Uruguay entra en la recta final para celebrar referéndum

Las jornadas para promocionar el referéndum en Uruguay previsto para el 27 de marzo, contra 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entraron en su recta final con actos de propaganda, encuestas, acusaciones y polémicas declaraciones.

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Uruguayos realizan eventos a fin de recaudar fondos para derogar la LUC, primera ley que promulgó el poder Ejecutivo, que pasó con mayoría parlamentaria gracias a la “coalición multicolor” de partidos de derecha que se formó durante la campaña electoral.

Los promotores por el Si han realizado caravanas desde distintos puntos de la capital, banderazos, cuerdas de tambores y la noche del próximo martes se efectuará una cadena nacional.

Las organizaciones que respaldan la derogación realizaron este sábado un acto central de propaganda para recaudar fondos destinados a financiar los últimos días de campaña.

Entre un conjunto artístico y otro se leyó una proclama que, entre otras cosas, reafirmó la construcción de “una victoria popular que permite abrir las puertas a un futuro mejor”.

La campaña para el referéndum empezó a tomar intensidad, mientras las casas encuestadoras han multiplicado sus encuestas, unas reflejan preferencia por el Sí y otras por el No, dependiendo el signo político.

La LUC abarca muchos temas y muy variados, además muchos de ellos difícilmente puedan considerarse urgentes, consideran expertos.

De hecho, la LUC tiene 501 artículos, que son más que los que obtenemos si sumamos todos los artículos de todos los proyectos de ley de urgente consideración presentados en los últimos 40 años en Uruguay.

Entre los puntos de la LUC más cuestionados están la severa limitación del derecho a la huelga, la ampliación de penas a los menores de edad, y la flexibilización del uso de la fuerza policial (otorgando potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”), así como la extensión de la “legitima defensa”. 

Pero también la precarización en el acceso a la vivienda, cambios negativos en institucionalidad educativa y reforma del mercado de combustibles.

El 8 de julio de 2020 el Senado uruguayo aprobaba la conocida como LUCN.º 19889 que es el eje central de la política del Gobierno de Luis Lacalle Pou.

Para el economista Bruno Giometti, integrante del Instituto Cuesta Duarte, la LUC sintetiza la visión de país que tiene el gobierno, que implica “ahorro fiscal y pérdida de salarios”, “más represión y mano dura” hacia los pobres, un Estado “más chico desde el punto de vista social” y “libertad económica para los ricos”.