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Oposición incendia la democracia en Bolivia

| Foto: Reuters

Publicado 15 septiembre 2019

EPÍGRAFE
Una combinación de discurso medioambientalista y la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la propuesta de cambio de un artículo de la Constitución, para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, forma parte de la estrategia opositora para generar un ambiente de convulsión social hacia el 20 de octubre.
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El fragmentado y heterogéneo bloque opositor de derecha encuentra en su ataque, cada vez más punzante y violento, a la democracia y a la institucionalidad del Estado Plurinacional, el punto de convergencia de su abierta oposición a la continuidad del Proceso de Cambio y del presidente Evo Morales.  

Dos hechos de envergadura, aparentemente desconectados, se han encargado de confirmar los alcances de su estrategia general: los focos de incendio que afectan al bosque seco de la Chiquitania y, por otra parte, la violencia física desatada por destacamentos juveniles, cuasi paramilitares, contra militantes del MAS en la ciudad oriental de Santa Cruz y la quema de una sede de campaña oficialista en la subtropical parte sur de los Yungas de La Paz.

Los llamados a que el gobierno decrete desastre nacional a partir de los hechos de la Chiquitanía y la convocatoria a un paro indefinido a partir del 10 de octubre para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien, son apenas los pretextos o motivos aparentes para incendiar la democracia boliviana. La causa principal es que Evo Morales está en camino a conquistar un nuevo periodo de gobierno.

Los incendios en la Chiquitania, que forma la zona de tránsito entre el Chaco y la Amazonía, todavía no alcanzan a ser controlados a plenitud, a pesar de los esfuerzos desplegados con recursos propios y con el apoyo de la comunidad internacional a la que el gobierno no se ha negado nunca en la medida que sea canalizada a través del Estado y en el marco del Acuerdo de París.  

Dos factores juegan en contra para aplacar el fuego: por un lado, la estructura seca del suelo de esa región y los fuertes vientos. De cerca de 10 mil focos de incendio en el peor momento, se bajaron a menos de mil hace una semana, pero el viento volvió a reavivar muchos. Pero, por otro lado, algunos sicarios o militantes de la extrema derecha, actuando sigilosamente bajo la forma de columna guerrillera, son los responsables de reavivar el fuego en aquellos lugares donde se estaba extinguiendo o bajando de intensidad, o iniciando nuevos focos de incendios. Contra las causas naturales, se redoblan esfuerzos con grandes aviones bomberos –de origen ruso y chino, así como el Supertanker contratado por el gobierno-, el despliegue de más de 7 mil bomberos, militares y voluntarios de distintas procedencias. Contra lo segundo, las acciones del Ministerio Público han resultado insuficientes ante la falta de información contundente de los aparatos de inteligencia. Lo cierto es que en esa amplia zona afectada la gente sabe –unos como colaboradores de la derecha, otros como ciudadanos que respaldan al gobierno-, que pequeños grupos siguen haciendo su trabajo para provocar incendios.

El inicio y la propagación del fuego con alta intensidad en esa región le ha caído a la oposición como anillo al dedo. Con cierta habilidad se ha montado en el hecho y, mientras sus fracciones más democráticas guardan silencio cómplice frente al accionar de esos grupos incendiarios, lo que hace es colocar a “expertos” medioambientalistas para instalar la idea de que Bolivia nunca había tenido en su historia un gobierno tan depredador de la naturaleza como el de Evo Morales.  Los esfuerzos por posicionar esa matriz de opinión en el imaginario colectivo urbano –muy sensible ante temas medioambientalistas independientemente de su inclinación política-, parten de la realidad política de que el gobierno de Evo Morales llegó al gobierno con la propuesta paradigmática de lograr un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero que fue –y ahí entra la construcción ideológica y mediática de otra realidad por parte de los ideólogos y operadores de la derecha-, el que más medidas adoptó para ampliar la frontera agrícola y la “quema controlada” a costa de afectar parques naturales y áreas forestales en general.

