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    El próximo 29 de mayo, los colombianos están llamados a votar para elegir al nuevo presidente del país.

A dos días para celebrarse los comicios presidenciales, Indepaz registra 44 masacres, 79 líderes sociales y 21 firmantes de paz asesinados.

Cualquier día de vivir, es día de muerte en Colombia. Porque ya no asombra la tristeza cuando un grupo de hombres, aparentemente paramilitares, improvisan un falso retén en la vía y ordenan al chofer bajarse de la “chiva”, ese bus rural que lleva a unas treinta personas.

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¿Hambre estacional?

Al menos una parte de ellos, pueden estar en la lista de víctimas en solo unos segundos. Pero también “las colaterales”, esos seres sacrificados porque sí. Niños, mujeres y hombres alcanzados por las balas de armas automáticas, no sin temblar al escuchar la acusación: “por auxiliar a la guerrilla o por estar allí”.

Sentenciados por ser indígenas, campesinos o líderes de éstos que arriesgan su vida por la defensa de una comunidad. Un amasijo de pobreza y carne de masacre en Corinto, Cauca. El Santuario, Cocorná, La Pintada y San Carlos, en Antioquia.

Cualquier coincidencia de estos hechos con similares actuales, es porque son de una veracidad reiterada. Igual que hace 20 años atrás, allí fueron asesinadas 25 personas.

Realidad

El problema es que el Estado colombiano no ha intentado proteger a los líderes sociales. ¿Acaso importan las causas que los hacen emerger como defensores de los derechos comunitarios? Unos 48 dirigentes sociales, han sido asesinados en el primer trimestre del año 2022, seis más que en igual tiempo del 2021, confirma el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Sino, por qué razón el Gobierno actual, presidido por Iván Duque, reprime a los manifestantes y se niega a asumir los compromisos sociales que tanto necesitan los colombianos.

En una breve mirada hasta diciembre del 2021, reseñan que en Colombia ocurrieron 96 masacres, fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz.

Cuando llegamos a los primeros diez días de mayo del 2022, Indepaz sumaba el asesinato de 71 líderes sociales, 19 excombatientes acogidos por el Acuerdo de Paz, 38 masacres y un 40 por ciento más de personas heridas, en su mayoría civiles lesionados por artefactos explosivos como minas antipersonales, en relación al 2021.

A dos días para celebrarse los comicios presidenciales, Indepaz registra 44 masacres, 79 líderes sociales y 21 firmantes de paz asesinados.

Los Acuerdos de Paz de 2016 en La Habana, Cuba fueron suscritos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), no sin los obstáculos y el revisionismo del Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, quien no reconoció a los garantes de la Comisión de la Verdad. No es casual que sea su partido, el mismo en el poder del presidente Iván Duque, con una “voluntad política” difícil de entender.  

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hubo 2.750 homicidios y desapariciones por parte de grupos paramilitares entre 2002 y 2005, durante el Gobierno de Álvaro Uribe. La Comisión Intercongrecional de Justicia y Paz, compara -por el número- a los fallecidos y desaparecidos durante la democracia en Colombia, con los del cono sur durante las dictaduras.

La agencia de noticias AIN refiere que durante “la Presidencia de Virgilio Barco (1986-90) la cifra es de 13.635 víctimas de la violencia. En el periodo de César Gaviria (1990-94), corresponde a 14.856. Durante agosto 2002 y junio 2004, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue de 10.586”. Un triste récord.

La violencia selectiva, no parece ser parece un asunto de control territorial en disputa, tampoco la desmovilización paramilitar enunciada por el expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Justamente todo lo contrario, es resultado de la deliberada no implementación de los Acuerdos de Paz.

En este largo camino en que, quizá nunca llegaremos a conocer los detalles, está la comprensión del drama que implica a todos los colombianos, a los millones de desplazados y a los 300.000 muertos, muchos de los cuales, no participaron en el conflicto.

Mientras tanto, el presidente Iván Duque, quien representa el rechazo a las soluciones políticas del conflicto armado, el militarismo y la polarización de una sociedad dividida por medio siglo de conflicto, tal cual la agenda radical del uribismo, continúa minimizando el poder de los grupos paramilitares, extendidos en su dominio sobre las comunidades poblacionales.

Sus métodos se implementan con amenazas y asesinatos a líderes sociales, a periodistas y sus medios locales. La agresión directa a comerciantes, el hostigamiento, incineración de vehículos, la restricción de la movilidad y del comercio, con todo lo que implica un estado de intimidación general a las pequeñas poblaciones.

La Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informa que en Colombia, durante los meses de enero y febrero del año en curso, unas 274.000 personas fueron víctimas de hechos de violencia. Un 621 por ciento de incremento respecto al mismo período del año 2021.

Cada año suman miles los que tienen que emigrar forzosamente de sus tierras. En ese sentido, la ONU señala el desplazamiento de 13.000 personas y 48.000 en situación de confinamiento, casi la totalidad en el noroccidental departamento de Chocó. Otra vez la suma da un incremento porcentual, de 394 en comparación con el año anterior.

Memoria

El Estado también ha fallado en sus compromisos de reparación, dignidad y justicia. Encima de una crisis sanitaria tras la pandemia del coronavirus, Colombia vive un declive humanitario.

Su gente lo recuerda cada jornada, en especial el 9 de abril tras una década de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Señalado por la historia en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, conocido como capitán y mártir de multitudes, asesinado en 1948.

A sólo unos días de los comicios presidenciales, salta la cifra: más de 9,2 millones de personas están registradas como víctimas del conflicto armado, sólo reconocido en 2011 a través de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, que tuvo como mayor objetivo el de restablecer la verdad y la dignidad de las afectados.

