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“Como organizaciones sociales rechazamos contundentemente todas la maniobras que este Gobierno ha hecho”, manifestó la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia.

“Como organizaciones sociales rechazamos contundentemente todas la maniobras que este Gobierno ha hecho”, manifestó la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia. | Foto: @Bloque_RP

Publicado 1 junio 2022



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El presidente Nayib Bukele, es criticado por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas decisiones y acciones polémicas dictaminadas.

Organizaciones sociales y miembros sindicales de El Salvador protestaron este miércoles contra la gestión del presidente Nayib Bukele, en el marco de su tercer año al frente del Ejecutivo, ante la posible reelección del mandatario.

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Los manifestantes se reunieron en la plaza de Las Américas, o plaza Salvador de Mundo en San Salvador, con el objetivo de rechazar las decisiones gubernamentales dictaminadas por el jefe de Estado.

“La consigna para los trabajadores organizados es que se respete la Constitución de la República, porque no queremos que este presidente permanezca ni un día más en el poder luego de finalizar su mandato”, señaló la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, Stanley Quinteros, precisó que durante el mandato presidencial de Bukele se evidencian retrocesos considerables en cuanto a los asuntos relacionados con la justicia, seguridad y derechos humanos.

“Bukele ha promovido acciones para dejar en la miseria al país, agudizar la pobreza, permitir la corrupción y para seguir favoreciendo a las minorías”, añadió el líder sindical.

Vale precisar que el jefe de Estado, Nayib Bukele, asumió la presidencia en junio de 2019 bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Hasta el momento no se tiene constancia si la autoridad optará por la reelección presidencial; lo cual le es posible desde septiembre cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombrados por sus aliados en el Congreso, en un proceso cuestionado, le otorgaron esa prerrogativa. 


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