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El indulto humanitario fue concedido en 2017 al expresidente Alberto Fujimori por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú examinará este jueves un hábeas corpus que busca anular una resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 al exmandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra en prisión.
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El magistrado y ponente de este caso, Ernesto Blume, emitirá la proposición para que se declare fundado dicho recurso judicial, que fue interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón en contra de una resolución de la Corte Suprema emitida hace cinco años.
El recurso tiene el fin de anular el fallo judicial que suspendió el indulto humanitario concedido en el 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori, quien está preso por los casos La Cantuta y Barrios Altos.
��URGENTE
— CNDDHH ���� (@cnddhh) March 17, 2022
Con @Aprodeh, @Cejil @Comisedh @Fedepaz e @Idl, organismos q litigan el caso #BarriosAltos y #LaCantuta, presentamos un pedido de medidas provisionales ante la @CorteIDH x el intento del @TC_Peru de indultar a #Fujimori sentenciado por delitos d #LesaHumanidad
FotoLaLey pic.twitter.com/VQaNIqrG8t
En su momento, el indulto fue anulado porque el Poder Judicial consideró que no cumplía ciertos requisitos y carecía de efectos jurídicos.
De hecho, ahora se encuentra bajo investigaciones ante la sospecha de que nació de una negociación entre Kuczynski y familiares de Fujimori, en específico su hijo menor, Kenji, quien por entonces era congresista y habría intervenido para que legisladores de su partido no votaran a favor de destituir a Kuczynski.
Medios locales informan que se aprecia una polarización en el TC con respecto a este caso. Por una parte apoyan el hábeas corpus los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda se oponen.
A pesar de que el TC tiene seis miembros desde septiembre de 2021, el presidente de la entidad judicial, Augusto Ferrero, presenta la capacidad de ejecutar el "voto de calidad o voto doble" que permitiría romper un posible empate.
Ante este acontecimiento, la coalición de centroizquierda Juntos Por el Perú (JPP) enfatizó en una declaración que "el TC tiene el deber de garantizar el derecho a la justicia de todas las víctimas y no puede ser cómplice de un atropello a la dignidad del país".