Son 9.250.453 personas "que individual o colectivamente han sufrido un daño, por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, señala la prensa colombiana.

De igual forma se han incluido a sus familiares directos, y a los miembros de las Fuerzas Armadas y menores reclutados por grupos armados ilegales, afectados por ese tiempo.

El medio 'El Espectador' señala que “desde el Legislativo sólo se han llevado a término el 16 por ciento de las reparaciones del total de víctimas”. Con estas cifras, sostiene la nota, se “tardarían 59 años en ofrecer justicia y reparación a todas las víctimas”.  

Refiere también como víctimas étnicas a los ciudadanos afrocolombianos, indígenas, raizales, gitanos y palenqueros, a quienes no siempre le son atendidas las denuncias de violencia contra sus comunidades indígenas y minoritarias, en complicidad con el crimen selectivo y el exterminio cultural.

Con Iván Duque al frente, desde los tribunales de justicia sólo se han restituido legal y materialmente, el 8 por ciento de las peticiones de tierra de las 99.000 familias que cinco años atrás, firmaron convenios para reemplazar y erradicar sus plantaciones de coca.

Supera el 40 por ciento de las tierras que en Colombia no tienen título oficialmente registrado, mientras confirman que la posesión ilegal de las fincas es del 60 por ciento. Por lo tanto, los cultivos de marihuana, amapola y coca, se realizan en parcelas ajenas.

Hubo un compromiso por el presidente saliente, de constituir proyectos productivos para el desarrollo rural con cultivos legales, que tampoco se cumplieron. Otra manera de violentar los derechos humanos y atentar contra los intereses populares. A la par que resurge el empoderamiento de los grupos armados en aquellos territorios relegados por el Estado, a pocos días de las elecciones presidenciales.

Enfrentamientos

Una vez más la misma pregunta: ¿a quién conviene una Latinoamérica en conflicto? ¿O una Colombia militarizada limítrofe con Venezuela, desestabilizada y en perenne enfrentamiento bélico?

Comienzó el quinto mes del año con las tristes declaraciones del coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, Leonardo González, “el día de ayer registramos una masacre más en nuestro país, esta vez en el departamento del Cauca, convirtiéndose en la (masacre) número 37 del 2022 a nivel nacional y la sexta en el departamento”. Las víctimas fueron tres campesinos miembros de una misma familia, quienes fueron asesinados en su propia casa. El hecho tuvo lugar en la vereda Morales, municipio de Bolívar, Cauca.

Pero en Colombia, la desigualdad social es quizá el más cotidiano de los enfrentamientos con la vida, considerando que son más de 50 millones de habitantes, de los cuales 21 millones viven en la pobreza. Este dato ese comparado con la cifra de 17,4 millones en 2019, antes de la pandemia.

En 2021, unas 1,6 millones de familias colombianas no pudieron ingerir tres raciones diarias y 30 por ciento de la población está en situación de vulnerabilidad económica.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas refirió que un 5,5 por ciento, casi 2,8 millones más que en 2019, estaba en precariedad alimentaria y la situación ha ido para peor.

A la inseguridad alimentaria, la acompaña otra forma de violencia en Colombia, en este tenso periodo preelectoral del 2022. Calificado el más dramático de la última década, donde el 59 por ciento de los actos delictivos reportados se refieren a lideresas y líderes sociales asesinados por grupos armados ilegales, refuerza en su declaración la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

Es innegable la acumulación de víctimas que pagan con su vida, el estilo con que los grupos dominantes de poder, pretenden mantener el control con la más cruel represión y violación de los derechos humanos. No existe un solo día, sin un asesinato político en Colombia, señala la Defensoría del Pueblo.

La violencia sistemáticamente ejercida, la intimidación y la represión contra el pueblo, la persecución ideológica, las mafias politiqueras, las violaciones de todos los derechos y el hambre, son incentivo de las manifestaciones populares.

Contra esa realidad se enfrenta la campaña mediática de desinformación, encargada de la guerra simultánea a través de los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales, para articular falsas denuncias o argumentos predeterminados que mantienen al pueblo en medio del fuego cruzado.

Se avecina un cambio, pero hacia dónde. Se expone un escenario frente al militarismo que representa Iván Duque, el presidente saliente que arrastra un nivel de desaprobación popular superior al 83 por ciento.

La agenda de Gustavo Petro encabeza las preferencias electorales. El líder de la coalición Pacto Histórico manifiesta la esperanza de un país más humano, en tanto insta a que “es hora de defender la democracia de todas y todos. Es hora de un cambio tranquilo”.

Le siguen en tendencia de votantes Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala la desconfianza ciudadana en el sistema legislativo.

La alarma está rodando desde que, en diciembre del 2021, Juan González, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de origen colombiano, dijera que hay una cantidad cada vez mayor de desinformación, que tiene la intención de interrumpir el proceso democrático para un aliado clave.

La advertencia viene desde temprano, por la popularidad de Gustavo Petro, un candidato progresista y luchador por la justicia social en un país con más un 42, 5 por ciento en situación de pobreza, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Hacer oposición política en Colombia es una actividad de alto riesgo, con esa espiral feroz de renovados grupos armados irregulares y más allá del día de los comicios, incluso después del triunfo electoral, no desaparecerán en breve las penurias. Será un nuevo comienzo o un día después de esta cruel realidad. Llevará tiempo y vidas enteras vivir en paz en Colombia.

¿Qué podrían esperar para los días que corren? Será una apuesta difícil por la esperanza. Solo les resta dar el primer paso.


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