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El dictamen de reforma también incluye a los legisladores federales y será enviado a la Cámara de Representantes para su discusión.
En la sesión celebrada este miércoles por el Senado de México fue aprobada la reforma constitucional que permite retirar el fuero al presidente del país y a los legisladores federales.
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Con 111 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la medida implica que estos funcionarios podrán ser imputados y juzgados por delitos electorales y de corrupción.
La reforma se realizará a los artículos 108 y 111, los cuales establecen el mecanismo para eliminar la inmunidad procesal. Ahora se enviará a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada.
Con 111 votos a favor, @senadomexicano aprueba ley que permite que el presidente en turno pueda ser desaforado y juzgado por delitos de corrupción y electorales #México
— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) 27 de marzo de 2019
La reforma refiere su trascendencia como un mecanismo que pretende inhibir la corrupción en las esferas de gobierno que es la causa principal de la desigualdad que padecemos”, indicó el legislador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez Aguilar.
Esta iniciativa fue presentada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y fue modificada para que la propuesta no solo incluyera al mandatario, sino a senadores y diputados en ejercicio.
El dictamen del Senado establece que tanto el presidente como los legisladores federales podrán ser juzgados por los cargos de:
- Traición a la Patria.
- Actos de corrupción.
- Delitos electorales.
- Delitos como delincuencia organizada, trata de personas y delitos cometidos con armas, entre otros señalados en artículo 19.
�� Se aprobó dictamen de reforma constitucional que amplía los supuestos por los que se puede imputar y juzgar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a los legisladores federales.
— Senado de México (@senadomexicano) 27 de marzo de 2019
Consulta el dictamen en: https://t.co/8RH1w0937f pic.twitter.com/My92ukOXzs
Asimismo, en caso de proceder penalmente contra el Ejecutivo deberá ser acusado ante el Senado, con los votos de la mayoría absoluta de los legisladores.
