares acusándolos de disfrazarse de turistas para expulsarlos de su propio territorio y tomar el control de los recursos mineros. De hecho, la economía de la región se basa en el turismo, por un lado, y en la minería, por otro. En otras palabras, es el decorado de todas las codicias, por lo que la desconfianza y los incidentes han ido en aumento durante años.

La muerte de aquel joven provocó la reacción del Consejo de los Caciques Generales del Pueblo Pemón, que hizo un llamamiento: “Llamamos a los grupos políticos indígenas y no indígenas que en los últimos días han intentado calumniar, especular y politizar de forma malsana el proceso de investigación para obtener una ventaja política, a que se abstengan de hacerlo por respeto al dolor de las familias y de todo el pueblo Pemón”. (5)

¿Quién quiere avivar las llamas? Durante años, la oposición ha señalado con el dedo al gobierno venezolano por querer desarrollar la minería de oro con su proyecto Arco Minero del Orinoco (6). Mientras tanto, varias comunidades indias, entre ellas la de los Pemón, cooperan con los patrones que realizan actividades mineras ilegales, contaminan los cursos de agua y envenenan a los habitantes. (7)

Para superar lo que los ambientalistas han denunciado como un “ecocidio”, el gobierno ha confiado al ejército venezolano, a través del Plan Caura (8), el monitoreo del Parque Natural, encargado de proteger áreas estratégicas para la minería. Pero la presencia del ejército es percibida como hostil por estas comunidades, que gozan de un estatuto autónomo en su territorio.

¿Qué modelo de desarrollo?

También es importante tener en cuenta la situación desde una perspectiva histórica. Venezuela tiene riquezas como petróleo, oro, coltán y una reserva acuífera, y su modelo de desarrollo económico se ha basado esencialmente en los ingresos provenientes de la exportación de esas materias primas, integradas en la economía mundial capitalista. Sin embargo, la necesaria lucha contra la corrupción, así como la lucha por un modelo económico más justo, no vendrá de una intervención mortífera que resulte en la balcanización o en la creación de nuevos Estados.

El contexto actual de agudización de las tensiones busca provocar la histerización con cada incidente que se produce, haciendo olvidar la esencial Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, que afirma “el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía plena y completa sobre sus riquezas y recursos naturales”. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas nacionales de desarrollo apropiadas encaminadas a mejorar continuamente el bienestar de toda la población y de todas las personas, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios derivados de éste. (9)

Es este derecho el que Estados Unidos quiere atacar, utilizando para ello a la oposición venezolana, que ya ha demostrado su falta de escrúpulos. ¿Se estará tratando de prender fuego al Amazonas con esta chispa?

Notas :

1. De Grazia: Pemones mantienen retenido a general de la GNB, El Nacional, 23 febrero de 2019

2. Diputado Guzamana presume 25 indígenas muertos a manos de la FAN, NTN 24.com, 27 febrero de 2019

3. CIDH solicita a Venezuela adoptar medidas de protección para indígenas Pemón y un defensor indígena baré, 1 mars 2019 : http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/056.asp

4.  Comunicado Oficial del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón tras las conclusiones del Congreso Pemón del 18-20 febrero de 2019 : https://www.facebook.com/cccgpp/posts/812574782433971

5. Comunicado Oficial del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón sobre los hechos acontecidos en Canaima el 8/12 : https://www.aporrea.org/regionales/n336011.html

6. Maurice Lemoine; L’Arc minier de l’Orénoque, les « écologistes » et les mafias, Medelu, 11 abril de 2018

7. La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana: Una propuesta para el diálogo, Red Ara 2013

8. Plan Caura busca frenar minería ilegal en la amazonía venezolana, TeleSUR, 4 mayo de 2010

9. Déclaration du droit au développement des Nations Unies : http://www.un.org/fr/events/righttodevelopment/declaration.shtml

Este artículo fue publicado originalmente en Investig´action


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