Presentan proyecto en Colombia para penar delitos contra la paz

Un grupo de senadores colombianos de oposición presentó este lunes ante el Congreso de la República un proyecto de ley el cual pretende tipificar y penalizar los crímenes contra la paz.

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La iniciativa, liderada por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, pretende establecer pautas para un nuevo tipo de delito vinculado a la obstrucción de la paz, así como a las circunstancias de agravación punitiva en las que se produzcan los hechos.

Cepeda detalló al referirse al proyecto que persigue que “los enemigos de la paz no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado construir”, al tiempo que soslayó que “es muy distinto adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz”.

Esta iniciativa legislativa estipula la incorporación de tres nuevos artículos al  Código Penal, el primero denominado obstrucción a la paz; el segundo fijaría las circunstancias de agravación punitiva de la conducta en cuestión; y el tercero versaría sobre la vigencia de la ley.

De esa forma se plantea que quienes obstruyan los acercamientos, conversaciones o diálogos que sostengan los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con grupos armados organizados al margen de la ley, pudieran incurrir en penas de prisión de diez a 15 años; además de multas que oscilarían entre 1.000 a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así como también la interdicción de derechos y funciones públicas de diez a 15 años a quienes cometan esas acciones punibles, entre las que destacan homicidios y agresiones a excombatientes, defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas sociales; interceptaciones ilegales; entrampamientos o montajes judiciales; y rearme y conformación de disidencias, entre otros.

Esto encaminado a garantizar la labor de representantes autorizados por el Gobierno, garantes y facilitadores en función de adelantar negociaciones con facciones armadas organizadas al margen de la ley.

Se trata, al decir de Cepeda de proteger la paz como un bien jurídico del más alto valor; e igualmente a aquellas personas que obran en función de superar la guerra, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución colombiana que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

De ahí la intención de desarrollar una política criminal para hacerle frente a conductas que obstruyan de manera ilegal e ilegítima la concreción de la paz, en un país el cual vive una escalada de violencia; pues en lo que va de 2022 se han cometido 18 masacres, y se han asesinado a 19 líderes y lideresas sociales, según datos aportados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

A lo que se agregan, hasta el 31 de enero pasado, la ocurrencia de 214 homicidios selectivos, 98 amenazas de muerte, 58 intentos de homicidio, 25 episodios de hostigamiento, 17 desapariciones forzadas, y 16 desplazamientos internos masivos.