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Torres explicó que la propuesta busca remediar "una situación producida por la Ley 31399, que desnaturalizó uno de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional".

Torres explicó que la propuesta busca remediar "una situación producida por la Ley 31399, que desnaturalizó uno de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional". | Foto: EFE

Publicado 17 noviembre 2022



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El premier peruano aclaró que esta iniciativa busca restituir la situación jurídica previa y restablecer la participación política de la población.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, planteó este jueves ante el pleno del Congreso una cuestión de confianza para la derogación de una ley que limita los derechos de participación y control ciudadano sobre referendos para reformas constitucionales.

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"El motivo por el que estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley solicitado hoy día, que deroga la Ley 31399, Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional (...) que denominaré proyecto de ley antireferéndum respecto de la cual planteo cuestión de confianza", precisó.

La referida normativa modificó el artículo 40 de la Ley 26300 sobre los derechos de participación y control ciudadano, estableciendo que no procede la convocatoria a referendo para una reforma constitucional si la propuesta no es aprobada previamente por el Congreso.

El primer ministro peruano aclaró que el propósito de esta iniciativa es "restituir la situación jurídica y legal previa" y así permitir que sea restablecida la participación política de la población.

“Señor presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso, no. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo, como poder constituyente, de participar activamente en temas de mayor relevancia, y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano", enfatizó el premier. 

Además, recordó que tanto los congresistas como el presidente del país, Pedro Castillo, fueron elegidos mediante el voto "por el plazo de cinco años, y eso se debe acatar, la voluntad del soberano”.

Torres explicó que el Ejecutivo espera que su propuesta sea debatida en el pleno y luego votada, ya que la iniciativa "busca remediar una situación producida por la Ley 31399, que desnaturalizó uno de los derechos más relevantes que se desprenden del texto constitucional, y que resulta ser una de las bases del Estado democrático del derecho".


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