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Tribunal Supremo de España aseguró que el proceso penal en contra de los independentistas no busca coaccionar o inhibir a los líderes políticos.

Tribunal Supremo de España aseguró que el proceso penal en contra de los independentistas no busca coaccionar o inhibir a los líderes políticos. | Foto: EFE

Publicado 21 junio 2019



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La medida que fue solicitada por la defensa de los independentistas que se encuentran en prisión preventiva.

El Tribunal Supremo de España negó este viernes otorgar la libertad provisional a siete de los nueve líderes independentistas catalanes, juzgados por presunta rebelión, hasta que no se realice el juicio en su contra.

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La medida que fue solicitada por la defensa de los independentistas que se encuentran en prisión preventiva, y fue desestimada por que los “magistrados no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar”.

El ente judicial también desmontó en su resolución parte de los alegatos del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, quienes respaldaron un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, a considerar arbitrario el encarcelamiento preventivo de los líderes.

“La Sala reconoce la influencia de los Comités, Grupos de Trabajo y Relatores de Naciones Unidas en la consolidación de una cultura universal de respeto a los derechos humanos (...)”, sin embargo, “ese reconocimiento general no le exonera de su deber de examinar algunas de las circunstancias que han estado presentes en la elaboración, contenido y modo de conocimiento del dictamen de este Grupo de Trabajo de la ONU”, indicó.

Además, manifestó que el dictamen no tiene valor vinculante y que no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión, "sino que hace una valoración de los elementos de los tipos penales objeto de acusación a espaldas de la actividad probatoria desarrollada durante cuatro meses en el Supremo”.

El Supremo recordó que el referendo celebrado el 1° de octubre de 2017 fue expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que su realización es considerada "rebelión".

Los líderes catalanes son juzgados por hacer el referendo independentista en Cataluña, el cual fue respaldo por la mayoría de las ciudadanos que participaron en él al reafirmar su deseó de ejercer su autonomía de España.


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