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La derecha internacional intenta crear una opinión pública distorsionada sobre el caso para liberar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
El presidente boliviano, Luis Arce, recalcó este sábado que el caso Golpe de Estado II, donde se juzga a la expresidenta de facto Jeanine Áñez, se desarrolla de acuerdo al debido proceso.
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El mandatario subrayó que “se respetó el debido proceso, se respetó todos los procedimientos legales, por lo tanto, nosotros estamos convencidos que todo lo que se hizo, se ha hecho en el marco de la justicia”.
La declaración fue parte de una entrevista ofrecida al medio radial La Pizarra y responde a un intento de la oposición por tergiversar la situación del caso judicial e inferir que se violan los derechos fundamentales de Jeanine Áñez.
#ENVIVO
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 25, 2022
Nos comunicamos con nuestro pueblo mediante las redes sociales. Con mucho gusto atendemos una entrevista de @lapizarraOK. #EstamosSaliendoAdelante https://t.co/8Ic2BRU83o
Recientemente, algunos legisladores europeos derechistas intentaron anular la sentencia a la exmandataria con una campaña de desinformación en contra del sistema judicial de Bolivia.
“Nosotros simplemente hemos presentado las pruebas para que sea la justicia la que emita el veredicto, valore todas las pruebas que se presentaron y ahí están los resultados”, añadió Luis Arce.
Añadió que el juicio responde a una petición popular y desmintió las acusaciones que pretenden culpar al sistema judicial por subordinación de fiscales y jueces a autoridades del Gobierno.
Con respecto a la estadía penitenciaria de Jeanine Áñez, el gobernante boliviano señaló que la acusada dispuso de todas las condiciones en la cárcel de Miraflores al punto de que las encarceladas formaron un motín en protestas por la diferencia de comodidades.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción sentenció a la expresidenta de facto por violaciones a la Constitución e incumplimiento de deberes tras analizar las pruebas verídicas que se presentaron en el caso.
La acusada tomó el poder de forma inconstitucional en 2019 con la ayuda de la oposición y la fuerza militar del país y mantuvo una administración deficiente que afectó varias aristas de desarrollo en Bolivia.
