Lula, un juicio sin pruebas

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se presentó el 7 de abril ante la Policía Federal en Curitiba para acatar la orden de detención en su contra dictada por el juez Sérgio Moro.

Lula permanece detenido en Curitiba mientras que miles de brasileños se movilizan y realizan vigilias para exigir su libertad y el respeto a la democracia brasileña, pues consideran que su encarcelamiento es la continuación del golpe contra la mandataria electa Dilma Rousseff, para sacar del escenario político a líderes de izquierda.

La libertad de Lula, quien aún figura como favorito en los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre, podría ser posible este miércoles 11 de abril, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) debata si es o no inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia, como es el caso del exmandatario.

La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016 con una votación de 6 a 5. Sin embargo, esta contradice la Constitución de Brasil, donde se establece que todo sentenciado tiene derecho a seguir en libertad hasta que el fallo esté absolutamente firme.

Las irregularidades del caso de Lula

De acuerdo a los abogados Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martis no hay materialidad en las acusaciones contra Lula porque carecen de lógica y de consistencia. Además, señalaron que al no haber pruebas que incriminen al exmandatario, se enfrentan a un fenómeno que el derecho conocido como lawfare, basado en el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos.

Igualmente, indicaron que entre los vicios está el uso de los medios de comunicación por parte del juez Moro y el Ministerio Público para filtrar informaciones no contrastadas y acusaciones sin sustento.

Los defensores del expresidente advirtieron que Moro no logra señalar cuál sería el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por Lula a favor de la constructora OAS. Según la sentencia serían “actos indeterminados”.

La investigación nunca logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente.

Los magistrados no tomaron en consideración el estudio minucioso de la sentencia por parte de más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontaban todas las premisas de la sentencia del juez Moro. Según el magistrado, Lula se habría beneficiado de un esquema criminal de la constructora OAS con Petrobras al recibir parte de la propina pagada por la constructora al Partido de los Trabajadores (PT).

El dinero supuestamente pagado por la empresa a Lula sería consecuencia de un porcentaje por el negocio cerrado por medio de un consorcio (Conest / Rnest) que trabajó en la refinería Abreu y Lima, y en la refinería Presidente Getúlio Vargas.

OAS era socio de Odebrecht en ese consorcio. Lula, dice Moro, se habría beneficiado de 3,7 millones de reales (1.117.215,00 dólares) de un total de 26.450.820,00 de dólares de propinas destinadas al Partido de los Trabajadores por la OAS.

Moro condenó a Lula en julio de 2017 a nueve años de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero. En enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la sentencia y aumentó la sentencia a 12 años y un mes de prisión.

Juicio a Lula responde a intereses políticos

En septiembre de 2017, Lula denunció el plan que calificó como la “caza de brujas” que había iniciado la justicia brasileña. El juez Sergio Moro es acusado de servir a esta tarea y dirigir una persecución judicial contra el líder del PT que aparece de primero en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.

Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Federal de Paraná (UFPR por su sigla en portugués), Jacson Zilio, el juicio y sentencia del juez federal Sergio Moro presenta graves problemas jurídicos, que conllevan cuestiones mayores.

"Uno de los graves problemas de las deficiencias jurídicas en este proceso es el uso del Derecho Penal para fines políticos. Lo que está en juego es justamente la destrucción del Estado democrático de derecho, pues los procesos penales se configuran como procesos de excepción", afirmó.

Las declaraciones de Zilio fueron apoyadas por el también docente de la UFPR, Juarez Cirino, quien señaló que, las decisiones jurídicas en el ámbito de la Operación Lava Jato tienen motivaciones políticas.

"La experiencia política de la oposición a Lula en las últimas elecciones fue la derrota electoral y la perspectiva para las próximas elecciones también es la derrota, entonces han descubierto un nuevo método de lucha política, desplazando la campaña electoral en las calles a la Justicia Federal”, añadió Cirino.

En declaraciones para el New York Times, el abogado italiano Luigi Ferrajoli alertó que el proceso contra Lula se caracterizaba por su “impresionante ausencia de imparcialidad” e indicó que, durante el proceso, los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del expresidente brasileño.

Elecciones sin Lula

Como lo señalaron los abogados, el juicio a Lula obedece a intereses políticos que buscan impedir la presentación del expresidente a las venideras elecciones presidenciales de octubre.

El papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en la agenda contra el dirigente brasileño, como lo han denunciado sus defensores, mediante noticias falsas e imprecisas para crear una matriz de opinión errónea sobre el expresidente.

Desde el primer momento, el juicio contra Lula se ha librado en los medios. Jueces y fiscales se han dedicado a expresar opiniones políticas e incluso a comentar sobre los procesos que estaban bajo su jurisdicción, exhibiendo su parcialidad.

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