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La líder electa, de 77 años de edad, ha pasado la mayor parte del tiempo en arresto domiciliario.

La líder electa, de 77 años de edad, ha pasado la mayor parte del tiempo en arresto domiciliario. | Foto: EFE

Publicado 30 diciembre 2022



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Aung San Suu Kyi ha negado todos los cargos que se le instruyen y sus juicios de este 2022 se han celebrado a puerta cerrada.

La exmandataria Aung San Suu Kyi fue este viernes condenada por un tribunal militar de Myanmar a otros siete años de prisión por delitos de corrupción, con lo que su condena total asciende a 33 años, informaron fuentes locales.

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Tras 18 meses ininterrumpidos de juicios, la también Premio Nobel de la Paz había sido imputada por delitos como incumplir las normas de seguridad pública contra la Covid-19, importar walkie-talkies y violar la ley de secretos oficiales.

En la jornada de este 30 de diciembre, Aung San Suu Kyi fue inculpada por cinco cargos de corrupción, entre ellos por incumplir la normativa al alquilar un helicóptero para un ministro de su gobierno.

La exgobernante ha negado todos los cargos que se le instruyen y sus juicios de este 2022 se han celebrado a puerta cerrada, sin acceso al público ni a los medios de comunicación, y sus abogados tienen prohibido hablar con los periodistas.  

La líderesa electa, de 77 años de edad, ha pasado la mayor parte del tiempo en arresto domiciliario en la capital, Nay Pyi Taw, aunque después fue trasladada a la prisión en Naipyidó, donde recibió la notificación de su última condena.

Aung San Suu Kyi fue depuesta y encarcelada tras el golpe militar perpetrado en febrero de 2021 y junto a algunos de sus partidarios es una de las más de 16.600 personas que han sido detenidas por la junta, de las que 13.000 permanecen en prisión.

Según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) de Myammar, al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados.

El 1 de febrero de 2021 estalló un golpe militar que ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, describiendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

La asonada también desencadenó nuevos enfrentamientos internos entre distintos grupos étnicos rebeldes, una fuerza civil que resiste a los militares y los gobernantes de la junta, así como ejecuciones extrajudiciales y ataques aéreos contra civiles, reportaron organismos de derechos humanos.

Días antes, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió el fin de la violencia en Myanmar y la liberación de todos los presos políticos. 


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