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    Unos 300.000 hondureños emigraron en 2019 a EE.UU., huyendo de la violencia y la miseria.

La pandemia de la Covid-19 ha mostrado un escenario de mayor vulnerabilidad, desigualdad y discriminación.

La lealtad partidaria es la única virtud de los políticos corruptos. En vísperas de las elecciones el 28 de noviembre del 2021, hasta se acuerdan de las pobres almas que representan la marea de su maniobra electorera.

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El resto del tiempo, prevalece el clientelismo y el saqueo de los fondos públicos de esa masa votante de 9,5 millones de habitantes hondureños. 

Aunque la acción colectiva alguna vez torció el brazo de los gobiernos, ayudando a instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), también fue objeto de presiones, lo que llevó a su total desarticulación en enero de 2020. 

El desafío era fortalecer las inestables instituciones nacionales, reportar las redes de corrupción y transparentar el manejo de los asuntos públicos. Según el Centro de Estudio para la Democracia, en Honduras existe un intercambio de favores entre redes de corrupción público-privadas, renovado en periodo electoral.

Invertir en política significa obtener contratos de concesión, que generan enormes fortunas y que, a la vez, son el canal apropiado para lavar dinero y activos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado.

Para colmo, los diputados del Congreso Nacional de Honduras aprobaron el célebre “Fondo Social Departamental”, el 18 de octubre del 2021. Pero, en lugar de trastocar la tendencia a la corrupción, se concede una licencia para robar. Por lo que se permite, a discreción de los fondos públicos, alimentar sus redes clientelares. 

Para este fin, los fondos públicos sólo podrán ser auditados una vez que los diputados terminen su mandato. Durante 2019 los legisladores negociaron a puerta cerrada, la repartición de los nuevos órganos electorales. 

Mientras tanto la inflación subía. Con ello el precio de huevos, frijoles, hortalizas, plátano, papa, entre otros alimentos básicos para los comunes mortales.

Igual sucedió con el transporte público, el calzado y las prendas de vestir. Muebles, combustible, agua, electricidad y el precio de consumo en los restaurantes, para los que pudieran darse tal lujo.

Actualmente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aproximadamente el 40 por ciento de su población está en situación de pobreza extrema. Específicamente, en el área rural se cuenta un 73,5 por ciento de los hogares en condiciones de miseria.

En el 2020, describieron la misma circunstancia para unos 700.000 nuevos pobres. La pandemia de la Covid-19 ha mostrado un escenario de mayor vulnerabilidad, desigualdad y discriminación, seguido de dos huracanes, la crisis política e institucional.

Siglo XXI

Honduras presenció el primer golpe de Estado consumado en América Latina en el siglo XXI. 

El 28 de junio de 2009, el expresidente Manuel Zelaya fue arrestado por fuerzas militares, expulsado del país y conducido a Costa Rica, en pijamas.

Desde allí denunció el golpe de Estado impulsado por sectores opositores oligarcas que controlaban la Corte Suprema. Y la participación, tanto del Partido Liberal, como del Partido Nacional y las Fuerzas Armadas. 

El golpe de Estado, rechazado por la comunidad internacional, dejó a un país dividido, como hasta ahora, entre golpistas y golpeados.

El primer legado de Zelaya fue impulsar la Ley de Participación Ciudadana para consultas populares sobre asuntos nacionales. Promover programas sociales e inversiones en educación y salud.

Hoy por hoy, la crisis se ha vuelto permanente en Honduras. Se instauró el Partido Nacional en el poder, tras el debilitamiento de todos los principios de contrapeso entre los poderes.

También ocurrió de 1948 a 1963, en el entremezclado periodo de dictaduras militares, conservadoras y reformistas. La interrupción de seis procesos electorales entre 1980 y 2006.

En los últimos diez años, el panorama se complica. El actual mandatario, Juan Orlando Hernández Alvarado, asumió el poder de 2014 a 2018, con un segundo periodo que culmina en 2022. 

