Las autoridades bolivianas solicitan una sentencia de 15 años para la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, informó el martes sobre la presentación de una apelación a la sentencia impuesta a la expresidenta de facto Jeanine Áñez, al considerar que no satisface a cabalidad lo estipulado por la ley.
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“Cada una de las acciones efectuadas por la señora Áñez entre el 10 y el 12 de noviembre de la gestión 2019, manifiesta el Código Penal vigente que se le debería dar una sentencia por 15 años de privación de libertad”, aseveró Castillo en rueda de prensa.
El ministro impugnó la decisión del tribunal que, en junio pasado, le impuso diez años de cárcel a la Áñez, acusada de los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes dentro del caso conocido como “Golpe de Estado II”.
�� #AHORA �� Ministro de Gobierno de Bolivia, informa que se presentó formalmente apelación para que se impongan 15 años de cárcel a la ex dictadora genocida Jeanine Añez por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el Pueblo durante el golpe de Estado en 2019 #19Julio pic.twitter.com/hhrDFfebQ3
— �� Mყ Boᥣιvιᥲ ���� ���� ���� (@MyBolivia) July 19, 2022
“En los próximos meses ya se determinará o saldrá el auto de vista”, concluyó Castillo.
Áñez fue la solución de la extrema derecha boliviana para ocupar el puesto del presidente electo Evo Morales en 2019, forzosamente destituido por altos mandos militares y policiales en complicidad con organizaciones y potencias extranjeras.
Después de asumir la Presidencia, Áñez desató una persecución implacable contra los seguidores de Morales y los miembros de la organización Movimiento al Socialismo (MAS).
The Government of Bolivia reveals that the "de facto" administration of Jeanine Áñez caused more than 4 billion dollars in economic losses.
— Friends of Bolivia (@BoliviaFriends) July 16, 2022
��https://t.co/UtLNPajKg9 pic.twitter.com/WDIwt91Fs1
Especialmente, se le acusa de las masacres de Senkata y Sacaba durante el golpe de Estado, cuando decenas de bolivianos perdieron la vida por enfrentamientos contra las fuerzas represivas.
Por su parte, la defensa de Áñez presentó en Sucre un recurso de apelación incidental contra la sentencia primaria, cuyo argumento principal recurre a la injerencia política.