La derecha tiene un ejército en función de la naturaleza del combate. Para su “cara verde” tiene “activistas medioambientalistas” como, por ejemplo, Jhanisse Vaca Daza, una joven cruceña que cursó estudios en Estados Unidos, recibió capacitación en instituciones estadounidenses donde estuvieron otros jóvenes que tienen una activa participación en la desestabilización de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. La “activista”, que tuvo asesoramiento directo de cuatro personas enviadas por la USAID durante dos semanas a Bolivia, emplea el hashtag #SOSBolivia para generar comentarios de los opositores bolivianos y de no pocos activistas de izquierda en el mundo.  

Lo perverso de este discurso –más por las redes sociales, pero también por los medios de comunicación-  es que manipula la subjetividad de la gente para atribuirle al gobierno su directa responsabilidad en la quema de extensas zonas forestales de la Chiquitanía con el solo objetivo de “entregar” esas tierras a campesinos cocaleros y comunidades interculturales (antes conocidas como colonos) que quieren, según ese relato, cambiar la vocación del uso del suelo.  Poco ha servido que Morales decretara “pausa ecológica” en esa región, lo que implica la prohibición total de asentamientos humanos y/o emprendimiento de actividades agrícolas. La derecha sigue usando los incendios en esa región para descalificar al gobierno indígena.

Las reacciones de odio y racismo provocadas por el discurso perverso de la “invasión de indios kollas” a la Chiquitania se han traducido de inmediato en reducidas marchas en algunas ciudades y en encendidas asambleas de comiteístas, particularmente del Comité Pro Santa Cruz, famoso por haber liderado el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en 2008. Pero la expresión más alta de la energía opositora se tradujo en la violenta movilización de grupos de jóvenes de derecha que con bates en la mano procedieron a golpear a militantes del MAS en la noche del jueves pasado, cuando llevaban adelante una campaña proselitista en algunos puntos de la ciudad de Santa Cruz. Más de seis personas en terapia intensiva y casi una docena de heridos de menor gravedad es el saldo de la acción. Las imágenes de la conspiración de hoy son las mismas que las de la desestabilización del primer periodo de gobierno de Morales, cuando se agredía física y verbalmente a “los indios” del MAS.  

La ecuación protesta y violencia es la constante. Esta es la segunda vez que una movilización opositora termina en altos grados de violencia. Una marcha universitaria, el 11 de diciembre de 2018, quemó las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral (TDE) en Santa Cruz y asaltó las oficinas de la empresa estatal de telecomunicaciones ENTEL. En la ciudad de La Paz, el acoso con piedras y objetos contundentes a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) también duró varias horas ese mismo día.

Sería un error al estilo “bolsonaro” pensar que la derecha empezó deliberadamente con los incendios en la Chiquitanía para oxigenar su discurso de cuestionamiento a la postulación de Evo Morales para las elecciones generales del 20 de octubre, pero hay algo incuestionable: la derecha –unas fracciones con medidas de hecho y otras discursivamente-, si se montaron en el desastre ambiental y está utilizando el supuesto “ecocidio” cometido por el gobierno del Proceso de Cambio para reposicionar las banderas de la ilegalidad e ilegitimidad de la presencia del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera en la papeleta electoral.

¿Cuáles son los objetivos de esa articulación del bloque de derecha a partir de los incendios en la Amazonía y la “defensa” de la democracia ante la dictadura del ecocida Evo Morales? 

Antes de desarrollar esos objetivos, es bueno apuntar que la estrategia general de la oposición en Bolivia es, desde el 21 de febrero de 2016, “derrocar al gobierno de Evo Morales” por los medios que fueran necesarios. Las tácticas han oscilado entre el recurrir a herramientas jurídico-constitucionales hasta alentar medidas de hecho que en su mayor parte se expresaron en acciones de violencia, pasando por pedir la intervención de Estados Unidos y de organismos internacionales. Todavía queda fresca en la memoria las declaraciones de Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga al ministro relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, cuando el 15 de agosto de 2018 le dijeron: “Entendemos (que se produce) una polarización por la insistencia del Gobierno de no respetar el referendo del 21 de febrero, puede generar tensiones que no deseamos”.