Por lo pronto, el fiscal de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), Jacob Gutwillig, asegura que el presidente de Honduras colaboró en el tráfico de cocaína hacia esa nación, y afirma que, a través de un pacto con el cártel local “Los Cachiros”, introdujeron la droga en ese país, lo que -dice- define a Honduras como un narcoestado.

El tan mencionado Geovanny Fuentes, actualmente enjuiciado en un tribunal estadounidense, operó un enorme negocio de distribución de cocaína, basado en la violencia y a sus conexiones con la Policía, el Ejército y la clase política. 

Tras una profunda investigación, el periodista mexicano Jacobo García también lo afirma. De acuerdo con su relato, el capo sobornó incluso al presidente -desde su candidatura- y después Fuentes se volvió intocable. 

El hermano del presidente, Antonio -Tony- Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico en EE.UU., en 2019. El exdiputado de la Asamblea de Honduras fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países, por el tráfico de toneladas de cocaína y ordenar el asesinato de, al menos, dos narcos entre el 2011 y 2013.  

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo califica como un narcotraficante a gran escala y acusa de colaborar con grupos criminales colombianos y mexicanos, para las importaciones de drogas a EE.UU., desde el año 2004. 

Según la acusación fiscal, Antonio Hernández aseguraba el pasaje de estupefacientes, con el apoyo de miembros fuertemente armados de la Policía Nacional, también involucrados en el asesinato de dos de sus narcotraficantes rivales. 

El texto del fiscal detalla cómo logró financiar las millonarias campañas electorales del Partido Nacional de Honduras en 2009, 2013 y 2017, gracias al tráfico de unas 200 toneladas de cocaína hacia EE.UU. y añade que, durante ese periodo, Hernández ayudó a Joaquín Guzmán Loera -el Chapo- con numerosos y grandes envíos de drogas.

El presidente de Honduras, próximo a dejar su cargo, ha negado todo vínculo con el narcotráfico y se declara ferviente aliado de EE.UU.

La estrecha vinculación entre narcotráfico y política había sido develada hace tiempo, tras la captura en 2015 de Fabio Porfirio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), del Partido Nacional de Honduras, por miembros de la Administración para el control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). 

Según el jefe del clan de narcotraficantes “Los Cachiros”, Fabio Lobo fue facilitador de las negociaciones entre la mafia y el Estado. “Yo sabía que eso era ilegal”, admitió Lobo ante un tribunal en Nueva York. 

Capturado en Haití en 2015, fue trasladado a EE.UU. y sentenciado a 24 años de prisión por asociación ilícita. Casi toda la familia Lobo tiene prohibida la entrada a ese país por presuntos actos de corrupción. 

“Los Cachiros” declararon haber subvencionado campañas electorales nacionalistas (2009, 2013), a cambio del apoyo de la maquinaria estatal.

La Fiscalía estadounidense menciona sutilmente a Porfirio Lobo y a Juan Hernández, en tanto “Co-conspirador-3 (cc3)” y “Co-conspirador-4 (cc4)” en el tráfico de drogas, sobre la base de los testimonios de los excapos hondureños extraditados a a ese país.

Crisis migratoria

La emigración es ante todo una lucha por la supervivencia. Queda de manifiesto en medio de este escenario de desesperanza en dos importantes crisis migratorias recientes. 

Realmente inédita, la emigración de miles de niños solos en 2014 y las caravanas de migrantes desde San Pedro Sula, a finales de 2018. 

Unos 300.000 hondureños emigraron en 2019 a EE.UU., huyendo de la violencia y la miseria. De sus 9,9 millones de habitantes, más de 945.000 residen en esa nación, unos 90.000 en España y decenas de miles en México. 

También aumentaron las deportaciones. Entre 2018 y 2019 retornaron por este concepto 109.185 hondureños. 

El panorama de vuelta fue un aumento de la violencia social, como ya lo era previamente. Entre 2004 y 2018 se registraron 71.695 asesinatos. Un promedio de diez muertes violentas diarias.

