ONU alerta a Uruguay sobre posible beneficio a represores

Cinco relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su profunda preocupación sobre el proyecto de ley presentado por el partido político Cabildo Abierto para sustituir las penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliarias, aplicable para procesados y condenados mayores de 65 años.

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De acuerdo con los relatores vinculados a asuntos de derechos humanos, de aprobarse este proyecto se beneficiarían los represores de la dictadura que permanecen recluidos en la cárcel.

Además, consideran que es incompatible con las obligaciones internacionales suscritas por Uruguay en materia de derechos humanos.

Los funcionarios expresaron a través de una carta su preocupación por el proyecto. Señalaron que se pone como excusa la pandemia de Covid-19 “sin mediar una evaluación de cada caso particular y permitiendo la continuación de dicho régimen con posterioridad a la finalización de la situación de emergencia”.

Subrayan, que si se acepta el proyecto, se daría “de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.

A su vez, critican que el proyecto oficialista no indica que los beneficios quedarían sin efecto una vez finalizada la emergencia referida. En cambio, establece “que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena”.

A juicio de los expertos, las medidas de prevención aplicadas en el contexto de la pandemia de Covid-19 deben ser compatibles con estándares internacionales de derechos humanos y no llamar a la impunidad de derecho o de facto.

El escrito, enviado al representante uruguayo en la Organización de Naciones Unidas (ONU), solicita que sea dirigido a la mayor brevedad al canciller del país, Francisco Bustillo.

Además, disponen de “proveer la asistencia técnica que pueda ser necesaria” y le solicitan al Gobierno uruguayo que explique cómo este proyecto puede ser compatible con el Derecho Internacional.

La carta está firmada por el relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, justicia la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.