El resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela abre un escenario político donde se agudizará la confrontación entre los dos proyectos históricos en pugna. Dos proyectos que no sólo remiten al país caribeño, sino a toda la región, y que se remontan, al menos, a las luchas de dos siglos. De un lado, el sueño de Simón Bolívar: lograr la independencia plena de toda sujeción a un poder extranjero. Del otro, las oligarquías y burguesías locales, asociadas a la potencia imperial de la época.
 

Sin duda, es un golpe duro para la Revolución Bolivariana, y por lo tanto para todo el continente. Representa una victoria para EEUU, el verdadero poder detrás de la oposición venezolana, que ansía recuperar su posición en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, además de otros recursos estratégico para el funcionamiento del capitalismo. Por añadidura, este es el país que impulsó un modelo de quiebre –aún incompleto- con la democracia representativa liberal, para impulsar el poder del pueblo. Y que fue la pieza clave en la derrota del proyecto anexionista del ALCA y en la construcción del ALBA como genuino proyecto de integración, desde donde se impulsa Unasur y CELAC como alternativas a la OEA, un organismo que desde su fundación está subordinando al poder imperial.

La desestabilización económica no es un mito: es evidente que existe y se puede comprobar rastreando las noticias –en general ocultadas por los medios privados de comunicación- sobre toneladas de productos acaparados, que luego son dirigidos al mercado ilegal a precios exorbitantes. Un desgaste económico y político que se asienta en limitaciones objetivas de la estructura productiva, que no han sido superadas en estos 17 años de gobierno de izquierda.

La economía venezolana continúa dependiendo del petróleo para obtener ingresos que le permitan adquirir en el mercado externo los bienes que no produce. Y si bien el Estado recuperó el control de la renta originaria al nacionalizar PDVSA, el comercio exterior todavía se encuentra en manos de empresas privadas, al igual que gran parte de la distribución de los productos. Es decir que el Estado no controla aspectos estratégicos, quedando a merced de lo que Nicolás Maduro definió como “el chantaje de la guerra económica”, que afecta sobre todo a la propia base social del chavismo.

Esto se agrava con dificultades internas para superar evidentes problemas de burocracia y corrupción en sectores clave, que afectan la capacidad para controlar actividades ilegales como el contrabando o regular -por ejemplo a través del establecimiento de precios máximos- a estos grupos económicos poderosos. Es decir que se establece una puja por la renta donde quienes efectivamente tienen el poder de manipular el destino de los productos se encuentran con la capacidad suficiente para garantizar sus ganancias y descargar el costo –aumentado por la crisis de los precios del petróleo- sobre los sectores populares.

No hay datos suficientes para analizar objetivamente qué sectores que en 2013 votaron al chavismo hoy no lo hicieron (aproximadamente un 8% del padrón). Esta es una hipótesis que habrá que contrastar analizando los datos de votación, aún no disponibles. Pero se puede analizar que el voto castigo proviene fundamentalmente de sectores de ingresos medios y medios-bajos, por ejemplo con empleo formal, que habiendo aumentado su bienestar en los años previos, a través de las políticas de redistribución, de repente empeoraron su situación a partir de los efectos del acaparamiento y de la especulación: esto es, la dificultad para conseguir productos –que es muy irritante, porque trastoca la vida cotidiana- y de la inflación resultante, que licúa su poder adquisitivo.

El gobierno estaba obligado a ir a fondo, por ejemplo tomando el control de las importaciones y la distribución de medicinas y alimentos. Pero en lugar de ir a las causas, quitando esos resortes de poder al capital privado, se jugó a intentar controlarlo, con pocas armas para hacerlo.

Escenarios inmediatos

Lo más importante es lo que vendrá. Como expresó Álvaro García Linera recientemente: si no se profundiza la Revolución, se fortalece la derecha. Maduro lo ha intentado y el pueblo consecuentemente chavista –que continúa siendo una fuerza muy significativa, por número y capacidad de organización- se lo reconoce. Pero no ha sido suficiente para sostener la mayoría electoral.

De modo que a partir del 5 de enero, convivirán por primera vez en la historia un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo de diferentes signos políticos. Esto permite prever que se agudizará la confrontación política, con el horizonte de convocar, a partir de abril de 2016, a un referendo revocatorio, posibilidad prevista por la legalidad venezolana desde la Reforma constitucional de 1999. Con ese objetivo inmediato la oposición continuará el proceso de desestabilización por la base, ahora con una cantidad de recursos institucionales enormes: no sólo tendrá la mayoría, sino además los 2/3 en la Asamblea Nacional.

Esto significa la posibilidad de sumar, a las armas económicas, serios obstáculos para el ejercicio del mandato presidencial, como ya lo vienen anticipando distintos referentes de la derecha. Entre ellos, amnistiar graves crímenes -como los perpetrados durante los intentos de derrocamiento del gobierno de los últimos dos años-, censurar ministros, modificar la integración de los demás poderes y revertir los avances fundamentales  del proceso revolucionario, como las leyes de Tierras, del Trabajo, de Precios Justos, de Inquilinos, entre otras.