Uno de los sectores con mayor exposición al crimen organizado es el del transporte. En el 2020, el vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Rony Figueroa, fue baleado frente a su hogar. 

Días antes, Figueroa había denunciado la extorsión y violencia cometida contra su gremio y condenado públicamente la deficiente respuesta de las autoridades policiales frente a las amenazas de los miembros de la Mara.

La Mara Salvatrucha o MS-13 es una organización criminal que incluye todo: violación, narcotráfico, secuestro, extorsión, contrabando de armas, asesinatos por encargo. En este caso, cobran el “impuesto de guerra” en su punto de taxi.

No es un caso aislado. Recientemente la prensa local anunció que los vecinos de una colonia de Tegucigalpa resolvieron por cuenta propia la inseguridad generada en su barrio. Su reacción fue quemar a un sicario, quien había asesinado a un conductor de autobús de la zona, a plena luz del día. Y así, el ciclo se repite.

La incertidumbre y la violencia extrema forman parte de los mayores desafíos de la sociedad hondureña. 

El director del Centro de Documentación de Honduras, Victor Meza, afirma que operan grupos criminales diversos en complicidad con el Estado y con la narcopolítica. Es la expresión más emblemática de los vínculos entre Estado y crimen organizado.

Millones de dólares han sido transferidos desde EE.UU. al Gobierno centroamericano para “la política de seguridad hondureña”. Por tanto, ahora le reclaman transparencia en sus finanzas públicas, especialmente provenientes de la Cámara de Representantes.  

Al menos 64 actos violentos se han generado contra actores políticos, indica el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

En medio de la campaña electoral, fue asesinado con 15 tiros, el alcalde del Partido Liberal por el municipio de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán.

Cuán profundo

El Partido Nacional cooptó la Sala Constitucional. Justamente porque blinda judicialmente las maniobras políticas del Gobierno hondureño.  

Esta Sala Constitucional, en 2015, falló a favor de Juan Orlando Hernández (JOH) y avaló su participación en las elecciones presidenciales de 2017, denunciadas por diversas organizaciones sociales ante un presunto fraude que posibilitó la permanencia de JOH en el Ejecutivo.

“En Honduras estos altos índices de impunidad, es que estos (profesionales) funcionarios, no están haciendo su trabajo y que tenemos élites antidemocráticas, que no creen en la sabiduría de los pueblos, sino en el poder de pocos y que ellos están sobre el resto de la ciudadanía y controlan el poder político, el económico y hasta el poder social porque mantienen al pueblo pobre, sin educación y esperanza para que sea más fácil el control hacia los colectivos”.

“La salida pasa por querer romper con esos ciclos de impunidad, lo que se traduciría en la aplicación correcta de la normativa de forma igualitaria y justa, eliminando esas clases privilegiadas que están prohibidas por mandato Constitucional, pero que existen en Honduras”, dijo la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fátima Mena.

Los constantes golpes -incluso de Estado- han traído consigo importantes procesos de resistencia popular. 

Hay que ver como toda la tristeza vino junta. Después de haber sufrido las consecuencias del debilitamiento evidente del sistema de salud pública, que es estructural, en medio de la pandemia azotaron los dos últimos furiosos huracanes: Eta e Iota, en 2020.

Sumada la instalación del neoliberalismo en la región centroamericana, a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAES) del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Es un punto notoriamente crítico, tanto por el deterioro institucional y económico, como por las nuevas dinámicas del mercado internacional.

Frente a ello, nueve de cada diez personas no están cubiertas por un seguro social y alrededor de 1,5 millones de personas no tiene ningún acceso a la salud.

En Honduras hay cinco hospitales para 9 millones de personas. Es baja la contratación de médicos y enfermeros, faltan camas y servicios sanitarios.

Un millón de niños están fuera del sistema escolar, o sea, el 44 por ciento de la población menor de edad. La mayoría de los habitantes de Honduras tienen menos de 30 años de edad. 

Para tanta juventud, qué esperanza queda. ¿Hasta dónde llegará tu hondura?


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