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La Asamblea Nacional (AN) de Nicaragua aprobó este lunes la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Las nuevas legislaciones fueron propuestas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al Legislativo el pasado 4 de abril, y aprobadas en sesión extraordinaria con 70 votos a favor.
#comunicados_cvjp #MESENI #Nicaragua #NicaraguaQuierePaz #S0SNicaragua #GritoPorNicargua Cantidad de víctimas del 18 de Abril al 16 de Julio del 2018 pic.twitter.com/McAxNjWI8V
— Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (@comision_vjp_ni) 16 de julio de 2018
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Uno de los artículos de la norma, el 394 referente al terrorismo, señala que aquella persona que cause muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, o destruyan o dañen los bienes públicos o privados, serán castigados con penas de entre 15 y 20 años de prisión.
En cuanto al financiamiento al terrorismo, el Artículo 395 fija que todo aquel que recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos con la intención de que estos sean utilizados en actos terroristas, sean sancionados con entre 15 y 20 años de arresto.
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Esta ley busca resguardar la economía de la nación y la integridad del sistema financiero de las consecuencias que pudiese generar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, prevé bloquear la capacidad económica de las organizaciones delictivas.
La norma también establece que todo aquel que atente contra la integridad física del jefe de Estado, así como de representantes del Gobierno sean penalizados con entre 15 y 20 años.
La oposición nicaragüense, por su lado, ha reaccionado a la aprobación de las nuevas leyes asegurando que estas normas solo buscan criminalizar la "protesta pacífica", que en los últimos dos meses han dejado de 247 personas e innumerables pérdidas materiales en la nación centroamericana.
