En Venezuela se ha mantenido la tesis de una crisis humanitaria, pese a que la nación suramericana no padece los niveles de violencia, hambre y enfermedades de naciones en los que existe un conflicto bélico.
La existencia de una crisis humanitaria en Venezuela ha generado muchas dudas y cuestionamientos, especialmente por los datos verificables sobre la situación política y económica venezolana, que desentonan con los de las naciones que padecen profundos estragos sociales.
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La crisis humanitaria es una categoría del Derecho Internacional Humanitario, que hace referencia tanto a desastres naturales como a conflictos bélicos de alta densidad y le otorga a la ayuda transnacional (operada generalmente por gobiernos y organismos internacionales).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que, para existir una emergencia de esta naturaleza, los niveles de violencia, hambre y enfermedades deben afectar a millones de personas sin que el Estado encargado pueda ejercer un control efectivo de los problemas.
Yemen, Libia, Irak, Siria, República Democrática del Congo o Ucrania son algunos de los principales países que la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) considera como los más críticos de 2018 por estar inmersas en una crisis social de naturaleza compleja y prolongada.
Las guerras en las que se encuentran sumergidas estas naciones incrementan las crisis alimentarias, las epidemias de enfermedades, el desplazamiento interno y la migración forzada. Sin embargo, en Venezuela no ocurre lo ejemplificado en estos países, o las problemáticas se presentan mucho menos intensificadas.
Desde 2016, se comenzó a posicionar la hipótesis de una crisis humanitaria desde la Asamblea Nacional venezolana (AN), en desacato desde 2015, y en los espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Luis Almagro a la cabeza de la operación.
Mientras estos movimientos se gestaban de cara a la opinión internacional, inició en este período un boicot premeditado de la industria privada para ejercer presión económica, junto con el ataque a la moneda desde mafias cambiarias, que generaron un empeoramiento en la población en general.
#ESPAÑA que envió recientemente a 6 #eurodiputados a #venezuela para exigir la entrada de la "ayuda humanitaria" es quien impidió y bloqueó el envío de medicamentos para los enfermos de cáncer ¿CÓMO SE PUEDE LLAMAR ESTO? #inmorales que están cometiendo crímenes de lesa humanidad https://t.co/b11PCzeYcY
— Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 19 de febrero de 2019
Un rasgo elemental de los países con crisis humanitarias son los desplazamientos forzados, para resguardarse de los enfrentamientos violentos (como ocurre en los casos de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia), al igual que en Colombia, que cuenta con 7,7 millones de víctimas del conflicto huyendo por el territorio nacional, siendo el país latinoamericano con mayores desplazados internos.
En cambio, en Venezuela no existe registro de desplazamientos forzosos en el interior del país, aunque el uso descontextualizado de cifras sobre migraciones y refugiados por los medios de comunicación internacionales está ampliamente documentado, aunque no se corresponda a los desplazamientos que provoca una confrontación bélica.
A propósito de la operación de propaganda sobre la falsa "ayuda humanitaria", deberían aprovechar y enviar URGENTE asistencia a la Guajira colombiana, donde se sufre desde hace décadas una profunda crisis humanitaria, gracias al insólito abandono estatal: pic.twitter.com/fUo9oIl3HW
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 19 de febrero de 2019
Actualmente, cerca de 12.750 de las personas que viajaron a otros países para mejorar su condición económica han regresado a través del Plan Vuelta a la Patria, programa implementado para repatriar a los venezolanos víctimas de la explotación laboral, acciones de xenofobia y la trata de personas.
De esta manera, los medios acoplados a los intereses imperiales de naciones como EE.UU. denuncian que Venezuela no acepta la ayuda humanitaria, mientras desconocen los esfuerzos multilaterales en función de garantizar la estabilidad social.