En este contexto, la única posibilidad de seguir teniendo la hegemonía política y el gobierno, en un modelo que se somete a la elección popular en forma permanente, es ir por más y hacerlo muy rápido. Reconstruir una épica basada en políticas concretas, que movilicen y mejoren la situación del pueblo. Esto implica, entre otras cosas, tomar el control de las importaciones de productos básicos y garantizar una red de distribución pública junto al poder popular, que no es una fuerza menor: existen 1400 comunas y 47 mil consejos comunales.  Enfrentar decididamente la burocracia y la corrupción. Jugárselo todo a la radicalización democrática, con más organización popular, más socialismo: avanzar en la construcción de la nueva institucionalidad, basada en el concepto y en la práctica de “el pueblo presidente”, esbozado en los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular. De lo contrario tendrá una derrota segura en el inminente referendo revocatorio de 2016, porque la derecha continuará la desestabilización económica, que es lo que más le ha resultado.

Retomar el Plan de la Patria, profundizar el Golpe de Timón

En esta situación crítica, el presidente Maduro ha reaccionado como lo hubiera hecho Chávez. Consciente de lo que se juega, desde el primer minuto caracterizó abiertamente ante el pueblo que se trataba de un avance de la contrarrevolución y llamó a afrontarlo con un proceso intenso de autocrítica, de unidad y de reorganización de las fuerzas revolucionarias. “No es tiempo de llorar. Es tiempo de luchar, de unir fuerzas, de revisar con objetividad, de reinventarnos, de aceptar lo que esté mal y de construir respuestas y soluciones a los problemas que tiene el pueblo”, aseguró. “Tiene que venir una nueva etapa en nuestra Revolución Bolivariana”. Para enfrentar esta  situación, convocó a la militancia a construir “una nueva relación con el pueblo, entre el pueblo”.

Maduro también identificó la tarea central: “Acelerar una profunda revolución económica productiva que cree nuevas bases y libere al país del chantaje de quienes nos someten a una guerra económica”. Y agregó: “Es una llamada de atención de la historia, una oportunidad para sustituir el sistema rentístico por un sistema autosustentado”.

“Aquí sólo hay dos posibilidades –planteó posteriormente en varias ocasiones-: o se impone la contrarrevolución neoliberal fascista o se radicaliza la revolución socialista. No hay otra alternativa”.

En su intervención el presidente recogió el sentir de un amplio conjunto de la militancia de base del chavismo, quienes exigen una profunda revisión, rectificación y reimpulso de las políticas, en particular en los ministerios y las demás instituciones, todavía maniatadas por la lógica del Estado liberal burgués. Esta posición retoma  los lineamientos centrales de Hugo Chávez, contenidos en el Plan de la Patria 2013 – 2019 y reafirmados en el Golpe de Timón, cuando planteó la urgencia de transferir poder al pueblo: “Es comuna o nada”.

La Revolución Bolivariana representó avances muy importantes para la situación de las mayorías, en todos los planos. Hacer un balance exhaustivo llevaría varias páginas, pero para citar sólo tres reivindicaciones sociales: se multiplicó por 8 la cantidad de adultos mayores pensionados (de 387 mil a más de 3 millones), se multiplicó por 4 la cantidad de estudiantes universitarios (de 700 mil a más de 2 millones y medio) y sólo en los últimos cuatro años se construyeron 900 mil viviendas. Además del efecto concreto en las familias reivindicadas, esta última política adquiere un valor simbólico de gran magnitud: con los precios del petróleo en baja y en plena guerra económica, se desarrolla una política única en el mundo. En paralelo, la orientación de Chávez apuntó a consolidar un modelo de democracia participativa y protagónica: el pueblo hecho gobierno, desde sus territorios. Sobre todo desde las leyes del poder popular de 2010, que legalizaron e impulsaron las comunas.

En el programa estratégico para la etapa, el Comandante Chávez había señalado: “Este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo. El vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo bolivariano del siglo XXI”.

Para afirmar a continuación: “No nos llamemos a engaño: la formación socio-económica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva sociabilidad desde la vida cotidiana, donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política”.

Retomar estas tareas estratégicas es una urgencia histórica para enfrentar la ofensiva de la derecha, que pretende concretar el asalto final en los próximos meses. El presidente Maduro tiene claro que sólo puede apoyarse en el pueblo y esto implica, rápidamente, impulsar una contraofensiva. Planteadas las estrategias que corresponden a los proyectos antagónicos, los próximos días son momentos de definición para todo el campo revolucionario. El pueblo de a pie está claro y resteado con Maduro. Es urgente que el conjunto de las estructuras chavistas asuma e impulse la rectificación y se abra una nueva etapa de renacimiento. Con unidad, para asumir una lucha decisiva, dar todas las batallas y tener posibilidades de victoria.