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Se excarcelaría a exmilitares acusados de delitos como violación, torturas y asesinatos durante la úlima dictadura.
La Asamblea Nacional de Derechos Humanos de Uruguay publicó el viernes una declaración de rechazo contra la legislación que permitiría excarcelar a militares acusados de represión y delitos de lesa humanidad, crímenes cometidos durante la dictadura de 1973 a 1985.
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“Las organizaciones, gremios y movimientos sociales abajo indicados, integrantes de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, hacen público su terminante rechazo al proyecto de Ley impulsado por Senadores de un sector parlamentario, que pretenden sustituir las penas de prisión efectiva, a las que han sido condenados varios criminales de Lesa Humanidad, por penas de prisión domiciliaria”, señala el documento.
La declaración prosiguió afirmando que esta ley persigue “desvirtuar groseramente” sobre la gravedad de los crímenes cometidos y la importancia de hacer justicia ante los hechos que costaron vidas y provocaron daños, tanto físicos como psicológicos, en cientos de uruguayos.
Declaración Pública: Organizaciones de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos https://t.co/TlocjzBt7u
— Desaparecidos.org.uy (@famidesa) November 12, 2021
El escrito destacó el hecho de que “varios de estos criminales no solo no han dado muestras del más mínimo arrepentimiento por los delitos perpetrados” y recordó que incluso estos se siguen negando a revelar el paradero de muchos de los desaparecidos.
Las organizaciones firmantes del documento son la Secretaría de Derechos Humanos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, las Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Firmaron también la declaración la Asociación de expresos políticos (Crysol), Colectivos Contra Toda la LUC, Fundación Mario Benedetti, Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memoria en Libertad.
El proyecto legislativo propone que los prisioneros que hayan cumplido 65 años en la cárcel pueden abandonar la penitenciaria y terminarían condena en su domicilio.
Con esta ley se estarían beneficiando al menos 20 exmilitares enjuiciados por cometer delitos como torturas, homicidios, violaciones, desaparición forzada, entre otras causas.
