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Hernández fue señalado por traficar toneladas de drogas a Estados Unidos

Hernández fue señalado por traficar toneladas de drogas a Estados Unidos | Foto: EFE

Publicado 12 marzo 2021


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Hasta el momento no hay indicio de que la fiscalía extradite al mandatario hondureño ni que le realice juicio

El líder de un clan de la droga en Honduras, Geovanny Fuentes, declaró este jueves a la Fiscalía de EE.UU. que sobornó con 250.000 dólares al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a cambio de protección.

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Este juicio federal celebrado en New York, contra el presunto narcotraficante puso contra las cuerdas al mandatario, mientras él niega cualquier implicación.

Por su parte, el exlíder del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó ante un fiscal estadounidense acusando al mandatario hondureño, en el poder desde 2014, de colaborar con la entrada de cocaína a Estados Unidos tras aceptar sobornos del narcotráfico, calculado en al menos 250.000 dólares en efectivo, para hacer de Geovanny Fuentes un “intocable” frente a las autoridades de Honduras.

Los pagos a políticos hondureños suman más de 1,2 millones de dólares. Durante el tercer día de juicio contra Fuentes, ante la pregunta de si los Cachiros sobornaron a Juan Orlando, respondió afirmativamente.

De acuerdo con el acusado, el dinero se entregó en 2012, antes de las primarias presidenciales, mediante la hermana del presidente, Hilda Hernández, a cambio de “protección para que la policía militar y la policía preventiva no nos capturaran en Honduras”. Además, el pago incluía la protección contra extradición de los hermanos Estados Unidos y que el mandatario siguiera otorgando contratos para proseguir con el lavado del dinero del narcotráfico.

Otro de los implicados, según testificó el excapo en un juicio abierto, es el vicepresidente Ricardo Álvarez Aries, así como otras figuras de la política hondureña. Álvarez, quien fuera alcalde de Tegucigalpa en aquel entonces, habría recibido 500.000 dólares en 2006.

El presidente Hernández negó en repetidas oportunidades las implicaciones con el tráfico de drogas: “Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los Cachiros buscaron un trato con EE.UU. por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo”, expresó Hernández en su cuenta en twitter el pasado miércoles.

Para el jefe de Gobierno, los testigos del juicio buscan “la llave mágica” para aligerar sentencias, inventando “falacias” en contra de su gestión. Igualmente, dijo el miércoles pasado en el Congreso que las acusaciones en su contra pudieran comprometer los esfuerzos conjuntos de seguridad entre Washington y Tegucigalpa contra el tráfico de drogas.

En la apertura del juicio contra el traficante, el fiscal estadounidense Jacob Gutwilling expuso que el presidente le habría dicho a principal acusado que “transportarían tanta cocaína a Estados Unidos que le meterían la droga por la nariz a los gringos” y alertan que Hernández ha sido socio ferviente del narcotráfico.

Más de un testimonio relacionan al mandatario hondureño con el narco, incluso su ascenso político tiene relación con la financiación de este flagelo.

Entretanto, Eylan Shulman, como parte de la defensa, trató de desestimar a los testigos induciendo al jurado a descreer del testimonio de rivera. “El Gobierno de EE. UU. aceptó hacer trato con este demonio… nunca se le debe creer”.

No obstante, los fiscales consideran que Hernández y Fuentes actuaron en conspiración para el contrabando de toneladas de drogas, aunque no lo han acusado formalmente.

Rivera colaboró por dos años con la Agencia antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), hasta que se entregó a las autoridades en 2015 y reconoció su autoría en la muerte de 78 personas.

El presidente de Honduras es un fuerte aliado de Estados Unidos, por lo que las acusaciones en su contra son un desafío para la Administración Biden, pues el mandatario del norte prometió brindar fondos para enfrentar la crisis migratoria en Centroamérica.

Hernández está eludiendo la justicia, amparado en su protección política y estará en el cargo hasta 2022. Por el momento las autoridades estadounidenses no planean pedir su extradición y esperan juzgarlo una vez concluya su mandato.


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