Ordenan al gobierno colombiano proteger a exmilitantes de FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó el jueves al Gobierno de Iván Duque adoptar acciones para garantizar la vida y seguridad de los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

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En un comunicado, la JEP anunció que dictó "medidas cautelares colectivas" a favor de los excombatientes en medio de una ola de ataques contra los exintegrantes del extinto grupo armado.
 
"Pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales", justificó el organismo creado a partir de los acuerdos de paz.

 
Según el partido FARC alrededor de 222 exmiembros de la insurgencia han muerto debido a la espiral de violencia contra los excombatientes, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc.

 
En este sentido la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, realizar gestiones para la "efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC".
 
La solicitud surge después que la JEP evaluó en dos audiencias "la grave condición de seguridad" y las razones que llevaron a efectuar el traslado de 93 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del caserío Santa Lucía, en Ituango, al municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

 
Igualmente, le dio un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra los desmovilizados.
 
El acuerdo de paz colombiano de 2016 permitió la desmovilización de unos 13.000 hombres y mujeres del extinto grupo armado.