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La Procuraduría de Colombia pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación militar en el Putumayo que dejó al menos 11 muertos.

La Procuraduría de Colombia pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación militar en el Putumayo que dejó al menos 11 muertos. | Foto: El Espectador

Publicado 13 abril 2022



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La ONU advirtió que la ola de violencia que atraviesa Colombia está cobrando un precio alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó el martes al Gobierno colombiano investigar el operativo militar en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo en el que fallecieron al menos 11 personas, incluyendo a un gobernador indígena.

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Las autoridades colombianas sostienen que los fallecidos en el operativo del pasado 28 de marzo en la zona rural del Putumayo eran miembros de un grupo disidente de las FARC, mientras que organizaciones civiles aseguran que los caídos eran líderes indígenas y comunitarios.

La Procuraduría de Colombia pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación ya que varias organizaciones sociales denunciaron que se trata de "falsos positivos".

"El departamento de Putumayo se ha visto afectado de manera similar por la violencia en las últimas semanas. Subrayo la importancia de que las autoridades relevantes investiguen a fondo la muerte de 11 personas, entre ellas la de líderes indígenas y comunitarios, reportada en el marco de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo", dijo Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ante la situación Ruiz Massieu sostuvo la importancia de una investigación en relación a las  denuncias de muerte de once personas en medio de una operación militar.

El funcionario de la ONU advirtió que la ola de violencia que atraviesa el país suramericano está cobrando un precio alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Aunque reconoce los avances de la implementación de los acuerdos de paz, "no minimiza los obstáculos y los riesgos que aún amenazan la consolidación de la paz en el país", como la creciente ola de violencia que deben ser atendidas para una paz completa.

Ruiz Massieu también denunció el aumento de la presencia de actores armados en el departamento de Arauca y Putumayo, así como el reclutamiento de menores en estos territorios. 

En respuesta a los señalamientos del jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que su pais tiene cero tolerancia contra cualquier violación de Derechos Humanos por parte de agentes de la fuerza pública. 

Según datos de la ONU,  al menos 315 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo, 241 desde la fecha de posesión de Iván Duque y  27 excombatientes se encuentran desaparecidos.

Además, señaló que ocurrieron 43 homicidios de líderes sociales durante los primeros tres meses de este año.


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