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Bancos y cooperativas han seguido exigiendo a los transportistas el pago de los préstamos adquiridos en medio de la pandemia.

Bancos y cooperativas han seguido exigiendo a los transportistas el pago de los préstamos adquiridos en medio de la pandemia. | Foto: El Universo

Publicado 6 julio 2020


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Los transportistas reclaman que se cumpla la ley humanitaria ante el paro de sus obligaciones en medio de la pandemia. 

La Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional (Fenatei) de Ecuador informó este lunes que los trabajadores de ese sector iniciarán una movilización nacional a partir de este 7 de julio en protesta a las presiones de las entidades financieras del país. 

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En un video difundido en la red social Twitter, Oswaldo Guamán, presidente de la Fenatei, comunicó que en medio de la crisis sanitaria de la Covid-19, las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas, han seguido exigiendo a los trabajadores del sector el pago de los préstamos adquiridos cuando no presentan las condiciones para saldar esas deudas. 

"Hoy estamos exigiendo que se cumpla con la ley humanitaria, señores asambleístas, señores de la Junta Monetaria, Junta Reguladora, regulen y establezcan que las entidades financieras nos entiendan, somos pueblo", dijo Guamán.

El directivo explicó que ante el paro de las clases presenciales y las actividades productivas por causa de la pandemia, el sector ha visto afectado notablemente su trabajo, por lo que le es imposible cumplir con sus obligaciones crediticias. 

Igualmente, aseveró que los transportistas tampoco han podido acceder a la ayuda económica que brinda programa Reactívate Ecuador del Banco Pacífico para mejorar su situación. "Llegó el momento de reclamar por nuestros derechos y la comida de nuestras familias",  expresó, y precisó que la movilización será este martes 7 de julio desde las 09Hora30 (Hora local), por lo que llamó a todos los transportistas del país a participar.

Durante la jornada, los transportistas se dirigirán a las gobernaciones de cada provincia para entregar un oficio donde exigen "una moratoria o aplazamiento por un año" en bancos y cooperativas para pagar deudas y préstamos, hasta que puedan reactivar su actividad laboral.


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