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A 53 años de que EE.UU. declarara legal el aborto antes de 9 semanas de gestación, el debate continúa en el país.

A 53 años de que EE.UU. declarara legal el aborto antes de 9 semanas de gestación, el debate continúa en el país. | Foto: laizquierda.es

Publicado 23 marzo 2019



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La polémica medida establece ilegal el aborto, incluso en casos de violación o incesto, antes de las 6 semanas de gestación, cuando comienza a escucharse el latido de los fetos.

El gobernador republicano de Misisipi,  Phil Briant , promulgó una ley que declara ilegal el aborto a partir de la sexta semana de gestación, incluso en casos de violación o incesto. La medida fue considerada “cruel y violatoria de la Constitución” por el Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos.

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La única excepción que podría evitar la criminalización de las mujeres en esos casos será cuando su vida esté en peligro de no interrumpir el embarazo.

El Centro de Derechos Reproductivos informó que, en lo que va del año, se han presentado en EE.UU. 297 proyectos estatales que pretenden modificar las leyes que definen en qué momento de la gestación la interrupción del embarazo es considerada un delito.

La disposición del gobernador de Misisipi ha comenzado a denominarse en algunos medios de comunicación como la “ley del latido” pues el político se amparó en el hecho de que es en la sexta semana de gestación, aproximadamente, cuando se puede escuchar el latido del corazón de los fetos. Sin embargo, es muy frecuente que en seis semanas muchas mujeres no están aún enteradas de que están embarazadas.

La Constitución de EE.UU. estipuló legal el aborto desde enero de 1973. En ese entonces, la Suprema Corte determinó que oponerse al aborto antes del tercer mes de gestación representaba una violación a la decimocuarta enmienda, que establece el derecho a la privacidad.

 

Sin embargo, en la actualidad, legisladores de Ohio y ahora el gobernador de Misisipi han presentado iniciativas de ley para volver a criminalizar la interrupción del embarazo, por lo que se les acusa de violar la Constitución estadounidense. Otros proyectos similares se discuten en Georgia, Tennessee, Missouri, Texas y Florida


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