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Frente al rebrote de la enfermedad el país se encuentra en una nueva etapa de confinamiento.
Perú reporta más de 27.000 fallecidos a causa de la Covid-19, mientras la cifra de casos positivos a la enfermedad sobrepasa las 567.000 personas contagiadas.
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En marzo, a inicios de la pandemia en el territorio, fue la segunda nación de América Latina en imponer la cuarentena. También realizó gran cantidad de test y entregó bonos de ayuda directa a los afectados por la crisis económica.
La falta de equipos de protección individual al personal involucrado en la primera línea de combate a la pandemia fue un factor determinante para la propagación del virus. Entre ellos trabajadores de la salud, Policías y funcionarios públicos con tareas en las calles el impacto fue fatal.
El número de agentes del orden fallecidos hasta la semana pasada era de 400, mientras el total de positivos al Sars-Cov-2 alcanzó los 24.000. Del personal sanitario, según medios locales, habían muerto hasta el 13 de agosto 125 galenos, mientras existían 3.398 contagiados.
De acuerdo con informes del Grupo de Análisis para el Desarrollo, la situación de los empleados públicos también se agravó. En el caso de Villa El Salvador, uno de los municipios más representativos de los sectores pobres de Lima, el poco personal que se encargaba de repartir las canastas de alimentos estaba en su mayoría contagiado.
"Se impuso una cuarentena muy severa que tuvo un impacto muy grande en la economía, especialmente en la enorme economía informal, y, por eso, no produjo el efecto deseado," destacó a la agencia Télam el exministro de Economía, Alonso Segura.
El 16 de marzo inició el proceso de confinamiento, pero comenzó a ser incumplido por aquellos que debían salir a trabajar para sobrevivir.
Segura dijo sobre el tema que fue muy difícil impedir que la gente se parara en la calle o abriera un local pequeño para vender. Señaló que en ese momento era necesario minimizar los focos de contagios, regalar masivamente mascarillas y hacer campañas para enseñar a usarlas. “Esto no se hizo", destacó.
Por otra parte, el 70 por ciento de los peruanos vive del día a día y los mercados informales, por lo que la restricción de movimientos los dejaba sin sustento. Asimismo, la mayoría se desplaza en los transportes públicos, lo que aumentó el índice de contagios.
Aunque las ayudas previstas por parte del Gobierno se vio al principio como un acierto, sus consecuencias no fueron las deseadas.
Durante los primeros días de distribución se registraron grandes filas en las entidades bancarias y estatales. Esto contribuyó a crear un foco epidémico que facilitó la expansión del nuevo coronavirus. Ante la situación se crearon alternativas digitales, pero solo el 38 por ciento de los adultos tiene una cuenta bancaria.
La baja bancarización provocó que los más vulnerables debieran salir de sus zonas, como fue el caso de los habitantes de áreas rurales. Las comunidades amazónicas intentaron aislarse por completo para evitar los contagios, pero debieron movilizarse en pos de acceder a las ayudas.
Durante la crisis, los hospitales comenzaron una feroz batalla contra la Covid-19, en un contexto de pocos insumos y espacios de atención.
Medios peruanos denunciaron que algunos hospitales tenían que seleccionar pacientes para su atención y descartar otros. En Iquitos, la capital del norte del Amazonas, de unos 500.000 habitantes, se registraron imágenes de personas recibiendo la atención en los patios de los hospitales, por falta de espacio.
Asimismo, trascendió la escasez de oxígeno. También la inversión pública de Perú en salud supone un 3,3 por ciento del PIB anual, la segunda menor de la región, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
Desde el inicio del confinamiento en marzo, existen unas 500 investigaciones abiertas. Mayormente se investigan informes sobre funcionarios que se embolsaron dinero destinado a ayuda alimentaria o equipos de protección personal. Más de veinte casos tienen que ver con la policía o las fuerzas armadas.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la semana pasada una serie de medidas restrictivas que deberá tomar la población con el objetivo de controlar el rebrote de la enfermedad.
Desde esta semana está vigente el toque de queda nocturno para todo el territorio nacional, mientras que en el día solo podrán transitar quienes necesiten acudir a farmacias, boticas y delivery de restaurantes para comprar alimentos.
Tampoco se permitirán reuniones familiares o entre amigos, porque de acuerdo a las autoridades sanitarias han sido definitorias para el aumento de los casos positivos entre la población.
Vizcarra informó además de la aprobación de un Decreto Supremo, mediante el cual se sumarán a las regiones y provincias que ya se encuentran en cuarentena focalizadas, otras 34 que actualmente presentan alto riesgo por el incremento de fallecidos registrados.
Aunque el mandatario habló del aumento de la inversión en el sector sanitario, la Federación Médica de Perú (FMP) anunció un paro y protestas los próximos 26 y 27 de agosto.
En el comunicado el gremio señaló que la huelga de 48 horas se da por no evidenciar soluciones concretas a través de la mesa de diálogo a los puntos que demandan los obreros de la salud, como un mejor sueldo y del cumplimiento de la entrega de los bonos.
Asimismo, el gremio solicita mejores implementos para evitar un aumento de contagios entre el personal.
