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Durante la dictadura uruguaya, la violencia sexual fue usada como "estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres", denunció la el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Durante la dictadura uruguaya, la violencia sexual fue usada como "estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres", denunció la el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. | Foto: EFE

Publicado 18 marzo 2021


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Las 28 mujeres interpusieron en 2011 una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde su cuenta en Twiter informó sobre la audiencia pública sostenida con mujeres presas por la dictadura uruguaya quienes denunciaron ante la CIDH este jueves haber sido víctimas de torturas sexuales durante la represión militar.

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“Las solicitantes denunciaron prácticas revictimizantes, así como la falta de estrategia y de resultados por parte de la justicia en investigación y juzgamiento de la violencia sexual cometida durante la dictadura”, precisó la CIDH.

La institución regional precisó que “reconoció a las víctimas por sus testimonios. Asimismo, indagó al Estado sobre las medidas de reparación y ofreció facilitar al Estado una nota técnica con estándares en materia de justicia para casos de violencia sexual”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado de Uruguay expresó su repudio por la violencia sexual sufrida por las víctimas. Asimismo, indicó los desafíos jurídicos que el sistema de justicia ha enfrentado para avanzar en las causas de violaciones de derechos humanos de la dictadura”. 

Las 28 mujeres interpusieron en 2011 una denuncia penal ante la justicia uruguaya por violencia sexual y violación contra más de 100 agresores, la mayoría militares, en el contexto del período de facto.

"Denunciamos a más de 100 personas: oficiales, médicos, psicólogos, personal de tropa, y solo uno de ellos fue procesado, no por torturas y violencia sexual, las cuales confesó en el marco del proceso, sino por reiterados delitos de privación de libertad", dijo Jacqueline Gurruchaga, una de las denunciantes ante medios locales.

Por su parte el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) precisó en un comunicado emitido este jueves desde su sitio oficial que “si bien la denuncia por torturas y violencia sexual fue presentada en 2011 cuando quedó sin efecto la Ley de Caducidad, hasta la fecha el proceso continúa en su fase inicial y las víctimas siguen esperando justicia y una reparación integral”.

La Cejil precisó que “la consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados, sino que, así como en muchos otros contextos represivos y de conflicto, la violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujer”.


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