Masacre de Napalpí. La verdad deberá ser contada

“… Quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable”. Eduardo Galeano.

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Por primera vez en la historia de Argentina hubo una traducción simultánea a las lenguas qom y moqoit durante un proceso judicial, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia, Chaco, emitió el veredicto. 

Las cosas por su nombre: se trataba de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del Estado Nacional por la Masacre de Napalpí, el 19 de julio de 1924, no podrá ser olvidada, ni repetida como genocidio de los pueblos indígenas.

Gracias a muchas voces, tuvo lugar un juicio sin precedentes. Incluyendo a una sobreviviente, los descendientes, una jueza federal, pruebas y testigos, fiscales, pero sin acusados presentes. 

Sin embargo, pudieron ser probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades Qom y Moqoit; cuando un centenar de policías y colonos fusilaron a los habitantes originarios que protestaban por las condiciones laborales y de vida.

El juicio por la verdad tuvo lugar el 19 de abril del 2022, justo el Día del Aborigen Americano en Argentina.

Fue un procedimiento encaminado a la veracidad, encabezado por el Ministerio Público Fiscal de Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que fue el primer juicio de la historia del país, tras una investigación de una masacre contra pueblos indígenas. 

El juicio tuvo siete audiencias, cuatro de ellas en Resistencia, dos en Buenos Aires y una en Machagay. En todos fue prevalente la voz indígena con los testimonios de 23 longevos, sobrevivientes y sus familiares. 

El único precedente fue en la década del 90 cuando se investigaron los crímenes de la última dictadura, aún vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con el impedimento de juzgar a los represores.

Actualmente se encargan de recordar el hecho la Fundación Napalpí y el colectivo "Originarios", el fiscal federal Diego Vigay, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, los académicos y la gente. Porque la historia revelada toma vida desde la raíz abonada.

La masacre silenciada

Calificada como uno de los más cruentos hechos de violencia estatal contra las poblaciones originarias durante el siglo XX, la Masacre de Napalpí fue silenciada por más de medio siglo. O lo que es peor, mentida. 

Al publicarse De la algarroba al algodón en 1971, de Edgardo Cordeu y Alejandra Siffredi, se despierta el interés del campo académico.

Durante décadas hubo una polémica en torno a cómo el antropólogo y médico alemán Robert Lehmann-Nitsche, quien viajó a la Reducción de Napalpí, no hizo referencia a lo ocurrido aquel 19 de julio de 1924.

Varias fotografías del etnólogo alemán Lehmann-Nitsche integraron después el expediente judicial. Su documentación estaba basada en su estadía durante la fecha en que aconteció la masacre en el Territorio Nacional del Chaco, a donde acudió para estudiar los mitos y las ideas astronómicas de los Toba. 

Fuentes del Instituto Ibero-Americano de Berlín corroboraron la presencia del antropólogo, quien en pleno conocimiento de los asesinatos -unos dicen que fue amenazado por las autoridades- prefirió guardar silencio.

Pero quedó la memoria del pueblo, la que no se puede callar. Por lo que nadie dudaba de lo ocurrido, aunque de eso no se hablara. Incluso, cuando fue separado un fiscal, que en 1924 quiso investigar los tenebrosos sucesos.

El Gobierno nacional tenía previsto cómo callarlo y desvirtuar la memoria. Para ello organizaron los testimonios de 12 agentes policiales, que dijeron exactamente las mismas mentiras. Esas cuentan que al llegar, los esperaban unos mil indígenas armados con lanzas y Winchester. 

También contaron que les dispararon primero a los policías. Y después inventaron que se mataron entre ellos, por una revuelta en la toldería, de qom contra mocoi.

La historia oficial de la masacre de indígenas fue construida por el Gobierno y la prensa de los adinerados, bajo la Presidencia de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco, cuyo mandato fue desde el 12 de octubre de 1922 al 12 de octubre de 1928.

El "malestar" que afectó los originarios dedicados a la agricultura se inició porque la Administración de la colonia, les quitó el 15 por ciento del beneficio de las cosechas de algodón, con el conveniente propósito -dijeron- de costear los valores de las herramientas de labranza, el funcionamiento de las escuelas y los arreglos dentro de la Reducción. 

El otro posible motivo fue un decreto que prohibía la contratación de trabajadores indígenas fuera del territorio en el cual se asentaban, perjudicando a los pobladores indígenas que migran para la cosecha de azúcar.