Para no dispersar el objeto de nuestro análisis, agrupemos los objetivos de la estrategia general en los siguientes:  

En primer lugar, generar un ambiente de convulsión social de alta intensidad que empañe y deslegitime las elecciones del 20 de octubre que, si se mantiene la tendencia, le daría a Evo Morales un cuarto período continuo de gobierno. Todas las encuestas, incluso las realizadas por medios abiertamente opositores, muestran a Morales liderando la preferencia electoral y muy cerca de ganar en primera vuelta.

En segundo lugar, es reforzar la idea de que las elecciones se realizan con un Tribunal Supremo Electoral funcional al gobierno de Morales y que la única forma de que el acto electoral sea transparente es con la renuncia inmediata de todos los vocales del TSE y la designación de un “consejo de notables”. Una medida de esa naturaleza, en el hipotético caso de que se hiciera viable, lo único que provocaría es la postergación de las elecciones del 20 de octubre, pues ese “consejo de notables” lo primero que tendría que hacer es revisar y revertir muchas de las medidas tomadas por el TSE desde octubre pasado, cuando se convocó a las elecciones primarias que por vez primera se hicieron en Bolivia el 27 de enero pasado.

Lo que estamos afirmando es que el bloque de derecha al articular el sentimiento adverso que hay contra el gobierno por el tema “focos de incendio” –que como se señala ha sido construido mediáticamente-, con el concepto político de “falta de libertades y garantías civiles y políticas”, lo que pretende hacer es colocar a la democracia boliviana bajo fuego. No es exagerado pensar que, si los “focos de incendio” no disminuyen radicalmente en los próximos quince días, se de paso al pedido de postergación de las elecciones de parte de organizaciones de la “sociedad civil” en las que milita la gente de derecha. Es bastante sugerente que el periódico Pagina Siete –de conocida posición anti gubernamental-, publicara una nota este sábado 14 de septiembre en la que señala textualmente:

“Después de tres meses de lanzarse la convocatoria oficial y a 37 días de las elecciones generales, por primera vez se toca la posibilidad de suspender los comicios de una u otra forma. La violencia acontecida en dos regiones del país, producto de diferencias políticas, es la principal causa de la cual se culpan oficialistas y opositores”.

Una medida de esta naturaleza, que postergaría las elecciones por al menos seis meses, sería de amplia ventaja para el proyecto de derecha: abriría espacio político para proponer un “gobierno de transición” o colocaría al gobierno en el limbo de la ilegitimidad, daría tiempo para empujar una sola candidatura de la oposición que enfrente a Morales luego de fracasar en julio pasado la posibilidad de producir ese efecto político al provocar la renuncia del candidato vicepresidencial por la alianza “Bolivia Dijo No”. La combinación de estos hechos conduciría al gobierno a un mayor desgaste.

El bloque opositor –conformado por partidos de derecha, comités cívicos conservadores liderados por el Comité Pro Santa Cruz, algunos medios de comunicación influyentes, contados dirigentes sindicales, el Colegio Médico y otros gremios de profesionales, y sectores jerárquicos de la Iglesia-, está colocando “todos los huevos en la canasta” al apostar por el éxito del paro indefinido convocado a partir del 10 de octubre, lo que implica instalar una riesgosa “bomba de tiempo” que, ante cualquier confrontación provocada o espontanea con sectores sociales que son parte del gobierno, haga explotar en mil pedazos las elecciones del 20 de octubre. 

Y Evo Morales sabe lo que la oposición tiene entre manos. No por nada ha convocado a los movimientos sociales y a la población consciente a defender a la democracia de los intentos “golpistas” de la derecha. “Aprovecho esta oportunidad para convocar a los presentes, a los oyentes de toda Bolivia, al pueblo boliviano con sus profesionales, con los movimientos sociales, tenemos que defender la democracia, las elecciones del 20 de octubre de este año, tenemos que defender la paz social”, afirmó el líder indígena.

Una reacción pacífica, movilizadora y firme lejos de perjudicar la perspectiva electoral de Morales, le va a beneficiar. Un por ciento de gente que se distanció del Proceso, pero que tampoco quedó atrapado en las redes de la derecha, y que forma parte de los que se inclinan a votar nulo o blanco, retornará militante –al ver las nuevas expresiones de racismo y odio- a defender el Proceso de Cambio porque hay mucho en juego.
 


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