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Gobierno defiende su ampliación para combatir las pandillas. Diputados de oposición señalan que el país carece de un plan integral de seguridad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en la noche de este martes, por undécima ocasión, ampliar el régimen de excepción vigente en el país desde finales de marzo de 2022, y que fue solicitado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para hacer frente a las pandillas.
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La solicitud de prórroga presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por 67 de 84 votos. El Legislativo salvadoreño es mayoritariamente oficialista, integrado por diputados del partido de Bukele (Nuevas Ideas) y otros aliados políticos.
En el contexto de la votación, Villatoro aseguró que la medida “terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.
“Hemos llegado a los 300 días con cero homicidios, algo que era impensable para nuestro país. Además, gracias al #RégimenDeExcepción, se ha logrado la captura de más de 64 mil terroristas”, diputado @Giovanny_SV. pic.twitter.com/J8DRxIUrqL
— Asamblea Legislativa ���� (@AsambleaSV) February 15, 2023
Diputados de otras fuerzas políticas rechazaron la ampliación de una medida que, a su juicio, violenta los derechos humanos, tiene un costo inaceptable para las personas y encubre que el Ejecutivo carece de un plan integral para atender la seguridad.
En ese sentido, la legisladora Claudia Ortiz (partido Vamos) subrayó que es necesario disponer de un plan de seguridad para combatir el crimen organizado después del estado de excepción, pues la solución al problema de las pandillas no puede suprimir los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Estoy convencida de que la tranquilidad en las calles se puede lograr sin el gran costo humano. ¿Y cuál ese ese costo? El margen de error: miles de inocentes detenidos, encarcelados, enfermos, algunos torturados e incluso muertos en los centros penales.#RegimendeExcepcion pic.twitter.com/Rah4CGU6mI
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) February 15, 2023
Además, instó a que se libere de manera urgente a personas inocentes que permanecen detenidas y se generen “mecanismos que garanticen el debido proceso para que la Justicia llegue a las víctimas, no solo para sumar números”.
A juicio de otro diputado, Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), el régimen de excepción se corresponde “con un tema de poder y de estrategia electoral con la narrativa de la guerra contra las pandillas, y no ha tomado en cuenta otras dimensiones del impacto que este tiene”.
Una buena política de seguridad es la que trae justicia sin pasar por encima de los inocentes.
— Claudia Ortiz (@ClaudiaOrtizSV) February 14, 2023
El costo de una mayor tranquilidad en las calles no puede ser la libertad y la vida de gente inocente.#RégimenDeExcepción pic.twitter.com/wUPOi0MuTy
Al solicitar la prórroga, Villatoro informó que hasta la fecha se ha detenido a 64.111 personas, de las cuales 57.000 ya cuentan con una resolución judicial donde se reafirma su arresto.
Reconoció que se ha liberado a 3.745 personas que no tienen ninguna relación con las pandillas, se han incautado 2.326 armas de fuego y 2.945 vehículos, y se han decomisado más de 15.300 celulares y 1.7 millones de dólares en efectivo.
De acuerdo con reportes de prensa, organizaciones de DD.HH. y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al Plan Control Territorial el descenso en la cifra de homicidios. Según cifras oficiales, estos sumaron 496 en 2022, un 57 por ciento menos que en 2021.
El régimen de excepción se aprobó el 27 de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