Se conoce que el diario La Nación restó importancia a lo acontecido, al decir que “las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso”.

Los días posteriores a la masacre, los originarios que no huyeron despavoridos, fueron expulsados del sitio, no sin antes haber perdido sus pertenencias al ser confiscadas por la policía. La Administración se quedó con sus cosechas y nombró a un nuevo cacique.

“Los malones”, “los salvajes”, así llamaron a los indígenas en el citado diario. Mientras tanto modificaron los acontecimientos para convertir en victimarios a quienes en realidad eran las víctimas. 

Hablaron del peligro que sentían los pobladores ante “la situación de desamparo en que se encuentran aquellos lugares, de donde se han visto obligados a huir para poner a salvo sus vidas, ante las amenazas constantes de los malones de salvajes y la absoluta falta de medios eficaces para defenderse”.

“No sería posible responsabilizar a la Policía por la muerte de los asaltantes mencionados -los cuatro líderes indígenas-, pues bien podría ser el resultado de una venganza ejecutada por los indios tobas recluidos desde hace tiempo como rehenes por los mocovíes, y que en la huida al restituir su libertad, hubieran cometido tales venganzas, dado el antagonismo que existe entre ambas tribus”, indica el 23 de julio de 1924 el diario La Nación, de acuerdo con lo expresado por el gobernador Centeno en el texto de un telegrama mentiroso, dirigido al ministro del Interior, Vicente C. Gallo.

La verdad es que los indígenas vivían en condiciones próximas a la esclavitud, exigida por colonos europeos y criollos. 

“Pero la memoria oral del pueblo cuenta que no hubo cuatro muertos y que el Estado tuvo responsabilidad. Se ha construido ‘un relato’ en la historia argentina, siempre pasa lo mismo con los indígenas. Por eso hay que probar lo que pasó”, dijo Juan Chico. 

Cuenta la historia de tu aldea

Juan Chico se definió así. “Soy, antes que nada, alguien a quien le gusta conversar con la gente”. El joven investigador, quien murió tempranamente en 2021, durante la pandemia de Covid-19, consiguió ver la verdad expuesta sobre lo ocurrido a unos 150 kilómetros (km) de Resistencia, en la llamada Reducción Aborigen de Napalpí; hoy llamada Colonia Aborigen.

Juan, nacido y criado en Napalpí, fue un investigador de historia en la que llevaba 20 años hurgando la masacre de 1924. Siguió el rastro del exterminio hasta encontrar a una mujer de más de 100 años, quien parecía ser la última sobreviviente. 

“En la cultura occidental se recurre a los libros; en la cultura indígena, a los viejos: ellos son nuestros libros y hay mucho para leer y para aprender de ellos”, dijo Chico sin dejar de andar.

Realmente encontró a dos longevos: Pedro Balquinta y Rosa Grillo. “Cuando nosotros empezamos, la gente no quería hablar mucho del tema y algunos ancianos nos decían que dejáramos de investigar, porque esas cosas ya habían pasado”.

“Por una sencilla razón: hubo un proceso de imposición de la historia oficial y, para sobrevivir, la gente trataba de olvidar lo que había vivido. No querían hablar por el trauma, por la falta de interés de las propias comunidades indígenas y porque vivimos en una sociedad en la que nos duelen más las heridas del blanco. Ser indígena y haber estado en Napalpí, eran dos estigmas”, enfatizó el investigador. 

Pedro Balquinta declaró con 107 años. También lo hicieron los hijos de otras dos sobrevivientes, Rosa Chara y Melitona Enrique, ya fallecidas. Se analizó la documentación original y las notas de prensa de la época. También fueron leídos los legajos del gobernador Fernando Centeno, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el expediente policial y los informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, del Ministerio del Interior de la Nación.

Desconfianza, es lo primero que sale de forma aprendida y heredada por los aborígenes. La señora centenaria de apellido Grillo recibió a Juan con la suspicacia que le enseñaron los años de ignominia, hasta que le habló en qom. 

Eso fue antes de que el fiscal federal Ad Hoc, Diego Vigay, le tomara una declaración de una hora y media a Rosa Grillo.

Consultado en Radio UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) el fiscal destacó que “hay investigadoras de la universidad que han hecho un trabajo muy importante para la causa, por ejemplo Elizabeth Bergallo que grabó y aportó las entrevistas de las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chará; Mariana Giordano que hizo una investigación muy interesante de las fotografías de la época; el discurso periodístico aportó mucho material a la causa; Teresa Artieda y Laura Rosso que realizaron una investigación sobre el rol de la educación en la Reducción de Napalpí; y también Gabriela Barrios que llevó adelante un intenso trabajo en el archivo provincial”.

Junto con Juan y el Equipo de Antropología Forense, buscaron las fosas comunes para alcanzar las pruebas contundentes que llevaron al  juicio histórico.

“Ella vivió toda su vida ahí, pero pocas veces había contado lo que pasó. Todos buscamos mecanismos de sobrevivencia y uno de los que encontró ella fue no mencionar la masacre de Napalpí, mirar para adelante y pensar en el futuro. Le cuesta hablar de eso porque allí vio cómo murió su padre”, dijo sobre Rosa el joven Juan. 

Durante muchos años, Rosa Grillo apeló a su madre para entender por qué no soltó su mano “para ir a ayudar al padre”. Porque en su memoria prodigiosa todavía recuerda aquel avión que arrojaba caramelos y alimentos, que recogidos por su gente, permitió que fueran ultimados a balazos. Su madre y su tío huyeron a esconderse al monte.

El testimonio de Rosa fue determinante para la investigación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco en 2014, para probar que aquello fue un asesinato en masas, ordenado por el interventor de la provincia durante la Presidencia de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco, Fernando Centeno. 

Quisieron acallarlos, pero la historia los persiguió. Consiguieron reprimir la huelga general iniciada por hacheros qom y mocoi, quienes necesitaban mejoras a las condiciones de miseria y explotación en el trabajo.

“Argentina es un país joven y hay muchas historias silenciadas, y eso no es bueno para la sociedad a la que aspiramos”, dijo por último Chico.

Conciencia indígena

En Napalpí ya no se siembra algodón, ni se corta madera. En el pueblo de unos 7.000 habitantes se crían vacas y chivitos. Se siembra batata, mandioca y zapallo.

La Colonia Aborigen Chaco tiene conciencia indígena. Lo recuerdan el periódico Reivindicación y la Primera Asamblea Indigenista Chaqueña, de 1958. 

La Asociación Amigos del Aborigen Chaqueño fundada en 1963, diagnosticó en 1970 que el 80 por ciento de sus habitantes correspondía a descendientes de los pueblos originarios. Los que toda su vida trabajaron la tierra y durmieron en ranchos sobre un territorio del cual -en más de un 70 por ciento- no tenían propiedad, ni recursos para el cultivo.

Apenas un 36 por ciento de los niños asistían al nivel primario, y el analfabetismo llegaba al 60 por ciento de la población adulta. En los años 1990 se hicieron planes gubernamentales, con el objetivo de construir viviendas. Para 2010, la Colonia Aborigen fue considerada una de las mayores comunidades indígenas de la Argentina, con 1272 personas sólo en la parte urbana. 

Lo sucedido en Napalpí fue una práctica recurrente del poder político y los terratenientes. Allí, donde el 19 de julio de 1924, unos 130 hombres entre policías y estancieros descargaron más de 5.000 balas de fusiles sobre una multitud desarmada, e hicieron que la carnicería continuara a machetazos contra niños y mujeres. 

“La matanza que ocurrió en Napalpí va a ser el extremo de un continuo de destrucción”, declaró la doctora Teresa Artieda, testimoniante en el juicio. “Fue parte de un proceso mucho más amplio, en el cual el propósito explícito era la anulación del sujeto para su conversión en otro, la destrucción de su historia, su idioma, de la relación espiritual con la naturaleza y el mundo con el que se sentía parte”.  

“Mi aporte específico tiene que ver con brindar una reconstrucción de lo que supuso la reducción, en tanto operación simbólica, de intento de anulación de lo indígena y de los indígenas, que tiene como situación extrema la matanza”. “El Estado argentino se constituyó sobre un genocidio y luego fueron ocurriendo una sucesión de genocidios, el primero fue el de los pueblos indígenas“, explicó la doctora Artieda.

Un logro efectivo derivado del juicio fue la exhortación al Estado para implementar un “plan de políticas públicas concretas de reparación histórica” y a “fortalecer la prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia”. Como también exponer los mecanismos vigentes que garantizaron la impunidad.

Pero quizá, la mayor virtud del inédito juicio por la masacre de Napalpí cometida en 1924 fue mostrar ese tiempo largo de la historia callada. La de la piel harta de violencia, saturada de racismo, plena de luchas. Un retrato en sepia de la sociedad argentina.